Román Rodríguez avisa que el anteproyecto legislativo mercadea con el medio ambiente y el territorio en contra de los intereses generales de Canarias

El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, cree que el periodo de exposición pública de la ley del suelo del jefe del Ejecutivo de CC y PSOE, Fernando Clavijo, se debe ampliar. El también portavoz parlamentario de NC afirmó que las alegaciones y críticas recibidas por el anteproyecto de ley aconsejan promover un mayor debate social. Rodríguez avisó que esta propuesta legislativa mercadea con el medio ambiente y con el territorio en contra de los intereses generales de Canarias.

El dirigente de NC llamó la atención sobre las organizaciones sociales y ambientalistas, como la Fundación César Manrique, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos en Canarias (COAG), Ben Magec, Turcon y el movimiento cívico Salvar Canarias; además de instituciones como el Cabildo de Gran Canaria y los ayuntamientos a través de la Fecam, que han alertado sobre las alarmantes consecuencias del citado anteproyecto de ley.

En opinión de Román Rodríguez, el sentido crítico de las alegaciones presentadas y opiniones expresadas aconsejan que se amplíe el periodo de exposición pública de un texto que "se ha hecho en un despacho, de espaldas a los ciudadanos y con el que nos jugamos el proyecto común y el futuro" de Canarias.

Se trata de una de las propuestas legislativas más importantes que se van a tramitar en la actual legislatura y, dada su incidencia en el desarrollo territorial, medioambiental y económico de las islas, el portavoz de NC planteó la necesidad de "promover un mayor" debate social. "Se va conformando una opinión crítica en las formas y en el fondo" cuando se ha conocido el texto, que "ha dejado en evidencia a Clavijo y a su propaganda y estrategia simplista", denunció Román Rodríguez.     

El presidente de NC mantuvo que este anteproyecto de ley, como la reforma de la norma turística también promovida por el presidente del Gobierno, son una “apuesta por un modelo desarrollista, que aniquila el trabajo de décadas" por la preservación del territorio, el medio ambiente y por un proyecto común de Canarias. Es una apuesta por el “mercadeo” del territorio y del medio ambiente en contra de los intereses generales de la comunidad, según Nueva Canarias.

Cada uno de los 88 municipios y siete cabildos, continuó, decidirá su propuesta porque el Ejecutivo renuncia a sus competencias en la materia. Se trasladan todas las responsabilidades, tal y como puntualizó, a las administraciones locales cuando, “en la actualidad y con menos competencias, muchos municipios de las islas necesitan del Gobierno” para redactar sus planes generales. Las consecuencias, según el presidente de NC, son que “no habrá una simplificación administrativa, que se provocará una mayor inseguridad jurídica y un incremento de los litigios judiciales.”

La desregulación promovida también es “muy preocupante” para NC. Se refería Rodríguez a la posibilidad de construir cualquier tipo de proyecto público o privado, en cualquier categoría de suelo salvo el rústico de protección ambiental, sólo con que se declare de interés insular o autonómico. También a los aspectos relativos a las ordenanzas municipales e insulares con las que se dotan de unas normas urbanísticas hasta que se aprueben los planes generales y, en tercer lugar, la incidencia sobre el suelo rústico, para dar cabida a cualquier tipo de actividad.