Frente a la conjura monárquica   Ayudar al cambio político e institucional, Partido Socialista Libre Federación PSLF

La crisis política e institucional que recorre el Estado español, desde la cúspide hasta la base, se alimenta de todas y cada una de las grandes contradicciones sociales y económicas, comenzando por el hecho de que los rebrotes de coronavirus en España se traducen de inmediato en el cierre del flujo turístico, que pone en quiebra a numerosos sectores de servicios existentes en torno al negocio de los hoteles y los pisos turísticos. Situación que deja en el paro a millones de trabajadores, afectando sobre todo a mujeres trabajadoras, a la mayoría de las empleadas que de forma precaria trabajan   en los negocios hoteleros y de repostería.

Por todos los medios, las autoridades del régimen, unos y otros, ocultan que España es el país europeo con más casos de coronavirus. La privatización y la falta de recursos de la sanidad pública está al origen de esta “conjura de necios” contra el derecho a la salud. Ponen de manifiesto que no han aprendido nada con las decenas de miles de fallecidos y los cientos de miles de afectados, por el simple hecho de que sus negocios están por encima del derecho a la vida y a la salud. Y, por si todo fuera poco, ahora se plantea la reforma estructural del Sistema Nacional de Salud, mediante un Pacto de Estado, como continuidad de la Ley 15/97, para la gestión por empresas privadas de la sanidad, poniendo a disposición del gran capital la gestión de los centros de salud y la mayoría de los servicios sanitarios. Es la forma de contribuir desde la conjura del consenso al desastre social.

La quiebra de la estabilidad y de su gobernación se expresa de forma muy diversa. Desde los ayuntamientos de pueblos y ciudades hay un movimiento para borrar la presencia del fugado J. Carlos de Borbón de todas las calles y plazas que llevan su nombre. También a retirar de dichas instituciones y de los parlamentos nacionales y regionales toda la simbología que haga referencia al personaje, en concreto, los cuadros y estatuas establecidas en su honor. Los ayuntamientos de Vitoria (PNV), Gijón (PSOE) y Cádiz (Podemos) han sido los primeros que han abierto el melón de la ruptura simbólica con la corrupción monárquica. El senador de Compromís, Carlos Munet, lo ha expresado así: “Es el mismo procedimiento que usamos para eliminar las calles franquistas”, (por el que se eliminaron más de dos mil calles con denominaciones franquistas durante treinta años, y ahora en pocos días, el borrado franquista se extiende también a la monarquía como centro del poder político del Estado).

Quitar honores, no merecidos, forma parte de las primeras expresiones de un movimiento republicano municipalista y autonomista de base, que no puede sino crecer en las próximas fechas. Y que de inmediato se expresa contra el intento del Gobierno y del presidente de la FEMP de expropiarles de sus propias finanzas. en un auténtico atentado contra la autonomía municipal.

Las amenazas contra los salarios y las pensiones se han aplazado al próximo otoño, mientras que se da a conocer que los jóvenes deberían demandar el aumento de un cien por cien de sus retribuciones salariales si quieren emanciparse de la tutela familiar.

Al movimiento de la Memoria Histórica y Democrática este momento político, el de la apertura de la crisis de la monarquía en la persona del emérito que se extiende a la Casa Real y a sus cómplices políticos, le ha pillado con el paso cambiado. Empleando sus mayores esfuerzos en impulsar una “Ley integral de Memoria Democrática, y de reconocimiento y reparación de las víctimas del franquismo y la Transición”, promovida en última instancia por el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos-En Comú Podem y Galicia en Común. Dicha proposición de ley riza el rizo (una vez más) de las políticas de impunidad, adaptándose a las posiciones del PSOE, con el que comparte gobierno y políticas; lo que les ha llevado a demandar que se haga “justicia sin justica” para con las víctimas del franquismo, “respecto a la dura represión que estas sufrieron por parte del Estado”.

En la Exposición de Motivos de dicha proposición de ley ya se reconoce su principal objetivo y propósito: “esta ley viene a reconocer derechos que no se vienen reconocidos en la ley 52/2007, por el que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia tras el golpe militar del 18 de julio de 1936”. De esta propuesta desparece, como por encanto, el derecho irrenunciable a la Verdad y la Justicia democrática, para que de esta manera reduccionista toda la Memoria Democrática quede limitada a la “reparación”.

Una reciente comunicación del Director General de Memoria Democrática, Diego Blázquez Martín, aclara lo que los defensores del régimen monárquico entienden por “reparación”. Dicha comunicación de 29 de julio, dirigida a la Asociació Pro-Memória als Immolats per la Libertat a Cataluña”, que demandaba la rehabilitación jurídica de todas aquellas personas que fueron juzgadas  por tribunales militares franquistas, sometidos a juicios sumarísimos y castigadas con la prisión o fusilados por defender la legalidad constitucional de la República, recibe la contestación siguiente de este organismo: “La ley 52/2007 declara la ilegitimidad de los tribunales, jurados u órganos de cualquier naturaleza administrativa creados con vulneración de las más elementales garantías del derecho a un proceso justo, así como la legitimidad de las sanciones y condenas de carácter personal impuestas por motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas”. Lo que se traduce, y quiere decir, que los crímenes del franquismo -a su entender- no son legítimos, pero son legales a todos los efectos (la trampa de la ley de Zapatero). Pudiendo optar las víctimas y sus familiares por la rehabilitación moral y/o por la reparación económica, si tienen derecho administrativo a ello.

¿Constituye esto algún avance para la Memoria Democrática? Ninguno. Se trata simple y llanamente de aplicar la doctrina de la impunidad de los crímenes del franquismo establecida de forma definitiva por el Tribunal Supremo, por la que se rechaza la posibilidad legal de que los crímenes franquistas puedan ser objeto de un proceso penal. Negando el derecho a la Justicia y la Verdad. La incompatibilidad entre franquismo y democracia se expresa de manera sensible en este debate esencial de la Memoria Democrática, de donde se deduce que los partidos partícipes del gobierno de coalición tienen mucho interés en mantener oficialmente la “conjura monárquica” contra las víctimas del franquismo bajo el peso de la más absoluta impunidad.

Ayudar a descubrir la trama de la “conjura franquista” y dar punto de apoyo a la reorganización social: en ello se resumen las principales tareas.

Frente a la “conjura monárquica”, que se hace evidente en todos los terrenos, afirmamos que es la hora del cambio político, social y económico. Cambio por el que se expresa la mayoría social y que contiene los elementos fundamentales de un cambio político histórico. Para la inmensa mayoría de la población la República no es solo cambiar un rey por un presidente. Para la mayoría social la República conlleva la hora de la justicia contra la impunidad de los crímenes del franquismo y el momento de acabar con la corrupción de Estado; y es, sin duda, la hora de las reivindicaciones y aspiraciones de los trabajadores y los pueblos que será obra de ellos mismos.

Como vale más gramo de hacer que kilo de decir, acabar con la conjura de necios del consenso monárquico, que se nos impone, solo está en manos de la más amplia movilización y reorganización política.