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15:10h. Miércoles, 23 de octubre de 2019

Nueva Canarias considera que el Consejo Consultivo de Canarias da un varapalo jurídico a la Ley del Suelo

 

román nueva canariasCuestiona la técnica jurídica, la inseguridad que genera, las numerosas imprecisiones del texto y la afección a competencias estatales

 

Cuestiona la técnica jurídica, la inseguridad que genera, las numerosas imprecisiones del texto y la afección a competencias estatales

 

Nueva Canarias considera que el Consejo Consultivo de Canarias da un varapalo jurídico a la Ley del Suelo

 

  • El Consultivo critica la derogación de las directrices y refuerza las competencias de la COTMAC, incluido el informe de legalidad
  • Cuestiona la discrecionalidad de las ordenanzas provisionales y de los proyectos de interés insular y autonómico
  • Respecto al suelo rústico, el informe advierte de que se permiten actividades impropias, contradictorias con el desarrollo sostenible

 

 

Román Rodríguez, portavoz parlamentario y presidente de Nueva Canarias, considera que una primera lectura del informe del Consejo Consultivo de Canarias sobre la Ley del Suelo refuerza la crítica política que su organización y otros colectivos vienen realizando. “Supone un elegante varapalo jurídico al texto elaborado por el Gobierno canario, cuestionando elementos esenciales del mismo”, asegura. Entre otros, los referidos a la derogación de las directrices, al control de legalidad y a la discrecionalidad en las ordenanzas provisionales y en los proyectos de interés insular o autonómico, así como a las actividades permitidas en suelo rústico

En opinión de Román Rodríguez, el extenso informe del Consultivo confirma muchas de las debilidades y contradicciones de la Ley del Suelo. Destaca, en primer lugar, la crítica del Consultivo a la técnica jurídica, a la inseguridad que genera y a las numerosas imprecisiones del texto. Igualmente se cuestiona la afección a competencias estatales.

 

Informe de legalidad

En coincidencia con los postulados que ha venido planteando Nueva Canarias, el Consultivo defiende la existencia y el papel relevante de la COTMAC y que el informe de una actuación sobre el territorio y el medio, además de ser preceptivo y vinculante, debe contar con un informe de legalidad y con su incidencia en todas las competencias supramunicipales. En caso contrario, el planeamiento incurriría en nulidad de pleno derecho.

Considera, asimismo, que la administración autonómica no puede hacer dejación de sus competencias en la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente.

El presidente de NC apunta, asimismo, que el Consultivo realiza una dura crítica a la derogación de las directrices de ordenación, señalando que se genera inseguridad jurídica y que se produce un vacío legal. Lo que entra en contradicción con el objetivo de alcanzar un modelo de desarrollo sostenible.

En su actual formulación, la Ley del Suelo casa difícilmente con el artículo 9 de la Constitución, que señala lo siguiente: “La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

Por otra parte, el Consejo Consultivo entiende que las ordenanzas provisionales tienen que contar con informe vinculante, argumento extensible a

los Proyectos de Interés Insular, y pone énfasis en la discrecionalidad a la que puede llevar el urbanismo de proyecto frente al vigente urbanismo de plan, siendo este último uno de los ejes que vertebra el derecho urbanístico.

Asimismo, resalta que la propuesta del Ejecutivo consagra el urbanismo de proyecto frente al planificador, lo que rompe con elementos básicos de una concepción racional del urbanismo. Considera, asimismo, que la administración autonómica no puede hacer dejación de sus competencias en la ordenación del territorio y la protección del medio ambiente.

Respecto al suelo rústico, otro de los elementos más cuestionados de la Ley, el informe advierte de que se permiten actividades impropias, contradictorias con el desarrollo sostenible. En ese sentido, alerta sobre el choque con la legislación básica que limita el destino de terrenos con condición rural a uso agrícola, ganadero, forestal cinegético o vinculado a la utilización racional de los recursos naturales.

 

Impacto económico

Por último, el Consejo Consultivo llama la atención sobre la ausencia de informe sobre el impacto económico de la Ley del Suelo, tanto en las administraciones como en el conjunto de la economía canaria.

Para Román Rodríguez, el informe del Consejo Consultivo confirma las debilidades, contradicciones e imprecisiones de una Ley del Suelo que, de ser aprobada en sus actuales términos, tendrá graves consecuencias sobre la cohesión territorial, económica y social de Canarias. Favoreciendo el desarrollismo, alejándose de un modelo equilibrado y sostenible, y debilitando el proyecto común de Canarias. 

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