El Gobierno canario camufla personal de confianza por 140.000 euros al año
El Grupo Municipal Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna denunció en el último Pleno que el Gobierno local (CC-PSOE) tiene camuflada una decena de cargos de personal de confianza que le suponen a las arcas municipales un gasto añadido de al menos 140.000 euros al año.
21 de febrero de 2013 (05:52 h.)
El Gobierno canario camufla personal de confianza por 140.000 euros al año
Se trata de una decena de personas que han sido incorporadas a lo largo de 2012 contraviniendo el compromiso de austeridad del inicio de legislatura y saltándose la fiscalización de la Intervención
Es un fórmula fraudulenta, consolida una relación laboral estable disfrazándola de contrato de servicios y o está sujeta al régimen de incompatibilidades que rige para el resto de los trabajadores del Ayuntamiento
El Grupo Municipal Por Tenerife (XTF) en el Ayuntamiento de La Laguna denunció en el último Pleno que el Gobierno local (CC-PSOE) tiene camuflada una decena de cargos de personal de confianza que le suponen a las arcas municipales un gasto añadido de al menos 140.000 euros al año.
Se trata de asesores o gestores incorprados a lo largo de 2011 y 2012, contraviniendo el compromiso inicial de austeridad, por el procedimiento de contrato menor que les permite abonar un máximo de 18.000 euros, y mediante facturas que presentan mensualmente para convertirlo en un gasto de tracto sucesivo y eludir de esta manera la fiscalización de la Intervención.
Es un método utilizado por las áreas Fiestas, Cultura, Desarro Local y Rural, Comercio, e incluso por la propia Alcaldía, que dicta sendos decretos para abonar 36.000 euros, en dos pagos de 18.000 cada uno, a Lorenzo González para tareas de asistencia en dirección protocolaria.
También se abonan 18.000 euros a Santiago J. Betancort como asistente para tareas de apoyo al Negociado de Fiestas; mientras que en el caso de Desarrollo Local y Rural se ha contratado a dos personas que rozan esta cantidad para tareas de coordinación y gestión de la actividad agrícola y comercial: Juan Pablo Díaz (17.994 euros) e Hipólito Luis (16.940 euros).
El área de Cultura ha incorporado a cuatro personas, dos de ellas a las que abona al menos 4.800 euros (Ernesto J. Valcarcel y Fernando Castro) para tareas de asesoramiento de exposiciones; y otras dos a las que abona 17.500 euros para la programación actividades dinamización del municipio (Aron Morales); y 17.800 euros para tareas de producción del Plan Cultural de Barrio (María Teresa León).
Finalmente, en Comercio se ha contratado a Juan Martínez por 17.800 euros, sin que se especifique en el decreto las tareas que va a desarrollar; y desde Desarrollo Rural a Domingo J. Jorge se le van a abonar 6.300 euros por la redacción y publicación de cuatro páginas de contenido agropecuario en un periódico (los meses de enero, abril, julio y noviembre de 2012).
Curiosamente desde éste mismo área se ordena el pago también a ese mismo diario de la cantidad de 4.410 euros por “página trimestral de publicidad del sector agropecuario” sin que quede claro si se trata de las mismas contratadas y abonadas al anterior o son las mismas.
Estos 140.000 euros son un añadido que se debe sumar al del capítulo de gasto en personal eventual, que ya supera el millón de euros; y al del personal de confianza contratado en las empresas que prestan sus servicios en el municipio, como Teidagua VVO o Urbaser, porque aunque se han negado a decirnos quiénes son y cuánto cobran, lo cierto es que el dinero con que se les paga sale del bolsillo de los laguneros cuando abonan sus facturas, en cuyo precio repercuten.
Esta forma de contratar personal de confianza por parte del Gobierno de CC y PSOE es fraudulenta, pues no sólo consolida una relación laboral estable disfrazándola de contrato de servicios, sino que la misma no está sujeta al régimen de incompatibilidades que rige para el resto de los trabajadores del Ayuntamiento.
Es un método que hace crecer cada año la nómina municipal, y no se sabe muy bien cuáles son sus funciones específicas, o si las están compatibilizando con otras tareas profesionales que puedan entrar en colisión con los intereses municipales; lo que sí se sabe es que el coste que suponen es mayor que lo que se ha ahorrado en recortes sociales a los funcionarios y personal laboral de la Corporación.