IUC exige que el Gobierno de Canarias muestre su apoyo y compromiso con el sistema público de sanidad

Esta crisis sanitaria no debe servir de excusa para mantener e incrementar los conciertos sanitarios con el sector privado sanitario

La formación de izquierdas considera que el Gobierno de Canarias debe apostar de forma inequívoca por la defensa de la sanidad pública frente a los intentos del sector privado de aprovechar esta crisis sanitaria para hacer valer sus conciertos con la Consejería de Sanidad. No es de recibo volver a experiencia de la pasada legislatura, donde Coalición Canaria puso al frente de la sanidad canaria a un destacado defensor de la sanidad privada y donde los conciertos sanitarios se consolidaron.  

En este sentido, la destitución de María Teresa Cruz Oval como Consejera de Sanidad podría considerarse como un intento de volver a la situación anterior. Puede ser que la Consejera y su equipo hayan cometido errores de gestión, pero éstos no deben servir de excusa para que la sanidad privada siga aumentando su negocio a costa de degradar los recursos de la sanidad pública.

IUC espera que la sustitución del actual equipo de la Consejería en plena crisis sanitaria por el Covid-19, no interfiera en la aplicación de las medidas aprobadas por el Gobierno Central derivando hacia el sector privado recursos que son públicos. Por ello, IUC considera que ahora la prioridad del nuevo consejero, Julio Pérez, relacionado con la sanidad privada, debe ser la salud de la población y del personal sanitario, que con escasez de medios está haciendo frente a esta crisis sanitaria.

Ahora lo que toca es poner en marcha y desarrollar lo establecido en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma, que contempla la  posibilidad de que los  servicios  sanitarios de titularidad privada contribuyan a reforzar el Sistema Nacional de Salud.

Y si fuera necesario, aplicar lo establecido en el Artículo 128 de la Constitución Española: “1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. 2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.