Plataforma por la nacionalización de las cajas de ahorro y por una banca pública

(http://www.bancapublica.info)

 

COMUNICADO

QUE NO NOS ROBEN MÁS

No a la privatización de las cajas y bancos nacionalizados

Deben ser la primera pieza de una banca pública, gestionada en beneficio de todos, de forma democrática y transparente.

Hay que decirlo alto y fuerte: La privatización de las entidades bancarias nacionalizadas (Bankia, Novagalicia Banco y Catalunya Caixa) es lisa y llanamente un robo. Llamamos a todas las entidades sindicales, sociales y políticas de la izquierda a movilizarse con todos los medios a su alcance para denunciarlo y exigir la creación de una banca pública. Para evitar su quiebra, el Estado ya ha puesto 112.513 millones de euros en ayudas de todo tipo (43.529 millones de euros en capital, 34.733 millones de euros en adquisición de activos y 34.251 millones de euros en avales a emisiones de deuda). A eso hay que añadir los préstamos que estas entidades han contraído con el Banco Central Europeo (98.972 millones de euros) del que el Estado es último garante.

 

ENTIDADES NACIONALIZADAS

(DATOS A 31/12/2012)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FROB, Tesoro Público, SAREB y balances de las entidades

Ahora pretenden vender Catalunya Caixa y Novagalicia Banco ¿Qué esperan sacar por ellas? El Santander ofreció quedarse con Catalunya Caixa por un euro, a cambio de que el Estado pusiera entre 2.000 y 3.000 millones de euros más de capital, y se quedase con los 3.000 millones en créditos de baja calidad de la entidad: unos 5.000 ó 6.000 millones más públicos que se sumarían a los ya aportados.

No es la primera vez que lo hacen. Un euro pagaron el Sabadell, BBVA y Caixa por la CAM, Banco Gallego, UNNIM y Banco de Valencia. Todas estas entidades fueron entregadas después de ser saneadas con dinero y garantías públicas contra futuras pérdidas.

El Estado, a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), ha declarado que espera lograr 900 millones de euros. Como vemos, en cualquier caso no se resarcirá al Estado por dinero invertido y será un regalo a la entidad financiera privada que lo compre, la cual aumentará el volumen de depósitos que controlará y ampliará su capital, mejorando su propia situación financiera sin arriesgar nada.

En resumen, las entidades nacionalizadas, una vez saneadas con dinero público, se regalan a los bancos privados para ayudarles a sanear sus propias cuentas. Todo el sistema financiero estaría en quiebra si no fuera por las ayudas públicas, que a finales de 2012 alcanzaron los 269.609 millones de euros, a las que hay que sumar préstamos del BCE por 371.140 millones de euros. El sistema bancario español ha precisado en total de 640.749 millones de ayudas públicas sin que haya resuelto su problema de solvencia.

Las cajas de ahorro sólo han sido convertidas en cabeza de turco para ocultar esa realidad y sanear al conjunto del sistema. Beneficios millonarios para una minoría durante los años del auge económico, pérdidas ahora para la mayoría: desahucios, despidos, estafas como las preferentes y recortes del gasto público. El erario público se hipoteca asumiendo las pérdidas de las entidades financieras y recorta el gasto social. Y es que el volumen de pérdidas acumuladas por los bancos es tan grande que las Administraciones Públicas quedarán hipotecadas a perpetuidad para pagarlas.

La política de recortes sociales y derechos laborales, y la reforma del sector financiero, son dos caras de una misma moneda. Están haciéndonos pagar, sobre todo a los trabajadores, los platos rotos de su sistema, el capitalista. En conjunto, se está produciendo una brutal transferencia de renta de los asalariados y capas más humildes de la sociedad a las más ricas, con un crecimiento drástico de las desigualdades.

Por eso decimos que están usando el dinero público para salvar a los banqueros, no a los bancos. Los grandes accionistas de los bancos son tan poderosos porque dominan el ahorro de la sociedad. Y ahí está el quid de la cuestión. No se puede dejar en manos privadas la gestión de los ahorros porque, en una sociedad capitalista como la que vivimos, las empresas compiten entre ellas por el máximo beneficio. Con su carrera desenfrenada de creación de dinero, ponen en riesgo los ahorros de todos. Las medidas adoptadas durante esta crisis solo agravarán la situación. La concentración de entidades bancarias pagada y estimulada con dinero público sólo servirá para garantizar nuevas crisis y burbujas y de más gravedad.

La única solución real es que el sector financiero sea público y controlado democráticamente, que es lo que faltó en las Cajas de Ahorros. Y que nuestros ahorros se empleen de forma transparente y racional y con criterios de eficiencia social y medioambiental además de económica, en beneficio del progreso de toda la sociedad y no para el lucro de una minoría.

El primer paso que exigimos es que no se privatice ninguna de las entidades nacionalizadas, sino que se las convierta en el primer pilar de una banca pública. Es la única manera de no arrojar por la borda la enorme cantidad de dinero público ya empleado en sanearlas, y poner los ahorros depositados al servicio de las necesidades sociales.

 

SÍ HAY ALTERNATIVA

 

-    Nacionalizar de forma integral y definitiva todas las cajas de ahorros y sus bancos participados, a fin de convertirlos en el pilar central de una banca pública. Rechazamos la política de sanear entidades con dinero público para, luego, privatizarlas.

-    Todas las ayudas públicas que puedan necesitar el resto de entidades bancarias (incluidos los préstamos del BCE) se transformarán en acciones públicas, con entrada de representantes públicos en los consejos de administración de las mismas. Todas las entidades financieras tienen problemas similares, y todas han de contribuir a sanear el conjunto del sector.

-    No se transferirá ni un solo euro público más a ninguna entidad hasta que se complete una auditoría pública y transparente de las cuentas de todas las entidades financieras españolas que permita establecer un plan de saneamiento efectivo. La auditoría incluirá a las grandes empresas, dado que ellas son las responsables de la mayor parte de la deuda.

-    La auditoría la realizará un organismo público formado por técnicos no vinculados a los órganos directivos de las entidades financieras, bajo supervisión democrática y sus resultados serán públicos y expuestos de forma asequible para todos los ciudadanos. Esta investigación ha de servir para establecer el estado real de los balances de los bancos y grandes empresas, así como quiénes son los acreedores de dichas deudas y quiénes se han beneficiado de la política de sobreendeudamiento practicada durante los años de auge económico.

-    Hasta que no esté terminada la auditoría se decretará una moratoria en el pago de la deuda pública, la cual también tendrá que ser sometida a una auditoría por el mismo procedimiento y con los mismos criterios que la realizada a las entidades financieras.

-    Una vez finalizada la investigación se establecerá el siguiente criterio para sanear los balances de las entidades:

-    Los primeros en asumir las consecuencias de su situación deben ser los accionistas y bonistas.

-    Los siguientes, los acreedores. A partir de la información suministrada por la auditoría se establecerá qué deuda devolver y qué deuda se considera ilegítima y, por tanto, no se devolverá, forzando una quita de la deuda. No podemos perder de vista que durante años acreedores e inversores han obtenido beneficios espectaculares mediante la especulación con el ladrillo, la edificación de obra civil que no ha aportado ningún beneficio a la sociedad, etcétera. La devolución del resto se reestructurará de forma que no impida el desarrollo de la sociedad.

-    Sólo después de dar los anteriores pasos, se inyectará dinero público a fin de garantizar los depósitos de los impositores.

-    Se debe abrir una investigación judicial para depurar las responsabilidades de los directivos y grandes accionistas de las entidades bancarias.

-    Se respaldarán las medidas legales oportunas para defender los derechos de todos los pequeños accionistas forzosos que hayan sido engañados en beneficio de las entidades financieras para que suscriban productos financieros de alto riesgo.

-    La Banca Pública establecerá una nueva estructura de dirección realmente democrática a partir de los siguientes criterios:

-    Elección democrática y transparente de todos los integrantes de la misma.

-    Limitación de los salarios de todos los directivos al salario de un trabajador público equivalente.

-    Incompatibilidad para formar parte de la dirección de cualquier persona que haya formado parte de los consejos de administración de otras entidades financieras durante los últimos 10 años. Igualmente, ningún directivo de la banca pública podrá incorporarse a los consejos de administración de entidades financieras privadas en los siguientes 5 años de abandonar el cargo.

-    Limitación de mandatos. Nadie podrá integrar los consejos de administración de las entidades más de 4 años consecutivos.

-    Obligación de rendir cuentas anual y públicamente, en los parlamentos de las diferentes comunidades y central, en un lenguaje asequible para todos los ciudadanos.

-    Se establecerá un control efectivo del movimiento de capitales y se intervendrán las sucursales o filiales de bancos españoles en paraísos fiscales, a fin de evitar que las grandes fortunas eludan sus responsabilidades fiscales y sociales. La banca pública no podrá abrir sucursales en paraísos fiscales.

-    Se restaurará el Fondo de Garantía de Depósitos, que ha sido indebidamente empleado para sanear las deudas de los bancos cuando se creó para proteger los depósitos de los ciudadanos ante posibles quiebras bancarias.

-    El parque de viviendas vacías en manos de los bancos pasará a engrosar un parque público de viviendas, que se alquilarán a precios asequibles mediante una empresa pública de alquiler.

-    Se les condonará la deuda a todas las personas desahuciadas por falta de recursos, aplicando la dación en pago con carácter retroactivo. En los casos de familias que se vean amenazadas por el desahucio por imposibilidad de pagar las cuotas de su vivienda, se les aplicará la dación en pago incorporando la vivienda al parque público y podrán seguir viviendo en ella a cambio de una renta asequible.

-    Todas las participaciones en empresas de las entidades financieras pasarán a manos públicas.

-    Las entidades se vincularán también a sus territorios, pasando su actuación a estar coordinada con las diferentes administraciones, formando parte de sus planes de desarrollo económico y social. Su prioridad será que los ahorros de la sociedad se gestionen en beneficio de la sociedad, con criterios de eficiencia económica y social.

-    La Obra Social de las Cajas, cuya utilidad social se acredite, se incorporará mediante un proceso adecuado a los servicios sociales de las diferentes administraciones.

-    Se garantizarán unas buenas condiciones a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que tengan domiciliada la nómina en la entidad.

-    Se habilitarán líneas de crédito suficientes para pequeñas y medianas empresas, y familias.

-    Cese de los despidos de trabajadores y trabajadoras, tanto de la parte financiera como de su Obra Social y fundaciones. Es necesario defender los puestos de trabajo, en condiciones dignas, además de que existan medios para una atención adecuada a los impositores de la entidad.

 

Julio de 2013

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