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viernes, 19 de abril de 2024 00:10h.

Nueva Canarias denuncia que el Estado gastó casi 370 mil euros en colocar a 32 personas en Canarias a través de empresas de trabajo temporal

 

MARÍA JOSÉ LÓPEZ SANTANA NCLa senadora López Santana: "Estos datos dejan en evidencia el fracaso de la privatización encubierta del sistema público de empleo impulsado por el Gobierno del PP"

Nueva Canarias denuncia que el Estado gastó casi 370 mil euros en colocar a 32 personas en Canarias a través de empresas de trabajo temporal

 

La senadora López Santana: "Estos datos dejan en evidencia el fracaso de la privatización encubierta del sistema público de empleo impulsado por el Gobierno del PP"

La senadora de Nueva Canarias (NC) por la isla de Gran Canaria, Mª José López Santana, ha denunciado hoy que el Estado gastó casi 370.000 euros en colocar a 32 personas en Canarias a través de varias empresas de trabajo de temporal (ETTs). Para la parlamentaria nacionalista de izquierdas, “estos datos -obtenidos a raíz de una pregunta con respuesta escrita al Gobierno- dejan en evidencia el fracaso de la privatización encubierta del sistema público de empleo impulsado por el Gobierno del Partido Popular”.

Para López Santana, el Ejecutivo ‘popular’ no sólo está “invadiendo competencias” en el terreno de las políticas de empleo, que están transferidas a las Comunidades Autónomas, sino que también “está destinando ingentes cantidades de dinero público a empresas de trabajo temporal que no están cumpliendo con los objetivos de encontrar trabajo a las personas desempleadas”.

A su juicio, el marco regulatorio elaborado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en 2013, para que las empresas privadas pudieran obtener ingresos procedentes de las comunidades por encontrar trabajo a parados, es un “claro intento de privatizar” el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), "creando una administración paralela” que se ha demostrado “ineficaz”, critica López Santana.

Según los datos ofrecidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en respuesta a la pregunta formulada por la senadora de Nueva Canarias, en la Comunidad Autónoma de Canarias son siete las agencias de colocación colaboradoras con los servicios públicos de empleo a las que se habrían remitido 17.453 personas para su colocación, y de las que tan sólo 32 habrían sido insertadas (0,18%), según el concepto y los periodos que estipula el Acuerdo Marco, es decir, personas que “deben estar contratadas durante seis meses en un periodo de ocho meses desde que se inició el primer contrato de trabajo”.

Para López Santana, estos datos “son escandalosos y contrastan” con los ofrecidos por el Servicio Público de Empleo de Canarias, cuya intermediación para recolocar a trabajadores en paro “es mucho más eficaz y eficiente” que la de las ETTs. “No se comprende que el Estado destinase 100 millones de euros a esas Agencias de Colocación en todos los territorios en 2016, 6,1 millones en el Archipiélago canario, que los resultados sean tan pobres y que nadie asuma su responsabilidad”, reprocha la senadora canaria.

La parlamentaria nacionalista ha registrado hoy dos preguntas sobre la valoración que hace el Gobierno de su plan para utilizar ETTs para la inserción laboral de personas desempleadas a la luz de los datos obtenidos, y sobre la existencia de un proceso de evaluación, control y seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo por estas empresas. Además, también ha solicitado un informe sobre cuántas y cuáles son las agencias de colocación privadas que prestan sus servicios en cada Comunidad Autónoma, con arreglo al plan puesto en marcha por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de contratación de empresas privadas de recolocación de personas desempleadas, y las retribuciones percibidas por estas empresas por este concepto y las personas que han conseguido insertar laboralmente. 

En la pregunta escrita que dio origen a la respuesta del Ejecutivo, la senadora de NC cuestionaba al Gobierno acerca de que en el año 2015 el departamento dirigido por Fátima Báñez pusiera en marcha un concurso con el fin de contratar empresas privadas de recolocación de personas desempleadas en todo el territorio estatal. Un sistema que ya fue denuncado en el País Vasco por "invadir sus competencias" y al que los tribunales dieron la razón.

 

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