El Partido Comunista de Canarias solicita la paralización de la nueva privatización en el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de Las Palmas de Gran Canaria

La decisión del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria atenta gravemente contra el derecho al empleo de los aspirantes que forman parte de la bolsa de trabajo temporal para las categorías profesionales de conductor y operario.

En Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de abril de 2020.

El Partido Comunista de Canarias (PCE) eleva su más enérgica protesta frente a la nueva oleada privatizadora que, bajo el falso amparo en la situación de crisis sanitaria, ha acometido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria dentro del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos, ampliando el número de barrios y sectores de gestión municipal que serán traspasados a la empresa Fomento Construcciones y Contratas (FCC). Dicha noticia fue comunicada por Resolución al Comité de Empresa el pasado 27 de marzo de 2020, de forma lacónica y defectuosa, sin precisar los barrios que se verán afectados, la fecha del traspaso de zonas de actividad, el número de trabajadores que serán contratados ni, mucho menos, el coste que dicho contrato acarreará a las arcas municipales. A mayor abundamiento, el pasado año fueron aprobados (tras los procesos selectivos adecuados) bolsas de empleo temporal municipal para las categorías profesionales del Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos. Por tanto, el Ayuntamiento posterga a los trabajadores que han sido seleccionados en procesos selectivos garantistas y que se encuentran a la espera de ser llamados para trabajar, para favorecer ignotos intereses privativos.

En la actualidad, FCC se embolsa aproximadamente 2,5 millones de EUROS al año para la prestación de servicios de recogida de basura, empleando a más de 50 trabajadores. Mientras, el Servicio de Recogida de Residuos Sólidos Urbanos invierte aproximadamente 13 millones de EUROS al año, empleando a cerca de 290 trabajadores. Además, las condiciones laborales del personal al servicio de la mercantil privada resultan más precarias y salarialmente inferiores a sus homólogos municipales. Por tanto, no se justifica ni en términos económicos, ni laborales, ni en cuanto a la calidad del servicio prestado, la privatización galopante de dicho servicio.

Es por ello que el Partido Comunista de Canarias (PCE) exige la paralización inmediata del nuevo contrato entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y FCC, se proceda a la revisión del resto de contratos vigentes con dicha mercantil y reinicie la contratación de trabajadores municipales haciendo uso de la bolsa de empleo aprobada y mediante las modalidades contractuales ajustadas a Derecho.