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jueves, 28 de marzo de 2024 09:57h.

Nueva Canarias señala que la suspensión cautelar de la Ley Canaria de Vivienda “estaba cantada”

Los gobiernos de CC-PP y de CC-PSOE, teniendo competencias exclusivas, no hicieron nada durante siete años de crisis. Nueva Canarias (NC) señala que la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional de la Ley Canaria de Vivienda “se veía venir”, así se expresó Isabel Saavedra, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que va de número siete a las listas de la formación nacionalista al Parlamento de Canarias por Gran Canaria.

Nueva Canarias señala que la suspensión cautelar de la Ley Canaria de Vivienda “estaba cantada”

Los gobiernos de CC-PP y de CC-PSOE, teniendo competencias exclusivas, no hicieron nada durante siete años de crisis

Nueva Canarias (NC) señala que la suspensión cautelar por parte del Tribunal Constitucional de la Ley Canaria de Vivienda “se veía venir”, así se expresó Isabel Saavedra, presidenta de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que va de número siete a las listas de la formación nacionalista al Parlamento de Canarias por Gran Canaria.

En su opinión esta ley fue elaborada por el Gobierno de Canarias con el objetivo de “maquillar” su gestión y dar la impresión de que se estaba haciendo algo para poner solución al drama de los desahucios en las islas. Sin embargo, el ejecutivo de CC-PSOE era consciente de que esta ley iba a ser recurrida por parte del Gobierno central del Partido Popular ante el Tribunal Constitucional, “porque así lo ha hecho con la ley andaluza y navarra”, que son la versión original de la ley canaria.

Saavedra apunta que la ley “estaba avocada al fracaso” porque, entre otras cosas no fue dotada con una partida presupuestaria, ni fueron puestas en marcha medidas alternativas, como la elaboración de un registro de viviendas vacías.

 

Tarde y mal

Por su parte, el presidente y candidato de NC a la Presidencia del Gobierno, Román Rodríguez, subraya las palabras de Saavedra y añade que su formación fue muy crítica con esta ley, aunque la apoyaron porque compartían el objeto último: parar los desahucios. Sin embargo, advirtieron que “no llegaría a ningún lado” por la figura de la expropiación temporal, también recogida en las leyes navarra y andaluza que había tenido que ser corregida por su impugnación ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno central.

“En siete años de crisis y teniendo competencias exclusivas en la materia” no hicieron nada, señala Rodríguez en referencia a los ejecutivos de CC-PP y CC-PSOE. El diputado nacionalista mantiene la opinión que expresó en el debate de tramitación del texto. “El Gobierno de Canarias siempre fue por detrás de las circunstancias y de los ciudadanos” que están organizados para parar los desahucios. De hecho, Román Rodríguez, asegura que si el Gobierno autonómico hizo algo al respecto fue por la presión social. “Tarde y mal”, añade, un texto elaborado con prisas y copiado de otras comunidades en las que se había tenido que corregir.

Rodríguez recuerda asimismo que su formación propuso la creación de un organismo de mediación dotado con recursos financieros que reuniera al Gobierno de Canarias, las familias y los dueños de los inmuebles, fuesen entidades financieras o particulares, para promover acuerdos provisionales entre las partes para frenar los lanzamientos de viviendas que sigan produciéndose a diario.

Ésta es una de las medidas que la formación nacionalista ha incluido en su programa electoral para el 24 de mayo. Otras propuestas son: impulsar un registro de viviendas deshabitadas; establecer un fondo de ayuda de emergencia hipotecaria y al alquiler por doce meses prorrogables para familias en exclusión social.

También se compromete a  desbloquear la política restrictiva del Instituto Canario de la Vivienda, que ha dilatado inexplicablemente los trámites administrativos para realizar las adjudicaciones de las escasas viviendas públicas a pesar de que hay 36.000 familias en espera. Impulsar un Plan para la movilización del parque de viviendas privadas y para restaurar y/o reponer los polígonos deteriorados. Poner en marcha un Plan de Vivienda, en alquiler y en propiedad, de promoción pública, con la colaboración de la Administración del Estado. Implantar medidas para agilizar el pago de la deuda correspondiente a los planes de vivienda protegida y usada.