La candidata Victoria Rosell presenta las medidas de Podemos para “traer al siglo XXI una justicia del XIX”

Victoria Rosell, arropada por el Decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, y la secretaria general de la organización en Canarias, Meri Pita, expuso hoy ante un auditorio plagado de juristas el programa de Podemos en materia judicial.

Una auditoría pública del sistema judicial o la derogación de la ‘Ley Mordaza’ y de la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal son algunas de las propuestas que desgranó la candidata.

La candidata de Podemos por la provincia de Las Palmas, Victoria Rosell, convocó hoy a un nutrido grupo de jueces, fiscales y abogados en el Ilustre Colegio de Abogados de Las Palmas para presentar las medidas que la organización política se compromete a ejecutar en materia judicial si alcanza el Gobierno del Estado tras las elecciones generales del próximo 20 de diciembre. Medidas de imperiosa necesidad después de una legislatura que “empezó con recortes sociales y ha terminado con recortes de derechos igual de sangrantes”, según expuso la candidata.

Tras la presentación a cargo de Joaquín Espinosa, Decano del Colegio de Abogados, Rosell fue desgranando algunas de las medidas más “revolucionarias”, como la modificación en el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, para que  esté compuesto por 15 miembros –en lugar de 21- elegidos entre jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio directamente por parte de la ciudadanía; a propuesta de colectivos y asociaciones y sin intervención alguna de los partidos políticos. “La independencia judicial se defiende esencialmente de los partidos, que son quienes ostentan el poder, ¿cómo la va a salvaguardar quien ha sido nombrado por ellos?”, argumentó la candidata.

Podemos también propone una auditoría pública y externa del sistema judicial porque según Rosell, “falta un examen sobre su eficiencia, eficacia y sostenibilidad”, y en base a ello se optimizarán los recursos y se impulsarán otros como el expediente electrónico o la informatización de todo el procedimiento judicial. “Una justicia del siglo XXI no puede funcionar con esquemas del XIX”, sentenció la candidata, quien aclaró que actualmente, la falta de medios informáticos “supone a veces la privación de algunos derechos”.

Modificar el sistema de aforamientos “absolutamente dispar”, de modo que la necesaria protección y amparo de la actividad parlamentaria y de las actuaciones de jueces y magistrados solo se mantenga en el ámbito de actuación pública de estos cargos; derogar la conocida como ‘Ley Mordaza’ y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o modificar el sistema de multas para que sean proporcionales a la renta “y que no afecte más derechos de los que quiere garantizar”, son otras de las medidas que incluye el programa.

También, contra la corrupción, transparencia. “Es la sociedad quien debe acabar con ella, pero nosotros nos esforzaremos al máximo, y pasa incuestionablemente por aumentar la transparencia, por acceso web a determinada información, por controlar los presupuestos y seguir su ejecución”, citó como ejemplos.

Medidas, concluyó después la secretaria general, Meri Pita, “para ir hacia ese Estado más justo, que ahora dista mucho de lo que recoge el artículo primero de la constitución, después del abuso del poder legislativo y del ejecutivo”: