Buscar
10:17h. lunes, 14 de junio de 2021

Nace la primera gran plataforma estatal de usuarias de residencias y familiares

 

la plataforma residencias


Comunicado 1, miércoles 12-mayo-2021

laPLATAFORMA

PLATAFORMA ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE FAMILIARES Y USUARIAS DE RESIDENCIAS

• Andalucía • ADDEMAR (Asociación para la Defensa y Dignidad de las Personas Mayores en Residencias) 622.38.44.34 - addemarasociacion@gmail.com

Nace la primera gran plataforma estatal de familiares y usuarias de residencias

• Catalunya

Asociación Coordinadora Familiares de Residencias 5+1 6722.57.16.50 - coordinadoraresidencias@gmail.com

Quince organizaciones de familiares y usuarias de residencias de mayores y dependientes de diez Comunidades Autónomas han decidido fundar una gran plataforma social de ámbito estatal con el principal fin de reivindicar y defender, en todos los foros precisos, los derechos de usuarias, familias y trabajadoras; derechos terriblemente pisoteados tanto antes como durante el período de la pandemia del coronavirus.

• Aragón

Plataforma por unas Residencias Públicas en Aragón 686.79.81.64 - residenciaspublicasparatodos@gmail.com

• Castilla y León • Asociación de Afectados por la Gestión en Residencias de Castilla y León 6691.54.19.48 - afectadosresidenciascyl@gmail.com

Los colectivos que suscriben esta alianza inédita la han formalizado con la denominación ‘Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias' y operará con la marca 'laPlataforma (de Residencias)'. En esta coalición social se han integrado colectivos de Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla y León, Catalunya, Comunitat Valenciana, Euskadi, Galicia, Illes Balears, y Madrid; algunos de ellos históricos, pues ya venían operando regularmente antes de la pandemia, y otros creados ex profeso delante de la lamentable y criminal gestión de la infección en las residencias de mayores y dependientes en todo el Estado.

. Comunitat Valenciana

AFADOMUSVI (Asociación de Familiares de Afectados de las Residencias de Domusvi Alcoi y Cocentaina)

686.67.70.49 - afadomusvi@gmail.com

• Madrid

PLADIGMARE (Asociación Plataforma por la Dignidad de las Personas Mayores en las Residencias) 649.46.42.41 - dignidadresidencias@gmail.com

• Illes Balears

Plataforma Illes Balears © 677.53.61.48

cifrecortesmarti@gmail.com

laPlataforma, con una dirección colegiada, abierta y plural, trabajará en tres ejes primordiales: 1. Verdad y Justicia (Reivindicación del derecho a la verdad y del análisis riguroso de las circunstancias y hechos que nos llevaron al inaceptable drama que se ha saldado con más de 40.000 muertos en las residencias, incluidos los decesos con síntomas, pero no certificados por covid; depuración de responsabilidades; y la reparación moral a la que son acreedores las víctimas y sus familias); 2. Nuevo Modelo (Tras la hecatombe nada debe ni puede ser igual, el sistema ha hecho aguas y la sociedad civil tiene que afrontar qué 'nuevo' modelo residencial y de cuidados a personas mayores y dependientes queremos para nuestra vejez. Usuarias, familias y trabajadoras tienen que ser protagonistas ineludibles del diseño del ‘nuevo modelo' en todos aquellos foros que se establezcan); 3. Vulneración de Derechos (El análisis del pasado y del futuro no puede esconder la preocupante y reiterada conculcación de los derechos que se producen diariamente y de forma generalizada en las residencias de todo el Estado).

. Euskadi

Babestu Alkartea (Bizkaia) 0658665745 - babestu2016@gmail.com

Gipuzkoako Senideak

Babestu Araba

. Canarias

Marea Gran Canaria Residencias Públicas Dignas en el Barrio o 669.95.93.40 - mareagrancanariaresidencias@gmail.com

. Galicia

REDE (Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias e da Dependencia)

689.311.500 - federacion.rede@gmail.com

laPlataforma lanza a la sociedad dos documentos exhaustivos: un Manifiesto y un Decálogo. En el 'Manifiesto por la Dignidad' queda trazada la posición inequívoca de las organizaciones de usuarias y familias ante las infames circunstancias vividas en los últimos lustros y puntualmente durante la hecatombe humanitaria de 2020, y en el ‘Decálogo para un Nuevo Modelo' expresamos aquellas consideraciones y propuestas esenciales de cara al futuro desde el prisma que nos da la experiencia de haber observado en directo el desmoronamiento cruel de un modelo obsoleto e inhumano, planteamientos, divididos en diez bloques, que dirigimos a la sociedad civil, a las administraciones autonómicas y del Estado, competentes en la materia, y a las instituciones europeas.

ASFAREBA (Asociación de Familiares e Usuarias da Residencia DomusVi Barreiro)

• PÚBLICAS (Asociación de Familiares e Usuarias do CRAPD e das Residencias Públicas de Galicia)

DOMUSVIRUS (Asociación de Familiares de Vítimas da Xestión da Covid nas Residencias)

 

la PLATAFORMA 

P L ATA FOR M A E S TATA L DE ORGANI ZAC IONE S DE FA M I L I A R E S Y USUA R I A S DE R E S IDENC I A S Mayo 2021 

MANIFIESTO 

fundacional

laPlataforma 

MANIFIESTO fundacional 

El 14 de marzo de 2020 el Gobierno de España declaraba el estado de alarma para afrontar la s tuación de emergencia sanitaria provocada por el coronavirus. El Gobierno explicaba que hacía uso de este mecanismo “con el fin de garantizar la protección de la salud de los ciudadanos, la contención de la enfermedad y el refuerzo del sistema de salud pública”. "Ponemos en el centro de nuestras prioridades la salud de las personas", señalaba el presidente en su comparecencia ante los medios de comunicación al término del Consejo de Ministros. 

Un año después las cifrasson demoledoras, con más de 3,5 millones de casos y alrededor de 80.000 fallecidos, datos que todavía están por analizar y confirmar. Pero sin duda estamos ante la mayor tragedia vivida desde la infausta Guerra Civil y la postguerra, la penuria y el drama al que abrió sus ojos aquella generación desnuda que, 80 años después, ha sido golpeada de nuevo de forma cruel e inmi sericorde. Precisamente, los mayores de 80 años, los que sufrieron la Guerra Civil y la dictadura, han sido los más afectados. 

El número de víctimas mortales oficiales que el coronavirus ha dejado en las residencias españolas -ya sean públicas, concertadas o privadas- se acerca a las 30.000 personas. Se estima que otros 10.000 mayores han fallecido con síntomas compatibles. Es imprescindible que el Gobierno central y las CC.AA. hagan un esfuerzo de transparencia y faciliten datos fiables a la ciudadanía. Tomando en consideración las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio de Sanidad, el 38% de las muertes por covid se han producido entre perso nas que vivían en estos centros. Un porcentaje que ha sido muy superior en algunas Comunidades Autónomas, donde incluso, por decisiones “políticas”, no se derivaban a las personas resi dentes a Centros hospitalarios, dejándolas morir en las resi dencias en condiciones indignas, sin la asistencia médica que necesitaban. 

La tragedia humana de lasresidencias durante la pandemia es una cuestión que sitúa a la Unión Europea en una encruci jada. La UE debe exigir que los Estados garanticen los derechos de las personas mayores residentes y dependientes. En este sentido, no podemos olvidar las manifestaciones de la comisa ria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, la cual criticó durante el inicio de la pandemia que las residencias privadas europeas habían vulnerado los derechos humanos. Asimismo, la responsable europea sostuvo que  “La tragedia humana de las residencias durante la pandemia es una cuestión que sitúa a la Unión Europea en una encrucijada. La UE debe exigir que los Estados garanticen los derechos de las personas mayores y dependientes”

Pacientes infectados fueron simplemente abandonados” en algunos Estados, entre los que citó a España. La comisaria aseguró que la situación “plantea la duda legítima” de que las personas fallecidas en centros de mayores “hayan recibido todas las atenciones necesarias, que incluye cuidados curativos y paliativos para aliviar el sufrimiento”. 

Por último, no podemos olvidar que la cuestión del cuidado en las residencias ha mostrado las condiciones precarias e indignas de las trabajadoras del sector. Esta última problemática visibiliza el papel de la mujer en el sistema de cuidados. Es momento de matizar y discutir el actual marco de servicios sociales para convertirlo en un modelo más igualitario y justo. 

En un Estado como España, con una de las más altas esperanzas de vida en el mundo, y con casi el 20% de la población por encima de los 65 años, la pandemia por COVID-19 ha tenido una repercusión brutal, ya que se estima que más del 70% de las muertes relacionadas con esta pandemia se han producido en este grupo de población. Más allá de las cifras de mortalidad, deben considerarse también los múltiples impactos y secuelas que, desde el punto de vista físico, psicológico y emocional, han mermado la calidad de vida de este colectivo. Unos impactos y unas secuelas que han incidido aún más en poblaciones de especial vulnerabilidad, como por ejemplo las personas con demencia. La crisis en el ámbito residencial ha dejado al descubierto un esce nario dramático, con rasgos comunes en todas las residencias y que son fácilmente identificables: 

a) Cambios en los perfiles de los y las residentes en los últimos años, personas con pluripatologías y mayor fragilidad, cambios que el sistema no ha atendido convenientemente e incluso ha ignorado. 

b) Debilidades preexistentes del modelo de residencias(como son modelos de gobernanza y de financiación; la falta de perso nal, en paralelo a la precariedad de las condiciones laborales; la formacióń del personal; además de la falta de atención y/o coor dinación con los servicios públicos de salud). 

c) Fallos en la respuesta a la pandemia, como la carencia de Equipos de Protección Individual (EPI) y de tests para diagnosticar con la necesaria rapidez y parar la cadena de contagios, la no derivación de enfermos a centros hospitalarios y los retrasos en el apoyo a los profesionales del centro residencial o el reemplazo del personal enfermo. 

d) Falta de un consenso sobre el abordaje de la crisis en residencias, desde un punto de vista ético, es decir, la sociedad también falló, como bien sabemos las personas que venimos denunciando desde hace añoslas prácticas indignas y las carencias que escondían estos centros, muchos de ellosrevestidos de una apariencia lujosa. 

El inaceptable arquetipo español de modelo de residencias, o mejor dicho los variados modelos que cada operadora o marca ha desarrollado, con la ‘inestimable’ colaboración de las administraciones autonómicas, que son quienes tienen asumidas las competencias en Servicios Sociales, han tenido como denominador común la primacía de la idea de negocio y, por lo tanto, la rentabilidad de la inversión que se realizaba, y no la debida atención a las personas que habitan en las residencias. 

El Estado, a través de las CC.AA. que lo integran, ha priorizado especialmente el ahorro de costes que suponía para las arcas de las mismas la no inversión en la creación de plazas públicas y ha estimulado la introducción de la empresa privada en el sector, facilitando la rentabilidad del negocio a través de tres pilares fundamentales: 

a) Unas ratios de personal establecidas para garantizar el beneficio económico de las empresas y el ahorro de las administraciones, pero no para asegurar la atención necesaria de las personas mayores que, por una u otra causa, se ven obligados a acudir a los servicios de una residencia. 

b) Una ausencia total de control en la gestión de las residencias, cegando cualquier cauce de participación por parte de los familiares e impidiendo en muchas ocasiones la participación de los y las residentes; estableciendo unos servicios de inspección totalmente insuficientes para efectuar un control real de los servicios prestados. 

d) Ofertando un número de plazas residenciales que está por debajo de las recomendaciones de la OMS, que cifra esta oferta en un 5% en relación a la población mayor de 65 años. En España, según el informe de Envejecimiento en Red, del CSIC, de enero de 2021, en septiembre de 2020, había un total de 384.251 plazas para una población mayor de 65 años de 9.217.464 personas. Es decir, había un déficit de plazas en el conjunto del Estado de 76.622 plazas. 

Esta escasa inversión en personal, con unas ratios que garantizan la legalidad de un porcentaje de personal insuficiente; la ausencia de controles en la gestión diaria de las residencias; y una oferta de plazas inferior a la demanda existente, cierran un círculo que garantiza la rentabilidad de la inversión en las residencias, pero no la atención debida a las personas que las habitan o que hacen uso de ellas. No puede sorprender por tanto que del total de plazas residenciales ofertadas en nuestro país (384. 251), el 73,2% (281.332) estén en manos privadas, frente al 26,8% (102.919), en manos públicas; aunque en algunas CCAA la cifra supera con creces el 80%. 

Por todo ello, las residencias se han convertido en prototipos del mercantilismo más extremo e in humano y en lugares en los que se ha sistematizado la vulneración de los derechos humanos de las personas dependientes, así como la vulneración de los derechos laborales de las trabajadoras. 

El ámbito residencial se caracteriza, por tanto, por ser un sector en el que se han normalizado prácticas indignas en las que, como mencionábamos anteriormente, han participado por omisión, inacción o por connivencia, muchas administraciones y servicios de inspección, dando la sensación de que las empresas operadoras, sean multinacionales en manos de fondos de inversión, empresas del IBEX-35 o gestoras filocatólicas de iniciativa social, han podido actuar con total impunidad, especialmente durante la última década. Un ámbito en el que, además, se ha abonado el terreno por el que ha campado el letal virus y que es sinónimo de un ne gocio escandaloso e indecente, en el que se trafica con seres humanos vulnerables e indefensos a los que en la última etapa de su vida se les ha despojado del derecho a la dignidad, un derecho humano fundamental. 

Por lo tanto, las negligencias, las malas prácticas, que se observaron en las residencias desde los primeros días de la hecatombe, con 40.000 fallecimientos entre cifras oficiales más síntomas compatibles, requiere de un desagravio por parte de la sociedad y un reconocimiento por parte de las instituciones de que algo no se ha hecho bien. 

Desde el primer momento las familias temimos la catástrofe que se nos venía encima, temores derivados de la falta de personal, carencia de equipos de protección, ausencia de protocolos, personal no formado ni informado, nula comunicación con las familias, irresponsabilidad en la gestión de la sectorización y aislamiento de contagiados y sintomáticos, no derivación a los hospitales, ..... en fin, abandono sistemático que ha generado la mayor catástrofe humana vivida en España después de la Guerra Civil. 

Si después de esto no aprendemos algo, ni encauzamos los servicios sociales, la asistencia, la protección y las prestaciones, bajo otro marco, en un nuevo modelo en el que prevalezca, ante todo, el humanismo, la dignidad, los derechos, la justicia, la profesionalidad, la calidad, y la cercanía, si no es así, este país y la democracia están seriamente enfermos. 

Diversas asociaciones, colectivos y personas de todos los territorios del Estado español, que representan a familiares, y usuarios y usuarias de centros de atención a personas mayores y dependientes, muchos de ellos con años de experiencia previa en su defensa, han decidido conformar una Plataforma (‘laPlataforma’) para trabajar, desde la autonomía de cada organización y en el respeto a su singularidad, en la consecución de los cambios imprescindibles para ofrecer a las personas mayores y dependientes una vida digna y con respeto a sus derechos. ‘laPlataforma’ entiende que los servicios sociales son un derecho universal y subjetivo de las personas. No pueden ser un negocio lucrativo, por lo que las administraciones deben garantizar la atención digna y de calidad de las personas en los centros residenciales. 

Finalmente, queremos mostrar nuestra solidaridad con todas aquellas familias que, como muchos de nosotros, han perdido a sus seres queridos en esta tragedia y decirles que ellos, las víctimas, han sido la energía que nos ha movido durante estos atroces meses, y la que nos empuja a seguir trabajando por los que han sobrevivido. 

Por ellos y por nuestro propio futuro como personas individuales y como sociedad, ‘laPlataforma’ ha elaborado un ‘Decálogo’ exhaustivo que recoge las reivindicaciones principales y prioritarias que dirigimos a todas las administraciones del Estado con competencia en la materia, así como a las institu ciones europeas... ‘Decálogo’ que aportamos en documento adjunto a este ‘Manifiesto’ fundacional de la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias. 

“Si después de esto no aprendemos algo, ni encauzamos los servicios sociales, la asistencia, la protección y las prestaciones, bajo otro marco, en un nuevo modelo en el que prevalezca, ante todo, el humanismo, la dignidad, los derechos, la justicia, la profesionalidad, la calidad, y la cercanía... si no es así, este país y la democracia están seriamente enfermos”

 

P L ATA FOR M A E S TATA L DE ORGANI ZAC IONE S DE FA M I L I A R E S Y USUA R I A S DE R E S IDENC I A S Mayo 2021 

DECÁLOGO 

por un nuevo modelo

laPlataforma 

DECÁLOGO por un nuevo modelo 

Ante el drama que hemos vivido y que no olvidaremos nunca, y por nuestro propio futuro como personas individuales y como sociedad, ‘laPlataforma’ ha elaborado un ‘Decálogo’ exhaustivo que recoge las reivindicaciones principales y prioritarias que, familiares y usuarias de residencias, dirigimos a todas las administraciones del Estado con competencia en materia de servicios sociales, así como a las instituciones europeas: 

1. PLANTILLAS DE PERSONAL 

A) Ratios: 

- La existencia del personal suficiente para la atención necesaria de los residentes, marca la frontera entre vivir los años en una residencia con calidad y dignidad, o convertirlos en un infierno. Cuando se habla en la Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política So cial, Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, del 0,47 a nivel general y del 0,28 para gerocultores, no se está garantizando que haya 0,47 trabajadores, ni 0,28 gerocultores por cada residente durante las 24 horas del día, ni los 365 días del año. Las actuales ratios están establecidas contando a todos los trabajadores como si estuvieran en la residencia, igual que los residentes, las 24 horas del día y los 365 días del año. Por ello, son engañosos. 

Las ratios hay que establecerlas de una forma objetiva, científica, de acuerdo con las necesidades reales de los usuarios, por turnos y por puestos de trabajo, y como mínimo: 

- Hay que modificar la ratio de personal gerocultor, para que se establezca una ratio mínima de un puesto de gerocultora para cada cuatro personas en el turno de mañana y en el de tarde, respectivamente, y una gerocultora para cada diez residentes en el turno de noche; medida que tiene que quedar claramente re cogida sin necesidad de efectuar cálculo alguno. Las ratios son de presencia, con independencia del número de personal que sea preciso para su cumplimiento. 

- Disponer de servicio médico y de enfermería 24 horas al día. Actualmente, un alto porcentaje de ciudadanos que viven en residencias geriátricas son pacientes con una alta comorbilidad, que sufren diversas patologías crónicas que los hacen altamente vulnerables. La atención en las residencias tiene que contar con recursos asistenciales, tanto humanos como de equipamiento sanitario, para atender durante 24 horas al día las descompensaciones y reagudizaciones de estas personas. 

- Ampliación de las horas establecidas para el resto de personal técnico (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, psicólogos, educadores sociales, trabajadoressociales…), imprescindibles para la salud in tegral de los residentes. 

B) Formación del personal 

Para una adecuada atención a los residentes, para el personal gerocultor se requerirá, como mínimo, formación reglada como auxiliar de enfermería con especialidad en geriatría. 

Todo el personal que trabaje en residencias debe tener formación en pandemias. No puede volver a repetirse el caos sufrido, porque para los residentes una buena organización marca la diferencia entre la vida y la muerte. 

Es necesario evitar la rotación permanente de personal, para lo que es imprescindible establecer un sistema de contratación indefinida e inmediata, con cobertura de incidencias y bajas incluidas y unos sa larios dignos. 

PLATAFORMA ESTATAL DE ORGANIZACIONES DE FAMILIARES Y USUARIAS DE RESIDENCIAS decálogo por un nuevo modelo / mayo 2021 / 1 

laPlataforma 

2. ATENCIÓN MÉDICA 

A) Atención sanitaria de los residentes. 

- La atención médica y el control de la salud de los y las residentes deben hacerse desde la sanidad pública, siendo los referentes los Centros de Atención Primaria, aunque las residencias dispongan de su propio servicio médico, que en todo caso será complementario y estará coordinado con losservicios públicos de salud. Debe reforzarse el personal de los Centros de Atención Primaria en función de las residencias que tengan a su cargo. 

Hay que garantizar que los residentes no sufran restricciones en el acceso a los especialistas ni en las derivaciones hospitalarias. Losv y las residentes mantendrán sus derechos sanitarios en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. 

B) Equipamiento médico. 

- Dotar a las residencias de un equipamiento mínimo indispensable: electrocardiograma, disposición de oxígeno, posibilidad de hacer tratamientos endovenosos(suero, antibióticos...). Existencia de un stock de EPI’s, como mínimo para un mes. 

Uno de los problemas que sufren con más frecuencia los residentes es la deshidratación, ya que cualquier enfermedad respi ratoria o intestinal les impide ingerir el líquido que necesitan, especialmente a las personas con disfagia; lo que se podría evitar si el personal sanitario de la residencia pudiera administrarles suero por vía endovenosa. 

C) Atención psicológica. 

- Es imprescindible reforzar la atención psicológica a los resi dentes, muy afectados porla propia pandemia y por el aislamiento de sus familiares. En los casos en que no existan estos profesiona les o que sean insuficientes, en tanto no se resuelva, esta carencia debe asumirse de forma externa en colaboración con los servicios de psicología clínica de la sanidad pú blica. 

D) Polimedicación. 

- Es imprescindible la elaboración de un plan para solucionar la polimedicación de los residentes, su primiendo los que sean innecesarios o inadecuados, al objeto de evitar los efectos adversos y las interacciones medicamentosas, que son casi siempre graves. 

E) Sujeciones. 

- Hay que eliminar las sujeciones farmacológicas o químicas y las mecánicas o físicas a las que se ven sometidos los y las residentes en demasiadas ocasiones, porque no resuelven los problemas,sino que los agravan, además de suponer un atentado a la dignidad de las personas y la vulneración de un derecho funda mental como es el de la libertad. 

F) Infecciones repetitivas. 

- Las infecciones de orina crónicas o reiteradas son un grave problema para las y los residentes, lo que obliga a administrarles antibióticos de forma casi permanente, con los efectos secundarios por todos conocidos; además de generar un problema de resistencia a los mismos. Debe hacerse un seguimiento por parte los Centros de Atención Primaria, tanto de las pautas médicas, como de la higiene que presentan los y las residen tes. 

El incumplimiento de las normas de higiene en los cuidados, frecuentemente por escasez de personal, es una causa importante de transmisión de infecciones dérmicas y urinarias. Un estudio realizado en residencias en EEUU mostraba que “el lavado de manos antes de atender a un residente se realizaba en un 27%, después de atenderle en un 63%, y el cambio de guantes entre la atención a 2 residentes en el 16% de los casos”. 

G) Prioridad en la atención a las personas mayores. Hay que buscar mecanismos que agilicen y prioricen la atención a las personas mayores en Centros de Salud, Centros de Especialidades y Urgencias hospitalarias, evitando esperas prolongadas. 

El sistema sanitario debe implementar actividades sistemáticas para la prevención de la Dependencia en los mayores de la comunidad. 

H) Retomar y reforzar inmediatamente las actividades de estimulación cognitiva, terapia ocupacional, fisioterapia, etc.; además de la interacción entre los propios residentes, con las medidas de protección necesarias, con paseos y actividades comunitarias. 

Asimismo, hay que potenciar las actividades fuera del centro, como excursiones y visitas a teatros, museos, etc. 

I) Confinamiento: evaluación de secuelas. 

No solo el coronavirus ha hecho estragos entre la población mayor de las más de 5.500 residencias existentes en el Estado español. Las condiciones extremadamente duras que han vivido y soportado las 390.000 personas ingresadas en geriátricos, les han generado un agravamiento patente en su estado de salud global. La falta de respuesta diligente por parte de las operadoras y de la sanidad pública han recrudecido también los efectos de moledores del severo confinamiento que han padecido y que se expresa en consecuencias o secuelas críticas, desde el incre mento mayúsculo de úlceras por presión hasta el abatimiento anímico por tristeza y soledad. 

Se precisa la urgente puesta en marcha de un estudio profundo sobre las secuelas de la pandemia en la población mayor residencial, su incidencia real en el deterioro físico y psíquico que hemos constatado una vez reanudados los contactos con los familiares tras la vacunación generalizada. Es hora, por lo tanto, de afrontar el análisis de este deterioro para determinar las políticas asistenciales y sanitarias, y sus protocolos respectivos, para tratar de revertir o por lo menos frenar el apagón vital que han sufrido las personas mayores ingresadas en residencias. Deben establecerse mecanismos que impidan que se vuelvan a vulnerar sus derechos fundamentales. Deben intervenir, en este informe y en estos centros, especialistas evaluadores, tales como geriatras, psiquiatras, neurólogos, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas etc. 

J) Exigimos un debate científico y social, público, en el que las Administraciones pongan a disposición de la sociedad los datos empíricos necesarios para analizar qué ha sucedido en las residencias y cómo ha influido en el alto índice de mortalidad, por ejemplo, la existencia de habitaciones dobles, el tamaño de las residencias, las ratios de personal, etc. 

3. INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS 

A) Inspecciones. 

- Las inspecciones y sus resultados requieren, por higiene democrática y por derecho, transparencia, por lo cual es conveniente una reformulación normativa de las inspecciones que permita el escrutinio público de las denuncias, su procedimiento y conclusiones, tal como sucede, por ejemplo, en diversos países europeos y americanos con una sistemática avanzada en este sentido. Transparencia e información abierta, continuada. 

La acción inspectora, por principio, debe ser garantista, y lamentablemente constatamos, ya desde hace lustros, actuaciones mayoritarias y continuas en favor de las empresas operadoras que han provocado un descrédito notorio a los servicios de inspección y el convencimiento en familiares y usuarias de que no merece la pena ejercer el derecho a la reclamación porque no existe una tramitación rigurosa y justa, lo que redunda en cierto empoderamiento observado en las empresas gestoras, avalado por la impunidad en la que habitan, donde los actos negligentes o malas prácticas o vulneraciones de normativas no tienen consecuencias. La sanción casi es una entelequia. 

Las inspecciones requieren independencia del poder político y de los intereses empresariales, y con 

“Constatamos, ya desde hace lustros, actuaciones mayoritarias y continuas en favor de las empresas operadoras que han provocado un descrédito notorio a los servicios de inspección y el convencimiento en familiares y usuarias de que no merece la pena ejercer el derecho a la reclamación porque no existe una tramitación rigurosa y justa, lo que redunda en el empoderamiento observado en las empresas gestoras, avalado por la impunidad en la que habitan, donde las negligencias o vulneraciones de normativas no tienen consecuencias. La sanción casi es una entelequia”

Equidistancia ante los agentes auditados en la acción ins pectora. 

Es preciso habilitar y garantizar herramientas o cana les fluidos y de actuación exprés en aquellas cuestiones que requieran una solución o restitución urgentes. 

Urge la sustitución de las obsoletas Hojas de Reclamaciones en papel autocopiativo por mecanismos más acordes a los tiempos tecnológicos. 

Las inspecciones y controles, tanto las rutinarias como las efectuadas a raíz de denuncias, tendrán que ser reales y sin preaviso. Se deberá informar del resultado de estas inspecciones a los Consejos u Órganos de participación de familiares y usuarios. 

Para poder llevar a cabo las necesarias inspecciones y controles de la calidad de los servicios es imprescindible disponer de personal suficiente, por eso exigimos el aumento de las plantillas de inspectores, así como garantizar que realizan su trabajo con total independencia. Es preciso asegurar que estos funcionarios tengan la adecuada y continua formación, así como una buena metodología de trabajo. 

Por último, en cada CC.AA. deberá ser obligatoria la existencia de un Registro Único de Entidades Prestadoras de Servicios que recoja los datos societarios de las em presas gestoras, sus centros, el número de plazas, des cripción y cuantificación del personal, y los servicios e instalaciones con los que se cuenta; informaciones clave para la eficacia de la actuación inspectora, el control del 

funcionamiento de la operadora y el ejercicio esencial del derecho a la información en el gran público. 

B) Controles de la calidad de los servicios. 

- Las Administraciones Públicas tienen que efectuar los controles periódicos continuos para garantizar unos niveles adecuados de limpieza, temperatura ambiente, material, aseo y cuidado de los residentes, calidad de los menús ofrecidos, atención médica y sustitución del personal en caso de vacaciones, ausencias, etc. Se deberá recabar información de los representantes de familiares y usuarios, e informar del re sultado a los Consejos u Órganos de participación de familiares y usuarios. 

La medición de la calidad de atención a las personas debiera hacerse mediante criterios de calidad. A modo de ejemplo: 

• Prevalencia de úlceras por presión: % de mayores con úlceras por presión en el momento de la inspección. 

• Número de caídas al año por residente. 

• Porcentaje de residentes con desnutrición ligera, moderada y severa. 

• Porcentaje de residentes con ataduras físicas o químicas. 

C) Alimentación. 

- Mención específica merece el apartado de la alimentación, debido al modelo extremadamente economicista y usurero que han implantado las compañías operadoras de las residencias, con la connivencia o inacción de las administraciones públicas, que ha determinado que muchas de estas empresas hayan buscado asegurarse el mantenimiento o crecimiento de sus beneficios a base de restringir sobre todo el gasto en la alimentación de los residentes. Así nos encontramos con menús de ínfimas calidades, con deficiente aporte nutricional, de escasa variedad, que ha re dundado en un deterioro progresivo de la salud de los residentes, con falta de hierro y otras deficiencias. 

Hay que revisar horarios de las comidas, para que sean más acordes a una vida normal. Los medicamentos que tengan unos intervalos de tomas, no podrán estar vinculados a los horarios de las comidas, porque eso supone el incumpli miento de la pauta médica establecida. 

Urge la intervención y regulación de la alimentación en las residencias: la evaluación del estado nutricional, losfac tores de riesgo y patologías asociadas a la alimentación; la intervención nutricional en los síndromes geriátricos; la calidad nutritiva de los alimentos, etc. 

Por ello, se precisa un control público que garantice la adquisición de alimentos frescos de proximidad y la elaboración de menús y dietas saludables, supervisadas por nu tricionistas y endocrinos. 

Asímismo, debe controlarse que los contratos que vinculan a empresas gestoras y a prestadoras del servicio de cocina no rebajen los importes pagados por los menús, para evitar que a los residentes se les ofrezca comida basura. 

4. LAS RESIDENCIAS ENTENDIDAS COMO UN SERVICIO PÚBLICO. REVERSIÓN DE LA PRIVA TIZACIÓN DE CENTROS DE TITULARIDAD PÚBLICA 

El cuidado de las personas mayores y dependientes debe entenderse como un servicio público, no como un negocio para enriquecer a empresas del IBEX-35, grupos multinacionales y fondos de inversión. Por ello demandamos servicios públicos de gestión pública, porque es la única manera de evitar la especulación con los derechos de personas mayores y de pendientes. 

No es conveniente que el 73,2% de las plazas residencialessean de titularidad privada, alcanzando en al gunas CC.AA. más del 80%. Existe, a nivel estatal, un déficit de más de 75.000 plazas residenciales, si se quiere cumplir con las recomendaciones de la OMS, que cifra en un 5% la necesidad de plazasresidenciales en relación con la población superior a 65 años. Es im prescindible un reequilibrio entre lo público y lo pri vado, a favor de lo público. 

Dada la escasez de plazas, es imprescindible el es tablecimiento de planes urgentes en todas las CC.AA. para la construcción o creación de residencias públicas, para cubrir como mínimo ese déficit y garantizar el ac ceso a plazas públicas a todas las personas que lo ne cesiten, manteniéndolas en su entorno más próximo. Es inaceptable desarraigar a las personas mayores del entorno social y familiar, concediéndoles plazas a 200 km. de distancia. 

Hay que revertir la privatización de las residencias, asumiendo la Administración la gestión directa una vez finalicen las correspondientes concesiones. 

Los directores y las directoras de los Centros deberán contar con titulación universitaria y haber realizado formación complementaria en dependencia, discapacidad, geriatría, gerontología, dirección de Cen tros Residenciales, u otras áreas de conocimiento relacionadas con el ámbito de atención a la dependencia; tal y como establece la Resolución de 2 de diciembre de 2008, de la Secretaría de Estado de Política Social, 

laPlataforma 

Familias y Atención a la Dependencia y a la Discapacidad. 

Asímismo, hay que diseñar un plan que garantice la atención a las personas a lo largo de su vida, en función de la evolución de sus necesidades y grado de dependencia (servicio de atención domiciliaria, pisos tutelados, etc.). 

5. MODELO RESIDENCIAL 

Frente al modelo hotelero imperante, defendemos un modelo de atención vinculado a los derechos inherentes a todo ciudadano, que tenga en cuenta sus necesidades particulares y colectivas, y que garantice y respete sus deseos en la atención y la vida cotidiana. En definitiva, un hogar en el que vivir plenamente la última etapa de su vida, de una forma digna, plena e integrada. 

Consideramos que las residencias no deben superar las 60 plazas, con habitaciones individuales para procurar el res peto a la intimidad y la mejora de sus condiciones de vida, ofreciéndoles un espacio vital propio; a la vez que facilite un adecuado aislamiento, de forma que se pueda minimizar el riesgo de contagios entre los residentes. 

Establecimiento de un periodo transitorio para el redimensionamiento de las actuales residencias. Acceso por parte de losresidentes al wifi o conexiones de internet de los centros, ya que actualmente muchos de los residentes son usuarios de las nuevas tecnologías. 

6. LEY DE DEPENDENCIA 

Exigimos el cumplimiento de los plazos de resolución de los expedientes de solicitud de las ayudas pre vistas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. 

Es, asímismo, imprescindible que el gobierno central mejore la financiación de la Ley de la dependencia y transfiera de manera urgente a las CCAA, tanto la deuda pendiente por dicho concepto de ejercicios anteriores, como la que corresponda al periodo actual y que le corresponde asumir. 

La existencia del sistema de concierto vasco y convenio económico navarro como factor diferencial en el Estado autonómico, hace que la financiación de los servicios sociales y de la dependencia de competencia autonómica sean exclusivamente con fondos propios. Exigimos que se mejore la financiación. 

Son inaceptables las inmensaslistas de espera existen tes en todas las CC.AA., que en la mayoría de los casos lo que buscan es no asumir el gasto que comporta la aprobación de los mismos, por lo que de forma inmediata debe darse una solución a estas personas. 

La actual situación es un drama para familiares y de pendientes, ya que la mayoría no puede asumir el coste 

Erradicación prioritaria y urgente de la asignación de plazas públicas en residencias ubicadas en localidades muy alejadas del entorno familiar, que conlleva en la práctica una brutal ruptura sentimental y física con todo el bagaje vital que ha acompañado a las personas, justo cuando más necesitan tener a su lado a su familia. Este distanciamiento forzado, este destierro, es una práctica inaceptable y un caso de tortura lacerante que se enfrenta de plano a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

7. PROTECCIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y PREVENCION DEL MALTRATO Se debe garantizar el respeto a los derechos fundamentales de los residentes, a la libertad de movimientos, a la salud, a la vida familiar, a la intimidad, a la propia imagen, a la libertad de expresión, el de recho de reunión y de asociación, etc. 

En todas las residencias debe existir protocolos contra el maltrato, donde se describan los distintos tipos de mal trato y los indicadores o signos de alarma para detectarlos y cómo actuar ante ellos. 

Asímismo, debe impartirse con regularidad formación a los trabajadores en prevención del maltrato. Frente al maltrato, tolerancia cero. Las faltas muy graves comportaran la sanción de retirada de la gestión y darán lugar a la exclusión de la empresa y responsables directos para futuros concursos de gestión en cualquier ámbito de la Administración, aunque se constituya nueva sociedad. En las residencias privadas deberá comportar su cierre. En todo caso, deberá ofrecerse una alternativa a los y las residentes afectados. 

En el resto de las sanciones, se deberá restar puntos del total obtenido por la empresa en cualquier concurso al cual pueda concurrir. 

“Frente al maltrato, tolerancia cero. Las faltas muy graves comportaran la sanción de retirada de la gestión y darán lugar a la exclusión de la empresa y responsables directos para futuros concursos de gestión en cualquier ámbito de la Administración” 

Se debe promover las modificaciones legislativas que sean necesarias para que los servicios de urgencias de los hospitales y los Centros de Atención Primaria tengan la obligación de informar al Ministerio Fiscal cuando detecten la posible existencia de un caso de maltrato. 

8. REPRESENTACIÓN Y PARTICIPACIÓN 

A) Representación institucional de familiares y usuarias en todas las instancias donde se tomen deci siones que les afecten (Comisiones, mesas, etc.). 

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada por el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea, el 7 de diciembre de 2000 en Niza, reconoce oficialmente, en su artículo 25, “el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente, y a participar en la vida social y cultural”, texto que viene a reforzar el artículo también 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1949. 

En 2014, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España, publicaba el “Marco de Actuación para las Personas Mayores”, una serie de propuestas y medidas para “fortalecer el ejercicio de los derechos de las personas mayores”. Se en tendía que había que facilitar “la participación real de los ma yores en la preparación, elaboración y adopción de las normas, estrategias o decisiones que les atañen”. Por último, la llamada Ley de Dependencia establece en su artículo 3, apartado k) La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familias y entidades que les representen en los términos previstos en esta Ley. 

Las personas mayores y dependientes y las organizaciones de sus familiares tienen derecho a expresar su opinión en todos aquellos foros institucionales donde se vaya a dis cutir su presente y su futuro, en el planteamiento y reforma de la concepción contemporánea de los servicios sociales, 

de la Ley de Dependencia, y la discusión sobre el nuevo o nuevos modelos de residencias, promoviendo su presencia activa en los órganos participativos y consultivos de las Administraciones públicas, Por lo tanto, conminamos a los poderes públicos a integrar definitivamente en los foros o instancias a cualquier nivel (estatal, autonómico y local), a las asociaciones de personas mayores y dependientes y sus familias, en la defensa de sus derechos reconocidos en las normas fundamentales. 

Debemos hacer a las instituciones un reproche en el sentido de que se está perdiendo una enorme oportunidad para favorecer la Gobernanza (Forma de gobierno basada en la interrelación equilibrada del Estado, la sociedad civil y el mercado para lograr un desarrollo económico, social e institucional estable) al no permitir una participación fluida y efectiva en la atención de los mayores. 

B) Representación de familiares y usuarios en las residencias 

Establecimiento de órganos de representación en todas las residencias, con independencia de su titularidad, pública o privada, con participación de familiares y residentes. 

Estos Consejos u Órganos de representación deben tener capacidad de decisión en los aspectos que conciernen directamente a la vida de los residentes, así como en todo aquello relativo al funcionamiento del centro y al cumplimiento de la normativa que regule su funcionamiento. 

Las reuniones tienen que ser, como mínimo, trimestrales, salvo que circunstancias excepcionales aconsejen la ce lebración de reuniones con mayor asiduidad, a petición de cualquier miembro del Consejo. 

C) Participación activa de los y las residentes en cualquier aspecto de la vida interna del centro que les afecten directamente, alimentación, actividades, terapias, etc. 

9. VISITAS Y SALIDAS DE LOS RESIDENTES. SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DE LOS PRO TOCOLOS 

Hay que garantizar a los residentes la libertad de movimientos, de interacción social y los derechos de ciudadanía de manera integral, igual que se garantizan al resto de población. Por eso se tiene que priorizar la aplicación de recursos para hacerlos posible antes de aplicar indiscriminadamente los confinamientos y los aislamientos. 

Exigimos que en todas las residencias libres de COVID o con brotes controlados se puedan hacer visitas diarias, mínimo una hora, y que se vaya ampliando en la medida que avance la vacunación entre la población hasta la normalidad absoluta. 

Se tiene que garantizar que en todas las residenciaslibres de COVID o con brotes controlados, los residentes puedan salir al exterior para hacer paseos, así como efectuar salidas de uno o más días. 

Se tiene que establecer algún sistema que permita mantener contacto físico entre familiares y residentes con Alzheimer o deficiencias cognitivas. 

Las direcciones de las residencias no pueden tener ningún margen de decisión respecto de las visitas y las salidas. No hay que olvidar que la gestión se encuentra, en gran parte, en manos de empresas privadas y los derechos fundamentales de las personas no pueden estar en sus manos. 

La Administración tiene que garantizar que las familias reciben información puntual y detallada de la situación del residente, así como de cualquier información que afecte a sus derechos. Los poderes públicos no pueden avalar ni permitir la actual política de opacidad por parte de las empresas gestoras. 

Es necesario que se adopten medidas para asegurar el cumplimiento en todas las residencias de los Planes o Protocolos de visitas establecidos por las CC.AA. e imponer las sanciones que correspondan por su incumplimiento. 

Se tiene que establecer un canal de comunicación, preferentemente telefónico, entre las familias y la Administración, para resolver de forma eficaz las dudas y problemas que encuentran muchas personas, puesto que a menudo las direcciones de las residencias impiden o limitan las visitas/salidas al exterior a sus familiares. No se trata de hacer un canal de reclamación o de denuncia, se trata de tener una herra mienta que permita una resolución muy rápida, como máximo dos días. Las personas mayores lo único que no tienen es tiempo, por eso una respuesta lenta no es una solución. 

Las Administraciones deben asegurar una vigilancia y control exhaustivo de las residencias, incluso interviniendo aquellas que tengan un brote infecto-contagioso descontrolado, para evitar riesgos a los re sidentes, además de recuperar los contactos con sus familiares y sus derechos constitucionales. 

10. LA JUSTICIA Y LOS PARLAMENTOS NO HAN ENTRADO EN LAS RESIDENCIAS Nos hemos encontrado con autos inaceptables en la forma y en el fondo que han redundado en la in famia, hasta el punto de soportar los familiares de las víctimas calificativos como “exhibicionistas mediáticos” proferidos por una jueza (Cangas do Morrazo, Pontevedra), a lo que se ha añadido la postura oficial de la Fiscalía General del Estado que quiso “destacar el extraordinario esfuerzo realizado por la inmensa mayoría de las residencias de mayores”, lo que sin duda choca frontalmente con la opinión y las experiencias de la gran mayoría de usuarias y familiares, que ven responsabi lidades graves directas del aparato directivo de los geriátricos. 

La Fiscalía de algunas CC.AA. lleva casi un año sin pronunciarse sobre decenas de denuncias por homicidio imprudente, omisión del deber de socorro, lesiones o denegación de auxilio, formuladas contra Direcciones de Residencias y cargos políticos responsables de las Consejerías de Sanidad y Políticas Sociales, como consecuencia de los protocolos y directrices para la no derivación de losresiden tes a los hospitales. Exigimos de las Fiscalías, como promo toras de la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos, se pronuncien sobre las posibles responsabilidades penales, civiles o administrati vas. Existe un interés social evidente en que se esclarezca qué ha pasado con las 40.000 víctimas de la Covid-19 en Residencias(incluidos aquellos fallecimientos de personas con síntomas, pero no certificados con esta enfermedad. 

Se requiere de un rigor y sensibilidad especiales de la Justicia para afrontar el análisis de unos acontecimientos todavía por investigar, y una inmersión (formación) de jueces, fiscales y secretarios judiciales en los derechos de las personas mayores. 

Sería deseable también que la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscala Delegada para la protección y defensa de los derechos de las personas mayores pusiese en marcha la red de fiscales especialistas que se debería haber desple gado en el territorio, y que a día de hoy, en su mayoría, todavía no están creadas. 

La tragedia humana de las residencias exige Comisiones en los distintos parlamentos autonómicos, estatales y de la Unión Europea, bien de investigación, Derechos Humanos o del ámbito de los servicios sociales. Se requiere en los par lamentos un relato exhaustivo de lo que ha sucedido en las residencias durante la pandemia, así como exigir en la agenda de todos los gobiernos un cambio de rumbo en la política de servicios sociales que evite el actual maltrato institucional a los derechos de las personas mayores y dependientes. 

la plataforma

mancheta 33