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viernes, 29 de marzo de 2024 00:12h.

Movimiento por el Frente Amplio: La Ley de tasas judiciales expropia a la ciudadanía del derecho a la tutela judicial efectiva en beneficio de la banca

El Movimiento por el Frente Amplio considera que el que para promover y que sea admitida a trámite la acción de la justicia, incluso, para interponer recursos, en los ámbitos jurisdiccionales civil y contencioso administrativo (salvo en el penal y algunas excepciones en el laboral ) se tengan que abonar por las personas físicas gravosas e injustificadas tasas judiciales, supone una agresión neoliberal de la política fascista del gobernante Partido Popular español. Agresión contra el derecho fundamental y cívico a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 de la C.E.), que deroga el derecho a la justicia gratuita, establecido por Ley en 1986 por mandato constitucional. 

Movimiento por el Frente Amplio: La Ley de tasas judiciales expropia a la ciudadanía del derecho a la tutela judicial efectiva en beneficio de la banca

 
El Movimiento por el Frente Amplio considera que el que para promover y que sea admitida a trámite la acción de la justicia, incluso, para interponer recursos, en los ámbitos jurisdiccionales civil y contencioso administrativo (salvo en el penal y algunas excepciones en el laboral ) se tengan que abonar por las personas físicas gravosas e injustificadas tasas judiciales, supone una agresión neoliberal de la política fascista del gobernante Partido Popular español. Agresión contra el derecho fundamental y cívico a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 de la C.E.), que deroga el derecho a la justicia gratuita, establecido por Ley en 1986 por mandato constitucional. 
 
El gobierno, en un primer momento, vía Decreto Ley (convalidado posteriormente por las Cortes españolas), expropia y desposee a la mayoría de la población de dicho  derecho a la justicia gratuita, dejándola indefensa, desamparada y en desigualdad material ante los grandes poderes económicos (banca, aseguradoras y las grandes corporaciones privadas del capitalismo, tanto nacionales como multinacionales). Y ello en un contexto de supresión de derechos económicos y sociales a las clases populares, corrupción político-empresarial, devaluación de salarios, insostenible desempleo, desahucios de viviendas, desnutrición, hambre y suicidios. Agravado aún más en Canarias.
 
Todo ello contrasta y de ahí trae causa las decisiones políticas de agresión y derogatorias contra los derechos y libertades que efectúa el gobierno del Partido Popular, fiel siervo de lo que le dicta la Troika (Comisión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Central Europeo), con los más de 185 mil millones de euros en ayudas públicas (auténtico saqueo) destinados por el Estado español a las entidades financieras. Estas han cometido un gran atraco y fraude en perjuicio de la mayoría de la población, con las consecuencias económicas y sociales descritas. Lejos de depurar responsabilidades, el gobierno del Partido Popular lo que hace es amnistiar fiscalmente y conceder ayudas públicas a la oligarquía financiera causante de la crisis que sufrimos.
 
Antes el gobierno de Zapatero modificó el artículo 135 de la Constitución Española para priorizar el pago e intereses de la deuda pública, en manos del capital privado financiero nacional e internacional.
 
La denominada Ley de tasas judiciales es una ayuda más del gobierno del Partido Popular a las entidades financieras españolas, a costa y en perjuicio de los defraudados por las preferentes y productos financieros que aquéllas colocaron de forma abusiva a ahorradores e impositores, entre ellos un gran número de jubilados, pequeños ahorradores y personas ancianas e, incluso, enfermas.
 
Con la ley de tasas judiciales se trata de disuadir a todas estas personas defraudadas por entidades financieras a que acudan a la vía judicial proclive a satisfacer sus demandas, como actualmente estamos viendo. Se les obliga a acudir a mecanismos de intermediación o arbitraje (ya se ha promovido en el caso de Bankia), donde la banca saldría mejor parada y su menoscabo económico no sería tanto como en la vía judicial, ya que en ésta, si la demanda es estimatoria, además del principal defraudado, la banca tendría que destinar mayores cantidades para abonar intereses y costas.
 
En el caso de la intermediación o arbitraje, la banca podría conseguir un ahorro en intereses y costas (gastos de procuradores y abogados contrarios) y destinar menos cantidades al respecto. Eso explica que la ley de tasas judiciales saliera en noviembre de 2012, cuando las caídas de las cotizaciones de las acciones bancarias continúan y los riesgos de pérdidas por reclamaciones a la banca, que ha colocado abusiva y fraudulentamente aquellos productos financieros, aumentan.
 
La rentabilidad de tales productos para aquellas personas se hacía depender del valor de canje de su dinero por acciones del banco en un momento determinado (como un plazo fijo) y una vez convertidos en accionistas, las pérdidas, si las venden en Bolsa, serían tremendas, ya que el valor de canje es superior al momento de venta de acciones, según su cotización en ese momento de venta (hoy muy bajos). De estos riesgos mayoritariamente no fueron informados cuando suscribieron las preferentes u obligaciones convertibles, inducidos por la relación de confianza con los directores u operadores financieros de sucursales bancarias.
 
Por todo esto, la Ley de tasas es una ley clasista, favorecedora de la impunidad bancaria además de favorecer también la impunidad de las Administraciones Públicas contra cuyas arbitrariedades, los recursos contenciosos administrativos están sometidos a tasas judiciales.
 
En consecuencia, el Movimiento por el Frente Amplio llama a movilizarnos y organizarnos en contra de ella, promoviendo iniciativas y acciones para lograr más pronto que tarde su derogación. Las cuestiones de inconstitucionalidad de la Ley las pueden promover los distintos Jueces y Tribunales. Y en éstos está el que no se puedan paralizar las acciones judiciales de la ciudadanía, en defensa de sus derechos e intereses legítimos, por el hecho de que no se han abonado las inicuas tasas judiciales. Movilización popular y en la calle, también.