Buscar
15:15h. lunes, 08 de marzo de 2021

políticas racistas del gobierno del Estado español y de la Unión Europea

La Asamblea Popular de Fuerteventura denuncia y condena la inminente reapertura del CIE de El Matorral (ahora Centro de Emergencia) 

FRASE ASAMBLEA FV

La Asamblea Popular de Fuerteventura denuncia y condena la inminente reapertura del CIE de El Matorral (ahora Centro de Emergencia) 

Desde la Asamblea Popular de Fuerteventura condenamos y denunciamos:

1. Que el origen de la actual situación de bloqueo y encierro de los inmigrantes en Canarias se encuentra en las políticas racistas del gobierno del Estado español y de la Unión Europea. El hacinamiento y el encarcelamiento de las personas inmigrantes que estamos viviendo en nuestro territorio son fruto de una decisión política del actual gobierno español, con la connivencia de la Unión Europea y la permisividad del gobierno autonómico canario y administraciones insulares y locales, que se niegan reiteradamente a permitirles a los inmigrantes continuar su ruta migratoria hacia Europa. Además, el actual ministro de Interior es responsable de la reactivación de la ruta canaria tras militarizar en el 2019 el Estrecho y el Alborán y por ello les señalamos como el responsable político de la muerte de más de 1.800 personas que a lo largo del año 2020 trataron de llegar a nuestras costas pues la ruta canaria presentó el 85% de las muertes de inmigrantes africanos.

2. La complicidad y silencio de las instituciones insulares, locales y del gobierno de Canarias, que no están oponiéndose a que el Archipiélago se convierta en una cárcel de inmigrantes, la más grande de la historia de España, de hecho llevamos una semana oyendo al presidente canario, que presume de ser parte de una coalición progresista, amenazando al gobierno español con revelarse contra esta política migratoria, sin embargo no vemos actos en este sentido. Es más, lo que vemos es que ha rebajado mucho el tono, y ahora ya ni se plantea una oposición real y efectiva a estas criminales políticas racistas. Y, por si fuera poco, el gobierno de Canarias a dejado a muchas personas migrantes sin ningún asesoramiento jurídico, como denunciaron algunas abogadas en Tenerife, impidiéndoles conocer y ejercer sus derechos.

3. La política imperialista del gobierno español, que presiona y extorsiona a países africanos para arrancarles acuerdos de deportación de inmigrantes. En la actualidad España tiene acuerdos de devolución con Gambia, Marruecos, Mauritania y Senegal, y algunos permiten a España expulsar migrantes a algunos de estos países aunque no sean nacionales de dichos países, basándose solo en que durante la ruta migratoria hayan pasado por éstos, dejándolos en multitud de casos en una situación de gran indefensión. Pero, además, el gobierno español está incrementando la presencia policial y militar en los países con los que firman acuerdos migratorios, y no debe de olvidarse que la participación militar española en la guerra de Mali no ha dejado de crecer desde el año 2012, país del que provienen muchas de estas personas en calidad de desplazados y refugiados a causa del conflicto bélico.

4. Que la gestión migratoria del gobierno español se basa en la violencia y arbitrariedad sistemática contra los inmigrantes, incumpliendo incluso su propia legislación. Un ejemplo es que se les impide viajar incluso si tienen pasaporte vigente, llevando a cabo redadas policiales racistas en los aeropuertos para evitar que los inmigrantes puedan salir de nuestras islas. Estas políticas consisten en impedirles salir de Canarias, recluirles en CIEs o campamentos inhumanos y expulsarlos del Estado español. El gobierno progresista para garantizar la España fortaleza nos convierte en cárcel de inmigrantes y desde aquí se les expulsa. Precisamente por ello a los inmigrantes se les tiene aquí sin ofrecerles actividades culturales, deportivas o formativas de ningún tipo, ya que así algunos de ellos para matar el tiempo acaban consumiendo alcohol, metiéndose en problemas y se han producido ciertos conflictos entre inmigrantes y población local que, tras ser mediatizado, son utilizados por las autoridades para legitimar el aumento de las deportaciones, expulsiones y devoluciones.

5. Que se ha normalizado la implementación de campamentos vergonzosos e inhumanos, en los que se hacinan a los inmigrantes en condiciones infrahumanas. Primero fue en Arguineguín, donde Human Rights Watch documentó y denunció que este campamento violaba sistemáticamente los derechos básicos del ser humano. Luego fue Barranco Seco, donde se impedía el acceso a los medios e incluso a eurodiputados como denunciaron EH Bildu y otros partidos políticos, y fue el juez de control del CIE de Gran Canaria, Arcadio Díaz Tejera, junto a unos empleados sanitarios del campamento quienes confirmaron a la prensa las condiciones inhumanas de esta "alternativa a Arguineguín". Luego fue en Las Raíces, con condiciones terribles de frío y de nuevo condiciones indignas e infrahumanas, y mas tarde en el Canarias 50, campamento del que presumía el sr. Escrivá en el momento de su apertura, hasta que el reportaje del diario El Español desveló que los inmigrantes se quejaban de que les entraba aguas fecales en las tiendas y dormían a ras del suelo, que la comida no era caliente y que pasaban hambre y frío, etc. Cabe recordar que según la legislación vigente, las personas migrantes no deberían pasar más de 72 horas en estos campamentos, y la gran mayoría de las veces exceden este tiempo, y en otras les sueltan y les dejan completamente abandonados sin alternativa habitacional, sin capacidad económica para comer, etc.

6. La impunidad de la que goza el Régimen español, que puede llevar a cabo estas políticas sin que nadie sea responsabilizado y juzgado por ello. El caso de El Tarajal se archivó con la excusa de que faltaban pruebas, sin embargo, en Canarias hay pruebas de sobra que certifican y demuestran la violación sistemática de derechos humanos, desde las presentadas por el juez Díaz Tejera, quien judicializó la cuestión, hasta de Human Rights Watch, sin embargo la jueza Yanira del Carmen González archivó el caso y rechazó que haya delito en el trato deplorable que están recibiendo los inmigrantes hacinados. Se ve que en la España "democrática" se pueden violar Derechos Humanos sistemáticamente durante meses a la vista de todos impunemente.

Además, desde la Asamblea Popular de Fuerteventura nos oponemos a que Fuerteventura se convierta también en isla-prisión de migrantes y por esto rechazamos la reapertura de un espacio tan indigno como lo es el CIE de El Matorral, ya que eso significa aislar a los migrantes sin haber cometido delito alguno, lo cual atenta contra sus derechos. Creemos que el cabildo y los ayuntamientos deben de oponerse a esta política migratoria y contribuir a una solución democrática que, innegablemente, pasa por permitirles continuar su ruta migratoria.  

ASAMBLEA POPULAR DE FUERTEVENTURA

MANCHETA 9