IUC llevará a los ayuntamientos mociones para declarar ilegítima parte de sus deudas

La formación de izquierdas denuncia que los bancos obtienen dinero del BCE al 1% de interés y lo prestan al 6%

Izquierda Unida Canaria (IUC) llevará a los ayuntamientos de las Islas propuestas para declarar ilegítimos e inmorales gran parte de los intereses contraídos con los bancos a raiz de los créditos concedidos con motivo del Plan de Pago a Proveedores de 2012.

La formación de izquierdas denuncia que las entidades financieras han aplicado a los ayuntamientos intereses cercanos al 6%, que han de ser pagados con dinero público, cuando esas mismas entidades han obtenido previamente dinero del Banco Central Europeo a intereses inferiores al 1%. La consecuencia es que los ayuntamientos deberán abonar en el próximo año decenas de millones de euros sólo en concepto de intereses, en lugar de destinarse a otras partidas más necesarias y urgentes, como el sostenimiento de los servicios públicos y el mantenimiento de las estructuras de solidaridad y bienestar.

Asimismo, IUC hará llegar la propuesta tanto a la federación Canaria de Municipios (FECAM) como a la Federación Española de Municipios (FEMP), con el fin de invitar a todos los ayuntamientos afectados a declarar ilegítima parte de su deuda. Paralelamente, la organización de izquierdas solicitará al Ministerio de Economía que medie con las entidades financieras para rebajar el porcentaje de intereses a pagar en los próximos años.

Para Izquierda Unida, la deuda pública es hoy uno de los principales problemas de las instituciones públicas debido a la obligatoriedad de afrontar prioritariamente la deuda financiera por delante de los servicios públicos, prioridad consagrada por la reforma del artículo 135 de la Constitución Española acordada y aprobada hace ya dos años por PSOE y PP.

La reestructuración de la deuda y sus quitanzas son prácticas reconocidas en la legislación internacional. La cancelación de las deudas ilegítimas ha sido posible en el pasado, tanto en Europa como en países en vía de desarrollo, y en muchos de los casos ha tenido como consecuencia un alivio inmediato de las necesidades básicas de la población.

La propia Organización de Naciones Unidas recomienda que las legislaciones nacionales contemplen las causas de la ilegitimidad de la deuda. A juicio de IUC, los casos recientes de los gobierno noruego y ecuatoriano demuestran que los poderes públicos pueden fundamentarse en esta ilegitimidad para negociar o anular parte de la deuda contraída. Incluso algunos ayuntamientos de nuestro país, a partir del caso pionero del de Badalona, ya han declarado ilegítima parte de su deuda.