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23:25h. martes, 25 de enero de 2022

INTERSINDICAL CANARIA: La Ley de Armonización y Simplificación genera ambigüedad y confusión

Intersindical Canaria, como organización comprometida estatutariamente con la defensa del medio ambiente, se suma a la denuncia contra el Proyecto de Ley de Armonización y Simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales.  

Asunto: Proyecto de Ley de Armonización y Simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales

Intersindical Canaria, como organización comprometida estatutariamente con la defensa del medio ambiente, se suma a la denuncia contra el Proyecto de Ley de Armonización y Simplificación en materia de protección del territorio y de los recursos naturales.  

El Proyecto de Ley compone una nueva regulación en multitud de materias de tal profundidad, que impide al lector no especializado, descubrir un nuevo objetivo: rebajar la capacidad de supervisión medioambiental de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias y diferir su materialización mediante una omnipotente delegación legislativa al Gobierno para confeccionar un texto refundido que pretende escapar del debate parlamentario. Así se desprende del análisis técnico realizado por miembros de Intersindical Canaria, que se hará público en breve.

El Proyecto de Ley genera intencionadamente una ambigua y difusa organización competencial en materia medioambiental, que normalmente se resuelve a favor de otros departamentos no ambientales o se mantienen en ámbitos indeterminados o en el peor de los casos, directamente se plantea la privatización de funciones públicas. Todo ello afecta a ámbitos de actuación muy sensibles, actualmente bajo la tutela competencial del departamento medioambiental del Gobierno, como los procedimientos de evaluación ambiental o la designación de espacios y gestión de la Red Natura 2000 o a la formulación de los instrumentos de ordenación de los Parques Nacionales y de los Espacios Naturales Protegidos. Este giro en la titularidad de estas competencias supone un gran paso atrás, que provocará una merma definitiva en la capacidad de supervisión de la administración ambiental del Gobierno y en la estructura de sus servicios, así como imprevisibles consecuencias en el uso de los recursos naturales y territoriales.

Según el propio Consejo Consultivo de Canarias (Dictamen 82/2014), el mencionado Proyecto de Ley no responde a una voluntad simplificadora e incurre en importantes errores técnicos y en serias incoherencias respecto de la legislación básica, que incluso puede llevar a la inconstitucionalidad del texto. Ello pone en riesgo la seguridad jurídica de planificadores, evaluadores, promotores y ciudadanos en general, frente a las decisiones de los responsables públicos amparadas en este texto legal, si se aprueba en sus actuales términos. Cabe destacar que como anteproyecto de ley no ha contado en su elaboración con la participación de los servicios medioambientales y de planificación territorial del Gobierno, lo cual explica sus innumerables errores técnicos. En materia tan delicada como la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, esta Ley generará tal galimatías que las Declaraciones de Impacto amparadas en dicho texto podrían ser anulables, e incluso nulas de pleno derecho. Este hecho podría desencadenar un bloqueo sin precedentes en la autorización de proyectos en el marco de la Comunidad Autónoma Canaria, además de suponer un más que presumible costo al erario público a través de la responsabilidad patrimonial.

Las regulaciones en materias de ordenación del territorio y del medio ambiente son colindantes, pero es complejo mezclarlas con sentido. Por otro lado, la simplificación administrativa es una necesidad, pero ha de hacerse con seguridad jurídica y visión de conjunto, y no con el objetivo de fagocitar algunas competencias que se consideran un “lastre” para otras. En términos de tiempo y resultados, hubiese sido más eficaz abordar, respecto a la legislación territorial y medio ambiental, dos procesos diferenciados de simplificación, dejando para el futuro el debate sobre la necesidad de una armonización. Sin embargo, el resultado es un rebotallo legal que sólo beneficia al interés político de subordinar el interés general de la defensa del medio ambiente y no al ciudadano, que se encontrará frente a una nueva ley que no habilita mecanismos y recursos para agilizar los procedimientos ambientales, dejando atrás competencias ambientales tan importantes como los residuos, los vertidos, el litoral y el medio marino, la biodiversidad, los montes públicos o los instrumentos de acceso a la información ambiental.

Las Palmas de GC 25 de julio de 2014