La Ley Canaria de Educación no recoge los objetivos esenciales de la ILP de Educación 
 

Una insuficiente financiación y la puerta abierta a una mayor privatización de la educación son sus principales puntos débiles.

Iniciativa por la Defensa de la Enseñanza Pública Canaria, tras reunión celebrada 17 de julio de 2014, decide emitir la siguiente declaración respecto a la aprobación, el 8 de julio de 2014, de la Ley Canaria de Educación no universitaria (LCE, 2014) por el Parlamento de Canarias.

Iniciativa en Defensa de la Enseñanza Pública Canaria, por amplia mayoría:

1. Considera que la LCE no ha sido producto de un amplio debate social sobre la educación y sobre la propia propuesta de Ley antes de su aprobación. El texto de la proposición de LCE no fue dado a conocer públicamente antes de su aprobación, ni fue sometido a debate público alguno. El debate se ha circunscrito al Parlamento de Canarias y a los grupos políticos presentes
en el mismo. El procedimiento seguido para aprobar la LCE refleja cierto oportunismo político
por parte de los grupos que apoyan al Gobierno de Canarias. Su aprobación no es ajena al
hecho de que se acercan periodos electorales importantes.
2. Entiende que la elaboración de una ley es una cosa y su puesta en práctica otra. Además, buena
parte del texto de la LCE es una declaración de principios expresados en futuro, sin concreción
en tiempos de ejecución ni plazos de cumplimiento.
3. Pone de relieve que la LCE tampoco especifica la financiación para su desarrollo, no contiene
memoria económica. Por otra parte, el suelo de inversión establecido, del 5% del PIB en 8
años, no es suficiente para hacer frente a los retos enunciados en la misma. El aumento previsto
de 430 millones en 8 años no cubre el drástico descenso sufrido por el presupuesto educativo
canario los últimos años. Esta pérdida se ha situado en el año 2014 en 576 millones de euros,
resultado de la desinversión en los últimos catorce años en este capítulo (en 2000 se invertía un
30,8% del presupuesto global y en 2014 un 22,2%). Es decir, seguiremos retrocediendo en
equidad y calidad.
4. Rechaza rotundamente la posición expresada públicamente por el Grupo Parlamentario Popular
en el Parlamento de Canarias. El Partido Popular, como evidencia la LOMCE (2013), no
defiende los principios básicos de la Iniciativa Legislativa Popular por una Ley Canaria de
Educación (2010). La LOMCE, entre otras cosas negativas, potencia la privatización de la
educación, la segregación del alumnado por sus características sociales, académicas y de
género, establece filtros selectivos (evaluaciones y reválidas) y se va a desarrollar sin
financiación.
5. También quiere poner de manifiesto la descortesía del Parlamento de Canarias al no invitar al
Pleno del 8 de julio, en el que fue aprobada la LCE (2014), ni a los miembros de la Comisión
Promotora de la ILP ni a representantes de las organizaciones y colectivos sociales que hicieron
posible la recogida de más de 36.000 firmas.6. Valora que, globalmente, la Ley Canaria de Educación no responde a los principios básicos que
inspiraron la Iniciativa Legislativa Popular “Por una Ley Canaria de Educación” (2010), que
eran garantizar un conjunto de mejoras que incidan en el incremento de la calidad, la
equidad, la eficacia y la eficiencia del sistema público educativo canario (en la LCE, red
pública) en todos los niveles educativos, incluyendo las previsiones presupuestarias necesarias
para su desarrollo y evitar el crecimiento de la financiación de centros privados concertados y
la privatización progresiva del Servicio Público de Educación en su conjunto
(“externalización” de servicios complementarios -comedores, acogida temprana, transporte- y
actividades extraescolares). La definición que hace la LCE (ver Artículo 4.3) de la educación
como “servicio público esencial” -al incluir a centros de titularidad privada, de titularidad
pública y sostenidos con fondos públicos (concertados)- no apunta en la dirección señalada en
la ILP.
7. Insta a los miembros de las comunidades educativas (familias, profesorado, personal no 
docente y alumnado) y a cada centro educativo público de Canarias a que, más allá de la 
implementación de una u otra ley, continúen desarrollando las buenas prácticas que 
caracterizan a nuestra escuela pública canaria, reclamando al Gobierno de Canarias y a la 
administración educativa la atención prioritaria a las necesidades de los centros educativos de 
titularidad pública. La lucha y el avance por la mejora y la equidad de la educación comienza 
en cada aula, en cada escuela, en cada comunidad, dependiendo, en muchos aspectos, de las 
acciones que emprendamos cotidianamente y de modo sostenido a lo largo del tiempo.
Por todo lo dicho, las organizaciones que conforman IDEPC hacen un llamamiento a abrir un
debate social para promover el conocimiento de la LCE (2014) y trabajar para superar las
limitaciones y contradicciones que contiene, ya que no ha llegado a recoger los objetivos esenciales
de la Ley de Iniciativa Popular, presentada en 2010 y avalada por 36.000 firmas.
La Laguna a 17 de julio de 2014