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14:57h. viernes, 29 de mayo de 2020

IUC-LV-CD afirma que la corrupción cuesta a Canarias una cifra próxima a los 800 millones de euros

   Ramón Trujillo, candidato al Parlamento de Canarias por Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Canarias Decide (IUC-LV-CD), afirma que “la corrupción le cuesta a Canarias entre 400 y 800 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones medias en relación al PIB. En Canarias la cifra será más próxima a los 800 millones al año debido a que hay casi cinco veces más corrupción que en el resto del Estado”.

IUC-LV-CD afirma que la corrupción cuesta a Canarias una cifra próxima a los 800 millones de euros

 

   Ramón Trujillo, candidato al Parlamento de Canarias por Izquierda Unida Canaria-Los Verdes-Canarias Decide (IUC-LV-CD), afirma que “la corrupción le cuesta a Canarias entre 400 y 800 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones medias en relación al PIB. En Canarias la cifra será más próxima a los 800 millones al año debido a que hay casi cinco veces más corrupción que en el resto del Estado”.

   El candidato de IUC-LV-CD considera que “en las Islas la corrupción ha sido un factor que ha empujado al alza el precio de la vivienda y ha generado condiciones para reducir el gasto educativo y sanitario, pues esos son los efectos que, según Transparencia Internacional, ocasiona”.

   Trujillo reivindica el “ámbito estatal de IU porque es ahí donde se decidirían la mayor parte de las medidas contra la corrupción” que propone la formación progresista. IU quiere impulsar una ley expropiatoria de bienes adquiridos mediante prácticas corruptas, eliminar todo tipo de aforamientos en lo relativo a la corrupción, declarar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, establecer medidas rigurosas contra el fenómeno de las puertas giratorias y reformar la Ley de Contratos del Sector Público para incorporar garantías contra prácticas corruptas. “También planteamos”, afirma Trujillo, “un Registro Público de Recalificaciones del Suelo. Para impulsar todas estas medidas necesitamos una mayor implantación institucional desde la que generar más presión política y social contra la corrupción”.