El Partido Feminista de España contra la violencia machista

El pasado 6 de abril se inició en Sabadell un juicio por violación múltiple ocurrido en 2019. La mujer, entonces menor de edad, fue asaltada a la salida de un local de ocio y conducida a la fuerza a  una nave donde fue violada por cuatro hombres, de los cuales solo uno se sienta en el banquillo,  ya que los otros tres se encuentran en paradero desconocido. 

Durante el interrogatorio a la víctima el fiscal hizo preguntas formuladas de manera inconveniente sobre si pidió ayuda o intentó resistirse que parecían no tener sentido, ya que ese mismo  fiscal ha pedido 37 años de cárcel para el violador. La intención del fiscal era demostrar que el  acusado tuvo una actitud violenta desde el principio y que la víctima no tuvo la menor oportunidad de defenderse, pero las palabras escogidas y el tono con el que formuló las preguntas  llevan a pensar que el fiscal quería mostrar que “ella se lo buscó”. Varias cadenas han emitido  el vídeo del interrogatorio, que se puede encontrar en la red, de manera que cualquiera puede  comprobar la desafortunada actuación del fiscal. Por si no fuera bastante con las preguntas, el  fiscal llamó por su nombre a la víctima, mandando a paseo la preservación de su identidad, que  trataban de mantener las mamparas que la ocultaban. El interrogatorio fue una muestra de todo  lo que no debe hacer un fiscal en un caso de violación. 

Esto no es la primera vez que ocurre en un juicio por violación y nos tememos que no será la  última. Es un claro caso de la falta de formación en tratamiento de la violencia machista que  existe entre fiscales, jueces, policías y personal administrativo. La violencia machista tiene características singulares que no se dan en otras formas de violencia y eso es algo que los estamentos judiciales y policiales continúan ignorando, a excepción de escasos y poco relevantes  casos individuales. El PFE ha exigido en repetidas ocasiones la modificación de los procedimien tos para que las mujeres víctimas de agresión machista se sientan protegidas y respetadas desde  el momento en que presentan una denuncia. 

En otro orden de cosas nos encontramos también con las carencias que se repiten en los asesinatos machistas. Para muestra basta el botón del último registrado –aunque no oficialmente– en España. El pasado 9 de marzo en Ponferrada una mujer de 63 años, que se encontraba recos tada en la barandilla del balcón de su domicilio, fue arrojada al vacío por el hombre de 55 años  

al que tenía alquilada una habitación, sin que mediara ninguna discusión y tras decirle: “¡Hala,  vete a dormir, a la cama!”. La mujer murió instantáneamente. Cuando la Policía Nacional, avisada por varios testigos, llegó a la casa, llamó al timbre y el presunto homicida les abrió, le pre guntaron si había arrojado a una mujer por la ventana, a lo que él respondió: “Sí, lo he hecho.  ¿Y qué?”. Al parecer el hombre sufre un trastorno mental, lo cual hace dudar a los investigadores  si procede calificarlo como “violencia de género”. En cualquier caso, esa muerte no entrará en  la estadística oficial de asesinatos machistas, ya que homicida y víctima no mantenían ni habían  mantenido una relación de pareja. 

Ambos casos son dos más de los muchos que evidencian las numerosas carencias de la Ley Orgánica 1/2004, más conocida como Ley contra la Violencia de Género y que señala los límites en  que deben moverse las actuaciones policiales y judiciales. El primer caso demuestra la inexisten cia de una adecuada formación a jueces, policías, fiscales y personal administrativo que sea específica para casos de violencia sexual, que promueva un mayor cuidado en el lenguaje empleado con las víctimas, que elimine los prejuicios sexistas y combata las expresiones discri minatorias y humillantes.  

En cuanto al segundo caso, la víctima no es considerada como tal solamente porque no tiene ni  ha tenido relación de pareja con el asesino. Algunos casos pasados son tan escandalosos como  el de Laura Luelmo, la maestra asesinada por un vecino al que apenas conocía, el de Diana Quer,  víctima de un asesino y violador en serie con el que nunca mantuvo relación ni siquiera de amistad, o Laia, la niña de trece años violada y asesinada por un vecino de la casa donde vivía su  abuelo. Ninguno se considera oficialmente como violencia “de género”. Ninguno entra en el  recuento del Ministerio del Interior. Se da una absurda paradoja: esos crímenes cuentan con  una clara motivación sexual y un abuso de la superioridad física connatural al sexo del asesino…  pero no son asesinatos machistas. 

Por todo ello el Partido Feminista continúa exigiendo: 

Que todas las víctimas de asesinos machistas sean incluidas en el recuento oficial, tengan o no  alguna relación con el asesino. 

Que se separe físicamente a la víctima del agresor en las declaraciones y juicios orales. 

Que se exijan responsabilidades a todos los funcionarios de la administración de justicia que  incumplan su obligación de proteger a las víctimas frente a la violencia machista.  

Que los jueces se abstengan de hacer afirmaciones inadecuadas e impropias que denoten sus  prejuicios, así como de manifestar expresiones despreciativas y humillantes contra las mujeres  de marcado carácter machista. 

Que se aumente el número de juzgados y la dotación de personal cualificado para ello, con pre paración específica para atender a las víctimas de violencia machista. 

Que se dote del suficiente personal a las unidades de policía en los servicios de atención a mujeres víctimas de violencia. 

12 de abril de 2021 

Jorge Saura 

Coordinador del Área sobre Violencia contra la Mujer 

del Partido Feminista de España