Herrera: “El alcalde de La Laguna usó informes externos para contravenir a los interventores del servicio de grúas

Según el portavoz adjunto de XTF-NC, aún no se ha podido averiguar lo que costaron los citados informes, debido al “lapsus de memoria” de los catedráticos que comparecieron en la Comisión de investigación.

El plazo legal de la intervención no podía extenderse más de 69 días, pero el Gobierno municipal lo alargó sin límite

El alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, concejal de Seguridad en la pasada legislatura, utilizó un informe externo del catedrático de Derecho Administrativo de la ULL, Francisco Villar, para contravenir a los interventores del servicio de grúas, según asegura el portavoz adjunto de Por Tenerife-Nueva Canarias (XTF-NC) y representante de este Grupo en la Comisión de grúas, Juan Luis Herrera.

Herrera explica que Alejandro Cordero y Antonio Vera, interventores municipales de las grúas, alertaron en un informe de marzo de 2014 de que las normas impedían alargar el periodo de intervención de la empresa por un plazo superior a los 69 días (artículo 135.1.b del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales) por lo que no podía extenderse más allá del 9 de abril de ese año.

Sin embargo, agrega el edil que, finalmente el 8 de abril de 2014, la Junta de Gobierno aprobó prorrogar la intervención de la empresa amparándose en el citado informe externo, que posibilitaba la ampliación mientras no se restableciera el funcionamiento normal del servicio. Asimismo, dejaba claro que el límite máximo de la intervención era “el de la vigencia del contrato de concesión”.

Juan Luis Herrera considera “paradójico” que los gobernantes de Coalición Canaria (CC) “defienden a los funcionarios municipales cuando les interesa y, en caso contrario, buscan una fórmula externa “que pagamos todos los laguneros para contravenir lo indicado por éstos”. Del mismo modo, especifica, que se pudo haber optado por consultar a organismos oficiales (Consejo consultivo, Junta administrativa de contratación pública, entre otros) cuya razón de ser es la asesoría legal a los ayuntamientos y sin coste alguno para el ciudadano.

Un informe, asegura Herrera, del que aún no se ha podido averiguar su coste debido al “lapsus de memoria” de los catedráticos que comparecieron en la Comisión de investigación y a que el expediente aún no se ha facilitado.

El concejal entiende que “es una hipocresía que cada vez que la oposición tiene una diferencia de criterio con el Gobierno, traten de enfrentarnos a los técnicos municipales, mientras se dedican a encargar informes externos cuando les incomoda lo que éstos dictaminan.