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07:18h. Domingo, 19 de Agosto de 2018

Actuemos contra la pobreza energética, manifiesto y concentración, Madrid 17 febrero

 

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Como cada invierno, desde la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético continuamos movilizándonos contra la pobreza energética, y un año más volveremos a salir a las calles arropados con mantas y alumbrándonos con velas como símbolo de la situación de millones de personas en nuestro país que pasan frío en sus hogares porque no pueden pagar la factura de electricidad y gas. 

Junto a otras organizaciones y colectivos, este año hemos convocado una manifestación-pasacalles en Madrid para el próximo sábado 17 de febrero, fecha que reclamamos se declare Día Europeo de lucha contra la pobreza energética. Aquí podéis ver toda la información de la convocatoria: http://www.nuevomodeloenergetico.org/pgs2/index.php?cID=1624

Animamos a todas las personas de la Px1NME a participar en la movilización, bien acudiendo a la manifestación si sois de la Comunidad de Madrid o provincias próximas, bien organizando una acción propia en vuestros territorios. En este último caso, os rogamos que nos comuniquéis la hora y el lugar a comunicacion@nuevomodeloenergetico.org, para incluirlo en la difusión de la acción.


www.nuevomodeloenergetico.org

Manifiesto

Actuemos contra la pobreza energética

Otro invierno más volvemos a concentrarnos en las plazas, arropados con mantas e iluminados con velas, como símbolo de la situación de muchas familias que pasan frío en sus viviendas porque no pueden pagar sus facturas de electricidad o gas.

Este año hemos presenciado cómo el Gobierno y las grandes empresas del oligopolio energético han frenado las medidas contra la pobreza energética de varias administraciones públicas, tanto a nivel autonómico como de la administración local.

Endesa y Gas Natural han recurrido las nuevas contrataciones de suministro eléctrico de los Ayuntamientos de Barcelona, Madrid y Valencia porque en el pliego de condiciones incluyen cláusulas para reducir la pobreza energética. Muy recientemente, ha sido declarado nulo por los tribunales el protocolo para evitar los cortes de agua y luz a familias en situación de vulnerabilidad en Cataluña. Y también este mismo invierno, el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional la nueva ley de la Comunidad Valenciana contra la pobreza energética.

Mientras tanto, la única medida que los distintos gobiernos han puesto en marcha es el “bono social eléctrico”, un descuento del 25% o el 40% en la factura dependiendo de los casos. El bono social, tal y como está regulado, no deja de ser un parche que no soluciona la situación, y al que incluso no puedan acceder muchas personas que lo necesiten.

Tampoco evita el corte del suministro, salvo en casos extremos y cuando una administración autonómica o local ya esté financiando al menos el 50% del gasto energético de la familia. Más frágil es la situación de las familias que dependen del gas para la calefacción o la cocina, al no existir ningún mecanismo que palie estas situaciones.

Pero estos son los casos más severos. La pobreza energética afecta a amplias capas de la población, debido al encarecimiento de las materias primas energéticas y a la baja calidad de la edificación, un hecho generalizado en el Estado español.

La pobreza energética es un grave problema que requiere de una solución urgente. Según el último informe de ACA de 2016 sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética, el 11% de los hogares españoles (5,1 millones de personas) se declaraba incapaz de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses fríos. El 21% de los hogares españoles (12,1 millones de personas), una vez descontados sus gastos de energía y vivienda, están por debajo de la Renta Mínima de Inserción de una región como el País Vasco. El resultado es que la tasa de mortalidad invernal asociada a la pobreza energética es de 7.000 personas cada año.

En pleno siglo XXI es inaceptable seguir dando la espalda a un derecho básico como es el acceso a la energía, por lo que exigimos la aprobación de una ley de medidas de protección integral contra la pobreza energética, que garantice un consumo energético mínimo para todas las personas, necesario para el desarrollo de una vida digna tanto en el ámbito físico como social. Del mismo modo, la norma debe atacar las causas profundas de este problema y promover una reforma integral del sistema energético que garantice precios justos y equilibrados. Y también una planificación de la rehabilitación energética de las viviendas, atendiendo especialmente los casos en que las bajas rentas de los inquilinos hacen necesarias ayudas de las administraciones públicas.

Por todo ello, seguimos denunciando la situación de pobreza energética que afecta a la población en situación de mayor vulnerabilidad, y reclamamos una vez más a las Administraciones Públicas su responsabilidad de dar una solución efectiva a este grave problema social.

La energía no es un lujo! Es un derecho!

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