NO ES PRESUPUESTO PARA LA JUSTICIA SOCIAL Y LA GARANTÍA DE DERECHOS

POR UNOS PRESUPUESTOS JUSTOS Y SOLIDARIOS

NO NOS SALEN LAS CUENTAS

En Canarias  unas 800.000 (37,9%) están bajo el umbral de la pobreza, con privación material severa y baja intensidad de empleo en sus hogares. Nueve puntos más que la media estatal, la 3º tasa más alta de AROPE del estado. En el 2015 se han sumado 17.000 personas más a estar en riesgo de pobreza( 0 a 667 euros al mes). Contamos con 280.000 personas(13,3%) o sin ingresos o inferiores a 332 euros mensuales, es decir contamos con el índice de pobreza extrema más alta del estado español, creciendo en los dos últimos años cinco puntos porcentuales.

Con carencia material severa unas 260.000 personas(12,4%), que no pueden hacer frente al menos a 4 de 9 conceptos de consumo básico. Es la tasa de privación más alta de todas las CC.AA., el doble que la media estatal.

El 20,8% de la población con menos de 60 años vive en hogares con baja intensidad del empleo, cinco puntos porcentuales por arriba de la media estatal.

Mientras crece en los presupuestos para el 2017 los millones para pagos a empresas privadas y a familias e instituciones sin fin de lucro, profundizando en el espíritu privatizador y de desmantelamiento de los servicios públicos en Canarias; el dinero que se invierte, para empleo, política social y vivienda por persona al año es de 201 euros, siendo el 6,7% del presupuesto total. Si miramos lo dedicado a Acción social, con unos 302 millones, se invierte 143 euros al año por persona y 377 euros al año si sólo se repartiera directamente para la gente en situaciones de empobrecimiento.

Así que de cada 100 euros del presupuesto 4 van para programas de acción social, entre los que están la atención a niñ@s, personas con diversidad funcional, personas empobrecidas...

NO NOS CUENTEN CUENTOS

Creemos que se ha mentido al afirmar que estos son los más sociales desde que se empezó la crisis, un ejemplo es que desde el gobierno se asegure que el aumento para la partida de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda es de un 10% cuando la realidad es que sube un 6,45%. Por otra parte detectamos por programas un recorte en las partidas de: Prestaciones y otras ayudas sociales  un 10,04% menos, prevención e intervención en el área del menor y la familia un 1,35 %, Atención a personas con discapacidad recortan un 0,03% y Fomento del Empleo un 23,68 menos que el año anterior. Aunque si se observa un aumento en las otras partidas éstas no son significativas.

Nos llama la atención  que los gastos los han colocado de forma distinta al año pasado, Por ejemplo el 2016 hablaban de sanidad y acción social (47,2% del gasto) y en 2017 sanidad y acción social y justicia (49% del gasto), con lo que el aumento no es tal ya que han metido dentro el gasto de justicia. Si vamos a los cuadros también, cambia con lo que tampoco lo podemos comparar por año; un ejemplo en 2016 se habla de empleo, acción social y vivienda por separado y en 2017 aparecen todas juntas. Todo esto hace que la fiscalización de los presupuestos al Gobierno de Canarias por parte de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil sea un trabajo casi imposible.

En gastos en personal fijo cae de 95.514.313 en 2016 a 88.593.084 en 2017 y solo sube un 2,78 el personal eventual. No aparece la necesaria reposición e incremento de personal en políticas sociales.

No aparecen partidas concretas para el desarrollo de la nueva ley de servicios sociales que este Gobierno ha presentado como la cura de todos los males y que sin ficha  financiera no será más que una pérdida de tiempo y oportunidades. Además, no se establecen partidas específicas para el traspaso de competencias en materia de sanidad, educación y servicios sociales de los municipios  de menos de 20.000 habitantes. Acción que se contempla tanto en el Plan Presupuestario 2017, Informe de Acción Efectiva presentado a Bruselas por el Gobierno estatal y que pone de nuevo en marcha la reforma de la Administración Local, a través de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; como en los artículos 28 y 29 del Anteproyecto de Ley de Servicios Sociales de Canarias.

Con estos presupuestos se seguirá incumpliendo la actual ley de Servicios sociales de Canarias, la ley de prestación Canaria de inserción, la aplicación de la ley de promoción a la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia...cometiendo injusticias desde el marco del Gobierno de Canarias.

En la función de actuaciones de protección y promoción social en diez años ha bajado la partida en 133 millones, en comparación con el 2010, hace 7 años ha descendido en 324 millones. Que desde el 2016 al 2017 haya crecido en 274 millones está bien, pero es insuficiente, aún no alcanza y no se ha incrementado, como hemos comprobado en una mirada a través de los años.

LAS CUENTAS CLARAS, PARTICIPADAS Y REDISTRIBUTIVAS

Exigimos que el Gobierno de Canarias desarrolle unos presupuestos ciudadanos y participativos; unos presupuestos que aumente la partida de servicios sociales públicos para que den respuesta a toda la población, especialmente a las personas en situaciones de exclusión; unos presupuestos que  contengan medidas de control del fraude fiscal y la economía sumergida, que no apoyen mecanismos que merman nuestra capacidad fiscal como la RIC; y que no aumenten los impuestos indirectos y no los directos, cargando así más a las clases medias y bajas, y no al gran capital.

Sobre esto último, el aumento de los impuestos indirectos suben un 8,6 %, y los directos caen un 1,6 % respecto a los presupuestos del 2016, y vuelven a subir los beneficios fiscales que ascienden a 1.777,6 millones de euros, 397,5 millones más que en 2016, llevando a cabo una devaluación fiscal. Además, atendiendo a los datos de las balanzas fiscales publicadas por Hacienda y al estudio el Sistema de Cuentas Públicas Territorializadas, el Gobierno de Canarias tiene margen para subir la presión fiscal de nuestra comunidad y con ello recaudar más recursos para nuestro endeble sistema de bienestar, ya que recaudamos menos que Comunidades Autónomas con un PIB per cápita menor que el Canario, como Extremadura, Andalucía, Castilla la Mancha y Murcia, y las ciudades de Ceuta y Melilla.

TOMEN YA EN CUENTA A LAS PERSONAS 

El actual Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria 2017, sigue dando la espalda a los grupos más desfavorecidos y vulnerables, víctimas de la desigualdad en la redistribución de la riqueza.

Poner en el centro de las políticas a las personas es garantizar sus derechos y la satisfacción de sus necesidades y eso es finalidad y tarea de los Servicios  Sociales, que están nuevamente invisibilizados en las cuentas del Gobierno.

Poner al centro a las personas es garantizar ingreso de rentas a todas las personas que vivimos aquí, empezando con urgencia por las personas en situación de pobreza extrema.

Tomen en cuenta a las personas, con cuentas claras, participadas y redistributivas, sin cuentos, con Justicia y solidaridad.