Campaña por un transporte público gratuito para pensionistas y colectivos con ingresos inferiores al salario mínimo

2014 ha arrancado con fuertes subidas de la luz, el gas, el agua y la cesta de la compra. A esto hay que sumar el copago sanitario, que incide especialmente en los y las pensionistas y colectivos más vulnerables. Mientras, la tasa de paro supera el 34% de la población activa, la de los jóvenes ronda el 70% y el nivel de ingresos en los hogares canarios se ha reducido un 17% en los últimos seis años. Según datos del Istac (Instituto Canario de Estadística), este descenso en los ingresos ha provocado que medio millón de personas vivan por debajo del umbral de la pobreza en las Islas, siendo Tenerife la que lidera esta vergonzante estadística con 214.128 personas, un 25% de su población o, lo que es lo mismo, una de cada cuatro. 

En este dramático escenario, el transporte público adquiere categoría de interés general. Sin embargo, las empresas de transporte público propiedad del Cabildo de Tenerife lo que ha hecho desde el pasado 22 de marzo ha sido incrementar un 5% los billetes de Titsa, que unido a la subidas impulsadas por el Cabildo desde 2008 - 4% en el precio del billete ordinario y un 11,11% en cada trayecto realizado con bono en el área metropolitana- más la subida 20% del servicio en horario nocturno, o el cobro de suplementos de 1 y 2 euros si el trayecto tiene como punto de origen o de destino algunos de los dos Aeropuertos de la isla, suponen una vuelta de tuerca más sobre las economías más golpeadas por la crisis y las medidas de los gobiernos que la gestionan.

La polarización de la actividad laboral insular en la zona metropolitana y la comarca sur-suroeste, obliga a una gran cantidad de personas a desplazarse hacia esas zonas, bien para trabajar o para buscar empleo, bien para acudir a cursos de formación. Además, para el trámite de documentación oficial, tanto de la Administración autonómica como estatal, se tiene que acudir a la zona metropolitana Santa Cruz-La Laguna, donde también se encuentran la Universidad, el puerto de entrada de mercancías y personas, y principalmente los dos hospitales públicos de referencia, que obligan a miles de personas a desplazarse desde sus lugares de residencia casi a diario.

Por ello, es imprescindible disponer de un transporte público insular de calidad y asequible para toda la ciudadanía. Al mismo tiempo, insistimos en el fomento del servicio colectivo, pues su utilización no sólo ayuda a recortar la emisión de gases contaminantes y el ruido, al reducir el tráfico rodado, sino que abarata muchísimo el gasto energético, con cuyo ahorro se podría financiar programas sociales para el transporte de viajeros.

Ante esta situación, la Plataforma en Defensa de las Pensiones Públicas de Tenerife ha decidido iniciar una campaña encaminada a conseguir la gratuidad del transporte público insular para todas las personas, pensionistas o no, que tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional (645,30 €), sin que ello afecte a las bonificaciones que tienen ya implantadas las empresas de transporte de viajeros del Cabildo.

Dicha campaña comenzará con la difusión de una hoja informativa acompañada de una recogida de firmas que se entregará al presidente del Cabildo de Tenerife, por lo que hacemos un llamamiento a asociaciones de vecinos, organizaciones de mayores, estudiantes, sindicatos, personas sin empleo y ciudadanía en general para que se unan a esta justa acción.

Esperamos que el Cabildo Insular, propietario de Titsa y Metropolitano de Tenerife (el tranvía), no ponga como excusa para desestimar nuestra propuesta la posibilidad de quiebra de dichas empresas, una carencia presupuestaria, o la invención de alguna traba burocrática que impida expedir los “carnets gratuitos”. Estos días se ha dado a conocer con gran despliegue mediático que Titsa ha reducido considerablemente su deuda, mucho más de lo previsto, al mismo tiempo que se ha anunciado una inversión millonaria para la implantación de un nuevo servicio de pago y vigilancia. También sabemos que en otras ciudades –Las Palmas, Orense, San Fernando (Cádiz), etcétera– colectivos de pensionistas y desempleados están exentos del pago del billete de transporte público, sin que la pervivencia y viabilidad económica de las empresas que prestan dicho servicio se hayan visto amenazadas y sin que los salarios ni la condiciones laborales de los trabajadores sean afectados negativamente. 

POR UN TRANSPORTE PÚBLICO ASEQUIBLE Y DE CALIDAD
POR EL RESCATE DE LAS PERSONAS, NO DE LOS BANCOS Y EMPRESAS