Una nueva agenda urbana para las ciudades europeas, manifiesto de Carmena, Colau e Hidalgo
Las ciudades de Barcelona, Madrid y París se han unido para reclamar a los Estados que abran espacios de gobernanza locales y garanticen el financiamiento necesario. En un manifiesto conjunto de las alcaldesas de las tres ciudades, Ada Colau, Manuela Carmena y Anne Hidalgo, aseguran que “estamos ante un cambio de época” y defienden que las urbes no pueden tener únicamente un papel de observadores. Destacan además la capacidad de cooperación e innovación de las ciudades y la necesidad de superar su “infrafinanciamiento crónico”.
Vean la crónica de LA VANGUARDIA y el texto del manifiesto
Entre los días 15 y 20 de octubre se celebrará en Quito la conferencia Habitat III, donde se debatirá acerca de cuál tiene que ser la agenda urbana para los próximos años. Sin embargo, una vez más, serán los representantes de los estados, y no de las ciudades, quienes decidirán sobre los acuerdos que van a incidir en la vida de más de la mitad de los habitantes del planeta. Esta situación resulta chocante, teniendo en cuenta que será indispensable la colaboración de los gobiernos locales para el despliegue de la nueva agenda.
A lo largo de estos años, nuestras ciudades han participado en distintas redes urbanas y foros internacionales donde se ha puesto de manifiesto que los gobiernos locales son quienes tienen mayor facilidad para llegar a acuerdos y generar respuestas innovadoras frente a los problemas globales. Allí donde los estados compiten, las ciudades cooperan. Por ello, desaprovechar esta capacidad de cooperación e innovación supone tanto un déficit democrático como un coste de oportunidad que tan solo se explica por la inercia del pasado y por la voluntad de los gobiernos nacionales de mantener acotado su monopolio de decisión en la escala internacional.
Estamos frente a un cambio de época en el que las ciudades somos a la vez parte del problema y de la solución. Por ejemplo, si las áreas urbanas somos responsables del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, también hemos sido las principales impulsoras de iniciativas medioambientales orientadas a combatir el cambio climático desde la Agenda 21 Local hasta el fomento de la rehabilitación energética y la apuesta por una movilidad sostenible. Lo global ya no es pensable sin lo local, ni lo local sin lo global, por lo que resulta incongruente relegar las ciudades al papel de observadoras en los grandes debates globales. Los organismos transnacionales, si quieren ser efectivos, tienen que adaptarse a esta nueva realidad, abrir los espacios de gobernanza y establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de la agenda urbana en la que participen las ciudades.
Los estados tienen cada vez más dificultades para dar respuesta a las demandas ciudadanas y hacer frente a los desafíos más importantes de nuestro presente: el incremento de las desigualdades socioespaciales, la aceleración del cambio climático y los desplazamientos de población que huyen de zonas de guerra, miseria o desastres naturales. En cambio, las ciudades contamos con el conocimiento, el valor de la proximidad y la fuerza de la inteligencia colectiva para afrontar estos problemas globales. De hecho, los gobiernos locales ya lo estamos haciendo, si bien con recursos escasos y competencias mal definidas. A pesar de la infrafinanciación crónica que padecemos los gobiernos locales, hemos demostrado sobradamente que las ciudades podemos hacer más con menos. Por ello, la creación de una nueva agenda urbana no puede soslayar el debate acerca de la financiación de los entes locales. Los estados deberían asegurar los recursos suficientes para que las ciudades puedan desarrollar sus políticas de forma eficiente, destinando como mínimo un 25% a la financiación de los entes locales. A su vez, los fondos globales y europeos tendrían que permitirnos a las ciudades acceder a los mecanismos de financiación globales actualmente restringidos a los estados.
Si en la esfera internacional es cada vez más necesario contar con las ciudades, en el ámbito europeo se trata de un imperativo ineludible. Europa ha sido construida a través de sus ciudades, tal y como atestiguan las redes de intercambio de mercancías, conocimientos y personas que han moldeado la historia urbana de nuestro continente hasta el presente. El proceso de integración europeo, mediante la progresiva traslación de la soberanía estatal al ámbito comunitario, abrió la posibilidad de profundizar esta cooperación transnacional entre las distintas ciudades y favoreció la creación de redes urbanas transnacionales, la cooperación entre los gobiernos locales y la creación de una identidad ciudadana basada en los valores de la democracia, la diversidad y el cosmopolitismo.
La creación de una nueva agenda urbana europea tiene que incorporar aquellas problemáticas comunes que compartimos las ciudades del continente: desde los grandes problemas globales —como el incremento de las desigualdades, el cambio climático y la población desplazada en busca de refugio—, hasta el impacto del turismo, la gestión pública del agua, la transición energética y el fomento de una economía productiva, diversificada y responsable.
Sin embargo, dicho proceso se encuentra hoy amenazado por la crisis de la Eurozona, que ha hecho tambalearse los principios del proyecto europeo a través de las políticas de recortes y austeridad que erosionan el estado de bienestar, las políticas de recentralización que limitan los recursos y las competencias de los entes subestatales y la restricción del derecho de asilo, que supone una de las afrentas más graves a nuestros valores fundacionales. Frente a las políticas de repliegue nacional que fomentan la xenofobia y el euroescepticismo, las ciudades europeas tenemos la responsabilidad añadida de fortalecer la cooperación intermunicipal y constituirnos en bastiones de defensa de los principios democráticos que impulsaron el proyecto europeo.
Manuela Carmena
Ada Colau
Anne Hidalgo