Los Colegios del Trabajo Social de Canarias denuncian que el gobierno endurece el acceso a la Prestación Canaria de Inserción

Los colegios profesionales canarios afirman que se reduce la cuantía y disminuye el tiempo que se percibe

Los dos colegios de Trabajo Social de Canarias rechazan los cambios introducidos por el Gobierno canario en el anteproyecto que modifica modificar Ley que regula la Prestación Canaria de Inserción (PCI), puesto que endurece las condiciones de acceso, reduce la cuantía y disminuye el tiempo continuado de que se puede percibir. Así lo han hecho constar en las alegaciones que han presentado en la Consejería de Políticas Sociales tras analizar el texto publicado el pasado 3O de octubre en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Los trabajadores sociales aseguran que, lejos de facilitar el acceso a la PCI a las personas en exclusión social o en riesgo de ella, este anteproyecto perjudica gravemente a los perceptores de esta asignación. El perjucio más grave para los beneficiarios de esta prestación es, a juicio de los trabajadores sociales, es la drástica disminución del periodo en que puede percibirse. Hasta ahora la Ley contemplaba una duración de 12 meses con derecho a dos renovaciones de seis meses más consecutivas: en total 24 meses ininterrumpidos, siempre que se cumplan los requisitos.  Sin embargo, el texto expuesto ahora a información pública, estipula que los solo se podrá percibir por un periodo de doce meses continuados y que deberán transcurrir otros doce meses antes de que el beneficiario pueda volver a recibirla. Es decir,  durante todo un año y pese a cumplan todos los requisitos no tendrán derecho a la ayuda.

Los trabajadores sociales afirman a población beneficiaria es un colectivo en exclusión social o en riesgo de padecerla y resulta impensable que superen esta situación en tan solo un año. La experiencia profesional y numerosos estudios indican que la exclusión social en un proceso largo que conlleva una intervención prolongada en el tiempo y una continuidad, sin intervalos. En este punto, insisten en recordar que la PCI es el último recurso disponible una vez que la persona agota el resto de las prestaciones económicas del sistema público, con lo que se le condena a vivir al menos año en una total desprotección social.

El anteproyecto también reduce las cuantías económicas para la unidad de convivencia. Así un la prestación mínima que se percibirá será de 449,79, euros en lugar de los 472,16 de hasta ahora, mientras que la cuantía máxima, que atiende a unidades de convivencias de seis o más personas y que era hasta ahora de 658, 54 euros, se queda en 649, 77 euros. Solo se incrementan la cuantía cuando existen miembros menores de edad, con lo que se dejan sin cubrir las necesidades básicas de los hijos mayores de edad.

Otro de los perjuicios que detectan los colegios de Trabajo Social es la limitación que aplican a la "unidad de convivencia", puesto que se suprime la posibilidad de que si existen varias unidades familiares en un mismo núcleo de convivencia, éstas puedan pedir ayuda de forma independiente. Solo se considera una unidad familiar independiente cuando se tiene a cargo un hijo menor. La lectura que se extrae es que si una familia en exclusión social convive con otra que percibe la PCI, solo tiene derecho a demandar ayuda si tiene un hijo menor.

Los trabajadores sociales esperan que la Consejería de Política Social tenga en cuenta sus alegaciones y modifique un anteproyecto que pone cortapisas a los derechos de los canarios en exclusión social.