Buscar
martes, 09 de agosto de 2022 16:11h.

El Gobierno de Canarias, ¿de perjudicador a perjudicado? - Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

 

f asoc dfns
f asoc dfns

 

El Gobierno de Canarias, ¿de perjudicador a perjudicado? - Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

Sí, eso pretende con el mayor de los cinismos al personarse en la querella de la Fiscalía Anticorrupción por el llamado “caso canario de las mascarillas”. Increíble pero cierto.

La querella presentada contra el director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez; la anterior responsable, hasta su dimisión, de la Dirección General de Recursos Económicos de la Consejería de Sanidad, Ana María Pérez, y Rayco Rubén Rodríguez, administrador de la empresa adjudicataria del contrato (RR7 United SL, una empresa de automoción sin experiencia en el sector sanitario), al apreciar indicios de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, estafa agravada y blanqueo de capitales, estos dos últimos imputados al empresario.

Conrado Domínguez, también miembro del Comité de Emergencia Sanitaria del Gobierno de Canarias, no ha sido cuestionado en absoluto por el Gobierno de Canarias, que al no denunciar el caso ante la justicia y ni siquiera cesarlo en sus funciones como consecuencia de asumir una mínima responsabilidad política, se puede afirmar tajantemente que no puede alegar bajo ningún concepto ser “perjudicado” de todo lo relatado. Muy al contrario, su papel es claramente de “perjudicador”.

Es más, llueve sobre mojado en relación con otro caso, el del contrato de las ambulancias, sobre el que el Tribunal de Cuentas ha destapado una supuesta irregularidad y en el que Conrado Domínguez aparece también como presunto responsable. ¡Como si fueran pocas las razones para su cese, como mínimo por generar pérdida de confianza!

Sin embargo, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (ADSPC) sí que tiene motivos y razones de sobra para personarse en la querella haciendo nuestro el contenido de la misma, los documentos aportados, y las diligencias y medidas cautelares propuestas, así como las admitidas por el Juzgado que también hacemos nuestras incluso si fueran renunciadas por el Ministerio Público. Y todo ello sin perjuicio de las diligencias de prueba que la ADSPC, actuando como acusación popular, pueda proponer.

Y, en consecuencia, ya lo hemos hecho, porque perseguimos sanciones ejemplares para los implicados en cualquier trama de corrupción, dada la trascendencia de ello para la sanidad pública y por tanto para la salud de la población.

En Canarias a 1 de agosto de 2022

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias

 

ADSPC
MANCHETA JULIO 22