Nueva Canarias señala que la advertencia de Rabat evidencia que la decisión de sobre las prospecciones ha sido apresurada y oportunista

 Pedro Quevedo asegura que el Gobierno de España y el ministro Soria han despertado un antiguo contencioso sin resolver, el establecimiento de la mediana y la soberanía sobre las aguas

 Nueva Canarias señala que la advertencia de Rabat al gobierno de Mariano Rajoy sobre la autorización de las prospecciones petrolíferas a Repsol en aguas cercanas al Archipiélago, evidencia que la decisión que tomó el Consejo de Ministros fue “apresurada y oportunista”.

 Así lo asegura, Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias en el Congreso, que recuerda que el problema de la mediana entre España y Marruecos no ha sido resuelto y, en consecuencia, ha despertado un antiguo contencioso con el reino alauí, que considera suyas las aguas en las que Repsol va a realizar las prospecciones.

 “Ya lo advirtió Nueva Canarias”, asegura el diputado nacionalista, que recuerda que en la Proposición No de Ley (PNL), que ha registrado y será debatida la próxima semana en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso, se recoge que la actual coyuntura de aprobación de las prospecciones petrolíferas “es una oportunidad excelente” para abordar un problema de vital importancia para Canarias, la definición de la mediana entre España y Marruecos. Con ello se establecerá la zona económica exclusiva española y canaria, lo que a su vez contribuirá a resolver el problema de la competencia sobre las aguas entre Canarias y el Estado, y además definirá un estatus que generará tranquilidad a las partes.

 “No es tranquilidad, precisamente, lo que se desprende de las declaraciones del ministro marroquí” de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, Abdelkader Amara, apunta Quevedo que reitera que éstas se derivan de las prisas del Gobierno de España y del ministro Soria por dar luz verde a una autorización que “perjudica los intereses canarios”.

 Sin embargo, espera que este hecho suponga una oportunidad para que el Gobierno español recapacite su decisión y empiece de nuevo el proceso estableciendo un debate con las autoridades y la sociedad canaria, con información veraz y respeto institucional para alcanzar un consenso, ya que se trata de una decisión que afecta a la principal industria del Archipiélago, el turismo y a su principal riqueza, el medioambiente.