Sobre el Gobierno canario recaen responsabilidades políticas y penales por el “caso mascarillas” - INTERSINDICAL CANARIA SALUD
Sobre el Gobierno canario recaen responsabilidades políticas y penales por el “caso mascarillas” - INTERSINDICAL CANARIA SALUD
El cobro de comisiones en la capital de la metrópoli, no puede hacer distraer la atención de asuntos equiparables acaecidos en Canarias. En plena crisis sanitaria por Covid 19, desde esta Consejería de Sanidad, se abonaron 4 millones de euros a una empresa: RR7 United S.L., dedicada a la compraventa de vehículos y con un capital social de 3.000€, para la adquisición de mascarillas.
Las últimas noticias hablan que la autorización de compra se dio vía whatsapp y a modo de resumen, se pagaron a una empresa localizada en Etiopía 2,65 millones de €, y el resto fue destinado a comisiones. Pero, es más. La mercancía (Mascarillas FFP3), se retrasó más de un año, y cuando llegó en marzo de 2021 al aeropuerto de Gran Canaria, se comprobó que era falsa y la propia empresa adjudicataria procedió, sospechosa e incomprensiblemente, a su destrucción.
Añadidamente, en un inequívoco intento de ocultar este fraude, ni la consejería ni el Gobierno canario dieron información alguna a la opinión pública. Esta forma de actuar, más propia de fulleros que de un pretendido gobierno del cambio, nos da una idea de en las manos que estamos los canarios, tanto en el ámbito de la gestión asistencial como pública. Para Intersindical Canaria, esos 4 millones de euros, ahora perdidos, pudieran estar siendo empleados en dar cobertura a las graves carencias asistenciales que sufre el Hospital Universitario de Canarias, víctima permanente de una discriminación presupuestaria, o bien, en mejorar la situación del Servicio de Urgencias del Hospital Insular, por ejemplo.
Pero no se trata de un caso aislado. Precisamente, en el día de hoy, la Audiencia de Cuentas ve indicios de responsabilidad contable en Sanidad y alerta que el Servicio Canario de Salud dio luz verde a un gasto de 41,76 millones de euros sin autorización del Gobierno.
Lo único que puede proceder en este momento es, por un lado, que se depuren responsabilidades penales, y por otro, con carácter inmediato y de forma cautelar, responsabilidades políticas. No se ven ni por asomo la relación de ceses y dimisiones en serie que ya deberían haber empezado a producirse, de aquellos que, con dinero del común, buscan y posibilitan el lucro a partir de una emergencia sanitaria.
