Hace ya más de un mes que remitimos escrito a la Consejería de Industria y Energía del Gobierno de Canarias planteándoles la problemática del acceso a la luz eléctrica que tienen muchas familias en Canarias, y en concreto las 132 familias que viven en el edificio de Geneto propiedad de Visocan, muchas de ellas con la luz cortada, con serios problemas para poder reestablecerla, con más potencia eléctrica asignada de la que necesitarían, con facturas desorbitadas y con un Ayuntamiento de La Laguna que no les da solución alguna después de haber llevado y aprobado incluso una moción en el Pleno.

Entonces pedimos reunión personal con la señora Inés Rojas, presidenta de Visocan y Consejera de Asuntos Sociales, la que una y otra vez rehúsa reunirse con nosotros, y también pedimos reunión personal con la señora Consejera de Industria y Energía, habiéndonos dado finalmente este jueves día 16 cita con la señora Directora General de Industria y Energía del Ejecutivo Autonómico, a las 11.15 horas en la sede de la Consejería en Santa Cruz de Tenerife.

A la cita acudiremos varios miembros de la Plataforma por la Dignidad, familias afectadas por los cortes de luz en el edificio La Vistilla de La Laguna y varios representantes de la Asociación de Vecinos 8 de Marzo de Añaza que también sufren problemas en su barrio.

La intención de la Plataforma es exigir al Gobierno de Canarias y a la Consejería competente que asuman la responsabilidad que han adquirido con la sociedad canaria y aporten soluciones a los muchos problemas que sufren muchos ciudadanos de las Islas en todo lo relativo al acceso a la energía eléctrica, siendo como somos, la Comunidad Autónoma con más paro y pobreza y con prácticamente los peores Servicios Sociales de todo el Estado según la mayoría de informes.

Estas exigencias serán concretadas por escrito en los siguientes puntos:

I.- Que apoyen técnica e institucionalmente a las 132 familias del edificio La Vistilla propiedad de Visocan en la resolución de su problema de costes del suministro eléctrico, siendo como son la mayoría familias con muy bajo poder adquisitivo, que han de soportar facturas de casi 300 euros por consumos que no parecen justificados y los subsiguientes cortes de luz por impago, con potencias superiores a las que necesitarían, con muy pocas ayudas sociales por parte del Ayuntamiento de La Laguna y con el no querer saber nada de la presidenta de Visocan y Consejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias.

II.- Que apoyen técnica e institucionalmente a las muchas familias del barrio de Añaza en Santa Cruz de Tenerife que residen en viviendas sociales y que después de llevar años sin luz se encuentran con la imposibilidad de volver a conectarse debido a que se les exigen proyectos nuevos de acometida, certificaciones, pagos por acometidas y por boletines que terminan superando con creces su capacidad económica.

Conviene mencionar que este asunto fue llevado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife por la Asociación de Vecinos 8 de Marzo de Añaza, y hasta la fecha no han aportado solución alguna.

III.- Que exijan al Gobierno Central la implantación en España de un verdadero Bono Social que permita a las familias con pocos o nulos recursos económicos acceder a unos mínimos de suministro eléctrico en condiciones acordes a su capacidad de renta. Un Bono Social que deberá ser mucho más barato que el Bono Social existente en la actualidad, a todas luces insuficiente y muy poco informado a la ciudadanía.

IV.- Que aumenten las partidas autonómicas derivadas a los Ayuntamientos destinadas específicamente al pago de recibos de luz a familias en situación precaria.

V.- Que siendo cómo es Canarias la Comunidad Autónoma que más sufre la política energética del Gobierno Central en relación a la pobreza energética, proceda a denunciar al Ejecutivo de Rajoy ante la Comisión Europea por el incumplimiento reiterado de la Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE. En concreto y especialmente, el apartado 7 del artículo 3, cuando se dice:

Los Estados miembros adoptarán las medidas oportunas para proteger a los clientes finales y, en particular, garantizarán una protección adecuada de los clientes vulnerables. A este res­pecto, cada uno de los Estados miembros definirá el concepto de cliente vulnerable que podrá referirse a la pobreza energética y, entre otras cosas, a la prohibición de desconexión de la electrici­dad a dichos clientes en períodos críticos. Los Estados miembros garantizarán la aplicación de los derechos y las obligaciones rela­cionados con los clientes vulnerables.

VI.- Que tomen cuantas medidas sean necesarias para hacer frente a la nefasta política energética que sigue el Gobierno Central también en materia de producción eléctrica, con el objetivo de hacer de Canarias un espacio que generalice el uso de energías renovables, siendo como somos la región europea con mejores condiciones para su desarrollo y producción.

En Santa Cruz de Tenerife, un 15 de enero de 2014, desde la Plataforma por la Dignidad.