La Laguna: Sí se puede y SxTF-Equo afirman que el PGO quedó “abierto en canal” por los informes del Gobierno canario y el Cabildo

Consideran que si se hubiese aprobado el plan previsto se perdería a medio plazo aproximadamente el 10% de la agricultura del municipio

En la mañana del jueves los portavoces de Sí se puede, Juan Miguel Mena, y de Por Tenerife (SxTF-Equo), Santiago Pérez, concejales de la oposición lagunera, valoraron la situación por la que pasa actualmente el proyecto de nuevo Plan General de Ordenación (PGO) municipal.

Mena recordó que en el pleno del 21 de febrero del año pasado, en el que se procedió a la aprobación inicial del PGO, el concejal de Urbanismo, Juanma Bethencourt, decía que se trataba de “un documento de calidad, de calidad técnica acorde con la complejidad de esta disciplina” y que había exigido “un esfuerzo muy importante”, ahora, tras casi un año de trabajo y de respuesta social, “tenemos más claro que nunca, ese documento que el señor Bethencourt consideraba de calidad ha sido desmontado por los informes técnicos, tanto propios de la Gerencia, como del exterior, que han sido realmente demoledores, y sobretodo por una respuesta social que sencillamente Coalición Canaria y el PSOE no esperaban”.

El edil de Sí se puede asegura que con los documentos a los que hemos tenido acceso, procedentes mayoritariamente de juristas y de técnicos de otras administraciones, “ratifican lo que desde la oposición lagunera hemos venido denunciando desde el minuto uno”. Según Mena el PGO aprobado inicialmente hace un año generaba una destrucción de suelo rústico absolutamente injustificable, perjudicaba a los vecinos y vecinas con obras y viarios no deseados, por no hablar de las innumerables unidades de actuación o del fuera de ordenación, siguiendo “la estela del desarrollismo anterior al estallido de la crisis, era en definitiva un auténtico sinsentido”. A este respecto también señaló el silencio y complicidad del PSOE en este proceso que opina que “deberá ser explicada en algún momento, ya que somos de los que pensamos que un pacto no justifica todo”.

Ante este varapalo jurídico la acción del Grupo de gobierno desde noviembre ha sido la de la callada por respuesta. “Hasta el momento las miles de alegaciones presentadas por la ciudadanía no han tenido una respuesta oficial, tampoco las decenas de escritos y alegaciones presentados por la oposición”,dijo. Afirmó que van a solicitar que se les explique cuál es el proceso a desarrollar a partir de ahora y si los informes hablan de que el plan no se ajusta a la legalidad y su mala redacción, así como qué medidas concretas se van a tomar, “ya que del bolsillo de todos los laguneros se han sacado más de un millón de euros para pagar este documento”.

Santiago Pérez por su parte hizo un repaso jurídico y técnico a los informes a los que han tenido acceso desde la oposición. Considera que lo que alertaron en su momento, en contra de la “avalancha publicitaria del equipo de Gobierno”, eran cuestionamientos bien fundamentados, en especial en la devastación que el PGO generaría en el suelo agrícola del municipio.

El concejal indica que los informes del Cabildo y del Gobierno de Canarias “abren en canal el plan general, criticando una planificación que consideran que está mal hecha y que divide el municipio en zonas que el Cabildo pide que sean redefinidas y que el Gobierno canario cree que “están dibujadas en un plano que no permite conocer los valores ambientales del PGO”.

Explicó también que los datos que habían hecho públicos sobre el informe del Servicio de Planificación se han confirmado, indicando que el PGO tenía una previsión para una población de más de 337.000 personas, más del doble de la población actual, cuando los datos indican que en estos años se ha perdido unos 7 puntos porcentuales de la población de la zona metropolitana con respecto a la del resto de Tenerife.

Los informes también alertan de la abusiva desclasificación de Suelo Agrario, el 17,25 % del protegido con respecto al PGO vigente, que significará la “pérdida a medio plazo de aproximadamente el 10% de la agricultura del municipio” según el informe del Cabildo Insular, que deja de estar protegida para clasificarse como Suelo Urbanizable, tapando esta pérdida con la inclusión en el Suelo Agrícola de terrenos calificados hasta ahora de Protección Paisajística o, simplemente, no aptos para la agricultura, con escasos valores agrológicos a conservar, incluso computando como Suelo Agrario el del Parque Rural de Anaga, que no es objeto de regulación por este PGO.

Pérez considera que el Gobierno municipal ha pretendido impulsar un modelo desarrollista, basado en unas previsiones de crecimiento poblacional al margen de la realidad y de la situación y perspectivas de la economía, para justificar el desmesurado crecimiento de los suelos destinados a la edificación, que no es viable financieramente. “Por eso intentan exigir a los propietarios del municipio un esfuerzo para financiar las actuaciones previstas por el PGO que no son legales, ni asumibles por las economías familiares”, indicó.

Finalmente Santiago Pérez afirmó que el Gobierno local ha tratado de presentar como un esfuerzo de talante algo a lo que ha sido obligado desde fuera, estando “la pelota en su mesa para afrontar un plan mal hecho y que ha tenido mucha propaganda”.