Las diversas medidas de presión detienen un grave atentado a la salud de una anciana inmigrante chilena 

Con ellas se consiguió que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias reconociera "un error" y dispusiera la correspondiente asistencia sanitaria para este caso. Sin embargo, nosotros afirmamos que lo erróneo es más general y afecta a la gestión global de la atención a los inmigrantes sin regularizar en Canarias.

A pesar de la afirmación de que el Servicio Canario de la Salud (SCS) había dado instrucciones precisas a todos los centros sanitarios para que no se deje de atender a este colectivo. Y a pesar de la letra del Real Decreto Ley de recortes sanitarios 16/2012 (que excluye a los inmigrantes sin regularizar), que dice que "En todo caso", los extranjeros recibirán asistencia sanitaria gratuita "De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica", son muchos los casos cuya denuncia estamos recibiendo en la web Denuncia Tu Caso. org, en los que esto no se está cumpliendo, ya que se les está rechazando o facturando en centros de salud así como en servicios de urgencias incluso ante auténticos accidentes y enfermedades graves.

Por todo ello volvemos a exigir una resolución administrativa quegarantice la continuidad de la atención sanitaria a las personas inmigrantes en los dispositivos sanitarios del SCS en toda la comunidad, tanto de atención primaria como especializada. De modo que la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular se siga prestando como antes y que cualquier incidencia relacionada con este asunto, deba ser comunicada a los órganos competentes, como pueda ser la actuación de determinados profesionales, en cuantos centros  ocurra, que mediante una interpretación personal, denieguen asistencia a personas inmigrantes en nuestra comunidad autónoma.

Con ello se respetaría la esencia de los servicios sanitarios en cuanto instrumentos de mantenimiento de la salud, la lógica de la salud pública en lo referente al control de enfermedades transmisibles y la lógica legal que desde la Constitución hacia abajo establece el derecho a la salud para toda la población.

También, el Gobierno de Canarias, que dice que "rechaza las políticas regresivas que en materia de Sanidad está desarrollando el Gobierno del PP" y al que pide que "respete el papel y ámbito de decisión de las autonomías", consecuentemente debería desarrollar una normativa sólida que sustente el derecho de la población inmigrante sin residencia en Canarias. Entendemos que existen bases legales para establecer este derecho tanto en el Estatuto de Autonomía como en la Ley Canaria de Salud que propugnamos, y en otras normas y que los servicios jurídicos de la Consejería de Sanidad podrían fundamentar sólidamente dando seguridad jurídica a esta prestación. 

Eso o sencillamente la dimisión de todo el equipo directivo de la Consejería por ineptos y responsables de graves atentados a la salud, que ante la confirmación de daños graves y muertes derivarán en la interposición de acciones penales para sentarlos en el banquillo de los acusados. 

22 de noviembre de 2012

Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias(integrada en el Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública).