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viernes, 29 de marzo de 2024 10:20h.

Caso Jacinto Ortega, ofensiva judicial contra la libertad de expresión

 

jacinto ortega

STECEl Magistrado del Juzgado de Primera Instancia n° Trece de Las Palmas de Gran Casaría, Juan José Suárez Ramos, ha condenado a Jacinto Ortega Del Rosario a abonar una indemnización de 4.000 euros a Miguel Ángel Ramírez, por --según el juzgador- intromisión en el honor del empresario Ramírez.

Caso Jacinto Ortega, ofensiva judicial contra la libertad de expresión

El Magistrado del Juzgado de Primera Instancia n° Trece de Las Palmas de Gran Casaría, Juan José Suárez Ramos, ha condenado a Jacinto Ortega Del Rosario a abonar una indemnización de 4.000 euros a Miguel Ángel Ramírez, por --según el juzgador- intromisión en el honor del empresario Ramírez.

Los hechos se circunscriben al 31 de marzo de 2015, cuando Jacinto Ortega, entonces Coordinador Nacional de Seguridad Privada de INTERSINDICAL GANARÍA, criticó en Rueda de Prensa las rechazables e indignantes actuaciones de Miguel Ángel Ramírez contra los derechos más elementales de los trabajadores.

 

Si bien este fallo judicial -que no es firme- debe ser acatado por estricto cumplimiento del imperativo legal, no es menos cierto que para quienes concebimos el derecho a la libertad de expresión como un pilar fundamental de lo que constitucionalmente se ha dado en Ilamar Estado de Derecho, queremos manifestar públicamente que el pronunciamiento judicial que cuestionamos, viene a e•s•osar la pléyade de ataques a los que ciertos sectores de la Judicatura vienen sometiendo a aquellos que, sin ostentar cotas de poder en cualquiera de sus formas, ejercen sus legítimos derechos para la defensa de los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad, denunciando practicas detestables del empresariado, de las que Miguel Ángel Ramírez es protagonista una vez y otra.

Desde INTERSINDICAL GANARÍA manifestamos sin cortapisa alguna, que sentencias como la del Magistrado suárez Ramos constituyen un siniestro y nuevo avance en la ofensiva judicial contra la libertad de expresión, lo cual constituye una evidente apología de la reaccionaria Ley mordaza gestada por el PP.

 

Pero es que además, este fallo judicial demuestra palmariamente que el Poder Judicial dispone de dos varas de medir, pues mientras se despiden sindicalistas de una  de  las empresas de Ramírez y se condena a activístas honestos y comprometidos en la lucha contra la explotacidn y la delincuencia --como es el caso de Jacinto Ortega-, personajes como Miguel Ángel Ramírez gozan de libertad pese a estar condenado a pena de prisión sin que medie indulto, o no cumpla con la sentencia en esta caso del Tribunal Supremo que condena a una de sus empresas Seguridad Integral Canaria al pago a los trabajadores de la misma de lo establecido en el Convenio Colectivo, al tiempo que  una causa admitida a trámite  contra él por presunto fraude a la Seguridad Social en el Juzgado de lnstruccidn Ocho de esta Capital, parece dormir el sueño de los justos merced al nulo impulso procesal achacable a la Magistrada Rosell y al Magistrado Alba Mesa (en esto coinciden ambos).

Hechos objetivos como los expuestos, nos hacen avalar la desconfianza ciudadana en ciertos elementos del Poder Judicial, conclusión ésta de una gravedad extrema, pues inciden colateralmente en el descreimiento en un sistema democrático cada vez más dañado y vilipendiado por actuaciones gestadas desde el Poder en cualquiera de sus formas, de lo que es lamentable ejemplo la sentencia que criticamos y condenamos.

 

Canarias a febrero  de 2007

 

STEC