Los Alisios: el modelo que viene - Plataforma Canarias por un Territorio Sostenible

La apertura del mayor centro comercial del archipiélago ha resultado, por desgracia, una ocasión perfecta para comprobar los efectos de las actuaciones que la nueva Ley del Suelo puede desencadenar sobre el territorio insular.

La ubicación de un centro comercial en Tamaraceite se introdujo hace años en el Plan General de Ordenación de Las Palmas y pasó todos los trámites hasta su aprobación por la denostada COTMAC. Así se planificaron y construyeron estas enormes edificaciones a menos de 2 kilómetros del área  comercial de Siete Palmas y en el peor sitio posible de la Circunvalación capitalina. Ya teníamos el ejemplo del acceso sur de la ciudad, donde 3 sucesivos centros comerciales, los 3 en dudosa situación legal de partida, se fueron colgando a lo largo de tan solo 2’5 kms de la GC-1, acelerando su congestión. Ahora es otra vía pública, la GC-3, la que experimenta un proceso similar, en un punto en el que los accesos a Tamaraceite, Lomo los Frailes, Las Torres, San Lorenzo y Teror eran ya claramente insuficientes, ahogados en dos mínimas y sobrecargadas rotondas.

Y a estas alturas se plantea la necesidad de que la comunidad autónoma, con el dinero de todos, amplíe los accesos y hasta construya uno nuevo desde El Toscón. Entre tanto, la policía municipal, pagada con  el dinero de todos, habrá de restar efectivos de otras funciones imprescindibles para facilitar el acceso y salida a los atrapados en esta brillante y recién construida ratonera privada.

La imprevisión es un componente habitual de esta forma de gobernar, pero lo esencial es la complacencia y sumisión ante los intereses particulares, la magnificación de los efectos económicos y sociales de estas actuaciones, el olvido de los ciudadanos y del pequeño comercio local o lejano devastado, y la minimización de sus efectos territoriales y económicos, unidos siempre al pago público de las externalidades. Estos factores siguen dominando una política urbana que solo ve en la ciudad y en el territorio un simple objeto, un instrumento para el crecimiento económico, no importa si desigual, depredador y destructivo, y un instrumento para la gloria electoral, no importa si continuista, desoladora y estéril.

Y si todo esto es anterior a la nueva Ley del Suelo y se tramó, planificó y aprobó al amparo de la “perfecta y sostenible” legislación anterior y sus directrices, ¿a qué viene traerla a colación ahora? Pues a que las leyes no son perfectas, sino simples instrumentos hechos por y para los hombres. Viene a colación de que éste es un ejemplo perfecto de una forma de gobernar, y de gobernar el territorio, que lleva decenios instalada en nuestras islas, pero que hasta ahora necesitaba burlar el marco legal vigente. Ahora ya no, ahora la Ley respalda y provee de instrumentos para su desarrollo y multiplicación. Lo que hasta ayer podía ser un hecho ocasional y de dudoso amparo legal, puede ser, va a ser la forma sistemática de hacer las cosas, estas cosas, sean centros comerciales, teleféricos, hoteles, parques temáticos o lo que se les ocurra.

La Ley del Suelo no es sino un adecuado y, por primera vez, descarado instrumento para esta forma de gobierno territorial, adornado, por supuesto, de las habituales declaraciones de sostenibilidad y conservación de los tesoros que la naturaleza ha derramado, con inusitada generosidad, sobre este ultraperiférico rincón del mundo. Y, para ello, la Ley establece toda una serie de instrumentos y procedimientos que permiten construir, en el menor tiempo posible, artefactos como éste, con distinta función, en distintas clases de suelo, para disfrute y negocio de especuladores, y no burlando al planeamiento y los principios establecidos, sino modificando ese planeamiento por la más inconcretas, discrecionales y etéreas razones imaginables, como el interés adjetivado común y la urgencia en construir.

A los ciudadanos, a través de las complacientes administraciones públicas, se nos dará la oportunidad de subvencionar tales empresas particulares pagando la factura de las infraestructuras que precisen tales artefactos para funcionar o acceder, soportando la congestión del tránsito rodado ocasionado y regalando nuestro paisaje urbano, rural o natural, nuestro patrimonio común, para que sea explotado o machacado por un negocio privado.

Por ello, la Plataforma  Canarias Territorio Sostenible se ve en la obligación, no sólo de evidenciar el carácter especulativo, destructor y contrario a la letra y los principios de la legislación estatal que tiene la nueva Ley del Suelo, sino de denunciar públicamente toda muestra de esta forma de gobernar nuestra ciudad y nuestro territorio, como es, hoy, el centro comercial de Tamaraceite.