La organización ecosocialista señala a Juan José Martínez y al alcalde José Manuel Bermúdez como responsables de la pasividad municipal

Sí se puede denuncia que la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no ha remitido al Tribunal Económico Administrativo Municipal (TEAM) de la capital tinerfeña la reclamación de Sí se puede sobre el pago de una tasa por uso privativo del dominio público por parte de la empresa Metropolitano de Tenerife, a pesar de que han pasado más de un año y medio de su presentación.

“El concejal de Hacienda, Juan José Martínez, y el alcalde, José Manuel Berúdez, son los responsables de esta pasividad, que se mantiene en detrimento de los beneficios para la corporación y para la propia ciudadanía”, asegura el portavoz del grupo municipal ecosocialista en el ayuntamiento capitalino, Pedro Fernández Arcila.

La actitud de la concejalía frena una iniciativa impulsada por Sí se puede a finales del mandato pasado, en marzo de 2015, después de que, pasado un mes de un acuerdo plenario en ese sentido, no se hubiera constituido el grupo de técnicos municipales encargados de estudiar la viabilidad de consultar al TEAM, según se decidió en la sesión plenaria de febrero de ese año a propuesta del grupo municipal ecosocialista.

Arcila sostiene que “Metropolitano debe pagar esa tasa, tal como concluyó el propio ayuntamiento en un informe elaborado en 2010” y recuerda que, aparte de los ingresos que se generarían de aplicarse la tasa, el consistorio aún puede exigir el pago de más de cinco millones de euros correspondientes a los últimos cuatro años.

Argumentos jurídicos

A lo largo del mandato pasado, Arcila mostró en varias ocasiones su convicción de que son seriamente cuestionables los argumentos jurídicos del entonces concejal de Hacienda del equipo presidido por el alcalde José Manuel Bermúdez para rechazar esta tasa. Estos se basan fundamentalmente en una resolución del coordinador general de Economía, Personal y Gestión, que aporta “un razonamiento jurídico central de aplicación analógica para justificar un beneficio fiscal” que supone una evidente infracción del artículo 14 de la Ley General Tributaria, según el concejal ecosocialista.

Además, este razonamiento “supone una vulneración de la reserva de ley en materia tributaria y un claro incumplimiento del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, al establecer un beneficio fiscal atípico y dispar, en función de posibles intereses espurios o completamente ajenos a los principios que inspiran la ordenación y aplicación del sistema tributario, que garantiza que el sostenimiento del gasto público se realice en pie de igualdad”.