“Basta ya! Los residentes no son prisioneros”  Manifiesto - Día Internacional de las Personas Mayores, 1-Octubre-2021  - PLATAFORMA ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE FAMILIARES Y USUARIAS DE  RESIDENCIAS DE MAYORES  

* “No podemos seguir tolerando la vulneración de los derechos constitucionales de los  residentes; es impropia de un Estado democrático; no se pueden limitar más que a cualquier  otro ciudadano el derecho a las visitas y reunión con sus familiares, ni el derecho a las salidas  y a la libre circulación”  

* “En los centros residenciales se vulneran todos los días el derecho de reunión de los  residentes y sus familias, así como el derecho de asociación y cualquier mínima posibilidad de  desarrollo de comités de representación ya regulados en algunas normativas”  

* “Se habla que las residencias son su nuevo hogar, pero a sus inquilinos se les puede desalojar  abruptamente por una decisión unilateral de la dirección del geriátrico, sin que exista una  previa autorización administrativa o judicial para ello”  

* “Exigimos la restitución de sus derechos, el fin de unas limitaciones que en absoluto les  protegen, todo lo contrario, les condenan al abandono y a la soledad, con una afectación  terrible en su estado emocional y físico”  

* “Los déficits escandalosos de personal redundan en la vulneración constante de la dignidad  de las personas de edad en las residencias y se incurre, por ello, en situaciones constantes de  maltrato institucional”  

* “Las autoridades de las CC.AA. deben intervenir en las residencias para asegurar el  cumplimiento de los derechos constitucionales y fundamentales, sagrados”  

* “Es un oprobio y una ignominia hacia las víctimas y sus familias que la Fiscalía y la Justicia  no hayan hecho el mínimo intento para abrir la causa de la masacre o hecatombe en  residencias durante la pandemia”  

* “Estamos convencidas de que las actuaciones y decisiones de muchas Comunidades  Autónomas entran dentro de las tipificadas como delitos de homicidio imprudente, omisión  del deber de socorro y denegación de auxilio”  

* “Pedimos al Gobierno central que las partidas presupuestarias para los cuidados de larga  duración se condicionen a cambiar radicalmente el modelo residencial” 

El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través de la resolución 45/106, designó  el 1 de octubre Día Internacional de las Personas de Edad. En 1991, la Asamblea General (por la resolución 46/91)  adoptó los Principios de las Naciones Unidas para las personas mayores  

El reto: Una sociedad para todas las edades. El envejecimiento de la población mundial,  que alcanzará los 2.000 millones de personas mayores de 60 años en el 2050, plantea retos a  todas las sociedades. La comunidad internacional considera el aumento de la esperanza de  vida en muchas regiones del mundo como uno de los mayores logros de la humanidad,  estableciendo en la Declaración Política y Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el  Envejecimiento (2002) que es necesaria la conformación de entornos internacionales y  nacionales que promuevan el establecimiento de una sociedad para todas las edades, para  abordar con éxito el reto de aumentar las oportunidades de las personas, en particular las  oportunidades de las personas de edad, aprovechando al máximo sus capacidades de  participación en todos los aspectos y espacios de la vida.  

Cuando el envejecimiento se acepta como un éxito, como un logro, el recurso a las  competencias, experiencias y recursos humanos de los grupos de más edad se asume con  naturalidad, como una ventaja para el crecimiento de sociedades humanas maduras,  plenamente integradas. Sin embargo, la crisis sanitaria planetaria, debido a la pandemia  Covid-19, con características especiales en España, centradas precisamente en el entorno de  las personas de edad, ha puesto de manifiesto lo alejadas y alejados que estamos de alcanzar  los objetivos fijados en los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad,  de 16 de diciembre de 1991.  

En los entornos residenciales el Principio de Participación no existe. Uno de esos  Principios (el de ‘Participación’) indica que “las personas de edad deberán permanecer  integradas en la sociedad, y participar activamente en la formulación y la aplicación de las  políticas que afecten directamente a sus intereses y capacidades”. Pues bien, en los entornos  residenciales el Principio de Participación no existe. No sólo es que en la mayoría de las  Comunidades Autónomas no se hayan dispuesto cauces mediante órganos de representación  y participación para los residentes y sus familias, sino que allá donde las normativas habilitan  los órganos, la práctica es la inutilización de los mismos, lastrándose su funcionamiento  mediante la ocultación del derecho a su creación y de las competencias que están establecidas,  con el objetivo de que los residentes y las familias no puedan ejercer el derecho a la  participación. En los centros residenciales se vulneran todos los días tanto el derecho de  reunión de los residentes y sus familias, como el derecho de asociación y cualquier mínima  posibilidad de organizarse tanto por los residentes como por los familiares.  

Abandonadas a su suerte: Poco, tarde y mal. Si tomamos en consideración el Principio de  los ‘Cuidados’ de las Naciones Unidas, la vulneración que se ha producido del derecho a la  salud y al disfrute de los derechos humanos y libertades fundamentales, de las personas de  edad que viven en centros residenciales, ha resultado trágica con las prohibiciones de no  derivación a hospitales al mismo tiempo que se desentendían de su atención sanitaria en los  mismos. El escándalo ha sido recogido en informes de alcance internacional: los elaborados  por parte de organizaciones como Amnistía Internacional (“Abandonadas a su suerte”) y  Médicos Sin Fronteras (“Poco, tarde y mal”), cuyos títulos son una aproximación a actuaciones  y decisiones en muchas CC.AA. que, estamos convencidos, entran dentro de las tipificadas  como delitos de homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, y denegación de auxilio  y similares. Cerca del 40% de los fallecimientos por Covid-19 o síntomas compatibles en  España, lo han sido en los centros residenciales para personas de edad y personas con  discapacidad. 

Los derechos son para toda vida, también en las residencias. Sin embargo estamos  constatando diariamente que las personas mayores en las residencias tienen menos derechos  que cualquier ciudadano de su misma edad fuera de las mismas. Se habla que las residencias  son su nuevo hogar, pero a sus inquilinos se les puede desalojar abruptamente por una  decisión unilateral de la dirección del geriátrico, sin que exista una previa autorización  administrativa o judicial para ello, ante la pasividad de Administraciones y Fiscalía, digan lo  que digan sus propias leyes. Las personas mayores ingresadas en residencias poseen de facto  menos derechos que si habitan un piso de alquiler, o si residen en un hotel o si se encuentran  en un hospital. Se les dificulta la libre elección de médico o de farmacia, condicionándoles a  que sea el de la ubicación residencial o la que considere adecuada la residencia.  

Los residentes son prisioneros, sin delito ni condena. Estas vulneraciones de derechos y  libertades fundamentales se siguen produciendo a día de hoy con el régimen de salidas y  visitas de los residentes, establecido por los Gobiernos autonómicos y agravados por la  actuación de la mayoría de las direcciones de las residencias. El hecho de que el 86,9% de las  plazas residenciales en el Estado español estén gestionadas por la iniciativa privada, hace que,  en el mejor de los casos, los Gobiernos autonómicos no se enteren de lo que pasa en los  geriátricos y que, en la peor situación, sean cómplices de estas medidas vulneradoras de  derechos. Constatamos con preocupación e inquietud, no exenta de indignación, que se están  limitando por parte de los protocolos establecidos por las CCAA., algunos de ellos  denunciados judicialmente, también ante las Fiscalías, la libertad de movimientos y del  derecho a recibir visitas que cualquier otro ciudadano pueda tener en estos momentos, por el  hecho de vivir en una residencia.  

Basta ya. No podemos seguir tolerando la vulneración de los derechos constitucionales de los  residentes, no solo porque es impropia de un Estado democrático, también porque les  estamos negando los derechos y libertades por los que ellos lucharon y de los que hoy  disfrutamos el resto de la sociedad. Los derechos fundamentales no se pierden por el  transcurso de los años, por eso no se pueden limitar más que a cualquier otro ciudadano el  derecho a las visitas y reunión con sus familiares, ni el derecho a las salidas y a la libre  circulación. A personas que por sus condiciones se encuentran encamadas en las habitaciones,  no se les puede privar del contacto con los suyos porque es enterrarlos en vida.  

Las limitaciones no protegen, condenan al abandono y a la soledad. Exigimos la  restitución de sus derechos, el fin de unas limitaciones que en absoluto les protegen, todo lo  contrario, les condenan al abandono y a la soledad, con una afectación terrible en su estado  emocional y psíquico, que les lleva también al deterioro físico. Las restricciones están hechas a  medida de los intereses de las empresas gestoras: menos trabajo, más posibilidad de ocultar  la absoluta falta de personal y por consiguiente más beneficio económico. Hay que acabar con  los protocolos que dejan en manos de las empresas gestoras de las residencias la decisión  sobre la frecuencia de las visitas, la duración de las mismas o la posibilidad de efectuar salidas  al exterior. Las autoridades de las CC.AA. deben garantizar estos derechos en las residencias,  llegando incluso a la intervención temporal, también de las que sean privadas, para asegurar  el cumplimiento de los derechos constitucionales y fundamentales, sagrados.  

Vulneración constante de la dignidad de las personas de edad. En cuanto al Principio de  ‘Dignidad’ de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, la falta de coordinación o  su deficiente existencia, entre los servicios de salud y los servicios sanitarios de las  residencias, los déficits escandalosos de personal (estamos a más de 2 puntos de la media  europea en número de trabajadores por cada 100 residentes, y hasta 3 y 4 veces menos que 

países como Holanda, Dinamarca, Suecia y el Reino Unido), unido a la deficiente formación y  remuneración de quienes trabajan en el sector de los cuidados, redundan en una vulneración  constante de la dignidad de las personas de edad en los centros residenciales y se incurre, por  ello, en situaciones constantes de maltrato institucional físico y mental con estas personas  indefensas y desvalidas.  

Sacrificados y condenados a morir por el hecho de ser mayores. Estamos muy lejos de  aprovechar la experiencia y la sabiduría de las personas de edad, muy lejos de una sociedad  para todas las edades y muy lejos de considerar la longevidad de la vida como un éxito de la  humanidad y de los servicios de salud. Lo ocurrido con la gestión de la pandemia lo ha puesto  de manifiesto. No solo ha salido a la luz la criminal falta de atención que asoló a las personas  de edad en las residencias (por groseros recortes de personal; por el salvaje fomento de la  formación precaria y la remuneración miserable a trabajadoras y trabajadores; y porque el  sector de los cuidados se ha convertido en un negocio donde lo más importante es el factor  economicista y usurero, no la atención digna a las personas mayores), sino la constatación de  que se les sacrificó, se les condenó a morir por el hecho de ser mayores, desentendiéndose de  su salud cuando más lo necesitaban, por parte de muchas autoridades sanitarias y políticas de  las Comunidades Autónomas.  

Es el momento del cambio de modelo: Ahora o nunca. Pedimos al Gobierno central que  tanto las partidas presupuestarias, como las destinadas al Plan de Choque en Dependencia y al  Plan de Recuperació n, Transformación y Resiliencia, para los cuidados de larga duración, se  condicionen a la hora de su distribución, a cambiar radicalmente el modelo residencial, a la  mejora de las instalaciones e infraestructuras, a incrementar las ratios, la formación y la  remuneración de los y las trabajadoras del sector, a fomentar y establecer cauces de  participación de residentes y familiares en los centros, y a reequilibrar la desproporción  existente en la titularidad y gestión de las residencias en favor de lo público y a que esas  partidas se condicionen a que sea también lo público quien cubra los déficits de plazas  existentes en el Estado (alrededor de 80.000), según las recomendaciones de la Organización  Mundial de la Salud.  

Absolutamente decepcionados por el abandono y desidia de la Fiscalía y de la Justicia. Y  por último, exigimos de una institución como la Fiscalía, cuya misión constitucional es  “promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos  y del interés público tutelado por la ley” que ejerza su papel, de oficio o a petición de los  interesados e interesadas (familiares y residentes), que investigue las actuaciones de los  responsables autonómicos sanitarios y de políticas sociales en esta pandemia, porque en  muchas Autonomías se les negó la asistencia sanitaria a las personas de edad, y al impedir que  los residentes enfermos fueran derivados a los hospitales se les condenó a una muerte  indigna. Es un oprobio y una ignominia hacia las víctimas y sus familias que no se haya hecho  el mínimo intento para abrir la causa de la masacre o hecatombe en residencias durante la  pandemia (más de 30.000 muertos) a pesar de los intentos y de las constantes denuncias de  las organizaciones de familiares y de usuarias. De la misma forma que nos sentimos  absolutamente decepcionadas hoy por el abandono y la desidia que la Fiscalía y la Justicia  mantienen sobre casos graves y reiterados que afectan a los derechos y libertades de las  personas mayores que viven en las residencias del Estado español.  

“Una sociedad que no investiga a fondo y sin miedo sus errores está condenada a repetirlos” 

PLATAFORMA ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE FAMILIARES Y USUARIAS DE  RESIDENCIAS