IUC exige un debate “abierto y participado” sobre el Anteproyecto de Ley del Suelo

“Debemos analizar seriamente los problemas que presenta la gestión del territorio canario, y debemos hacer un trabajo muy rápido que paralice las gestiones inmobiliarias”

De esta manera se expresaba este miércoles la coordinadora insular de IU en Gran Canaria, Elvira Suárez, durante la mesa debate organizada por la plataforma en contra del Anteproyecto de Ley del Suelo. Dicha plataforma de la que forman parte también representantes de Sindicatos, organizaciones ecologistas, sociales y culturales, y otros partidos políticos y profesionales de diversos sectores, organizó el encuentro en el Club La Provincia de Las Palmas de Gran Canaria con un amplia participación.  “Se trata de una ley fundamental que determinará qué tipo de desarrollo futuro tendremos en nuestras islas, una ley que va a empeorar  las condiciones de vida de las ciudades y de los ciudadanos y ciudadanas” afirma Suárez.

La representante insular además insistió en que se trata de una ejecución que  de seguir adelante “expulsará a los agricultores y ganaderos, y que va a ejercer un  impacto sobre el paisaje de nuestra tierra, que repercute por ejemplo en el turismo”.

La coordinadora de IU por Gran Canaria, aseveró la importancia de la fragilidad de los territorios insulares y vaticinó como el resto de participantes que “este será un proceso irreversible”. El anteproyecto abre la puerta a una liberalización y mercantilización del suelo, renunciando a un control autonómico, sin controles previos, lo que parece abocar a una judicialización del territorio, como ya indican algunas fuentes. Y también es constatable que la participación ciudadana ha sido limitada a un corto periodo de exposición, solo ampliado por la presión pública generada. Ni se ha dado traslado, ni informado adecuadamente a la ciudadanía en un tema tan vital, pero a la vez complejo. “Debemos pues exigir al Gobierno un proceso de debate abierto y participado en el que todos y todas podamos ser escuchados ya que influirá en el desarrollo futuro de Canarias”, finaliza Suárez.

Se han presentado más de 200 alegaciones, por las distintas administraciones, entidades y colectivos, lo cual parece indicar que es una Ley a la  que aún le falta un importante recorrido, y los miembros de la plataforma se han  mostrado optimistas esperando que el Gobierno sea permeable a todas estas aportaciones desde las instituciones y la sociedad civil.