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09:34h. Miércoles, 18 de septiembre de 2019

Pérez propone revocar el dictamen de la comisión de investigación de las Grúas en La Laguna

santiago pérez 2No se corresponde con los hechos que se han ido conociendo durante la investigación del Juzgado de Instrucción Nº 2 de La Laguna

 

Pérez propone revocar el dictamen de la comisión de investigación de las Grúas en La Laguna

No se corresponde con los hechos que se han ido conociendo durante la investigación del Juzgado de Instrucción Nº 2 de La Laguna

“Se impusieron con el voto de José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño, siendo su participación decisiva para la aprobación, a pesar del Informe de la Secretaría General del Pleno indicando que debían abstenerse”

Juan Luis Herrera y Santiago Pérez, concejales del Grupo Municipal XTF-NC, han presentado una moción para revocar el acuerdo plenario de julio de 2017, en relación con las conclusiones de la comisión de estudio del Caso Grúas, cuyo contenido no se corresponde con los hechos que se han ido conociendo durante la investigación del Juzgado de Instrucción Nº 2 de La Laguna.

Los concejales recuerdan que “se impuso un Dictamen en el Pleno que frustró la función institucional que se había encomendado a la Comisión Especial de Estudio: Esclarecer hechos de interés público y fiscalizar el comportamiento político para su debate y control público”. Y además se hizo con la votación, siendo su participación decisiva para la aprobación del Dictamen a pesar del Informe de la Secretaría General del Pleno indicando que debían abstenerse, de José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño.

Santiago Pérez explica que tanto las resoluciones judiciales como los Autos dictados por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife (17 de octubre de 2017 y 23 de marzo de 2018), el Auto de 28 de agosto de 2018 del Juzgado de Instrucción, aprobando y remitiendo Exposición Razonada remitida al Tribunal Superior de Justicia de Canarias; o el reciente Informe de la Fiscalía Anticorrupción (22 de marzo de 2019), señalan la existencia de indicios de la comisión de diversos delitos de prevaricación, en sus modalidades activa y omisiva, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, de los que aparecen indiciariamente como autores Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño, que desempeñaban la Alcaldía y sendas Tenencias de Alcaldía durante la etapa de la gestión del Servicio sometida a examen por parte de la Comisión Especial creada al efecto.

El dictamen aprobado por el Pleno se sustenta en un relato que contradice plenamente la realidad de los hechos, tal y como van quedando de manifiesto tras una prolongada investigación judicial. Y es por tanto necesario preservar el prestigio del Ayuntamiento y del Pleno, máxima representación de la ciudadanía lagunera.

En consecuencia, las y los concejales firmantes proponemos al Pleno del Ayuntamiento el debate y la aprobación de la siguiente MOCIÓN:

El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna acordó en noviembre de 2015 crear una Comisión especial que estudiara la gestión del servicio municipal de las grúas, detectando las posibles irregularidades de la misma y depurando las responsabilidades políticas a las que hubiere lugar en su caso.

Pero el alcalde, José Alberto Díaz, no convocó su primera reunión hasta 6 meses después; no nombró a su presidente, Antonio Alarcó (PP), hasta 1 año después; y las sesiones no comenzaron a celebrarse con normalidad hasta diciembre de 2016. Pese a todo, la oposición cumplió su función estudiando con detalle los expedientes administrativos y otra documentación a la fue teniendo acceso a medida que avanzaban los trabajos.

Los problemas comenzaron cuando la mayoría de la Comisión se negó a incluir para su estudio Informes tan relevantes para valorar la gestión del servicio como el de la Policía Local, que detalla el robo de piezas en casi un centenar de vehículos en el depósito municipal donde se custodiaban.

Se evidenció así la existencia de un pacto entre los Grupos Políticos que entonces disponían de mayoría en el Pleno para impedir que se evaluara realmente la gestión del servicio, exigiendo las correspondientes responsabilidades políticas, hizo que abandonáramos la Comisión.

Esa convicción queda más que probada en la propuesta de dictamen que traen a Pleno, en el que se atreven a decir que la Comisión “no puede valorar cualquier incumplimiento que venga establecido en una norma legal”; que “ninguna persona puede ser juzgada por comisiones especiales creadas al efecto”; o que “a efectos sustantivos y no políticos la propuesta de la Comisión investigadora (así la llama el dictamen) carece de relevancia y efectos”.

Ese era el objetivo inconfesable de aquella mayoría, que afloró desde el subconsciente del dictamen: que la Comisión careciera de relevancia y efectos.

No debemos olvidar, y el propio dictamen de la Comisión lo menciona, que el artículo 123 y siguientes del Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales establece que estas comisiones se constituyen para “esclarecer hechos de interés público y fiscalizar el comportamiento político para su debate y control público”. Insistiéndose en su página 7 que “lo que se cuestiona es la conducta en su ámbito político”.

Frente al relato del expediente administrativo, queremos poner sobre la mesa las responsabilidades políticas, teniendo en cuenta también las comparecencias realizadas. La externalización del Servicio se hizo en base a un informe del año 2003 que en la propia página 12 del dictamen de la comisión reconoce que nunca se llegó al máximo de retiradas de vehículos necesarios establecidos en el mencionado documento para que la facturación fuese la establecida en el contrato.

El pliego de condiciones que obligaba a unos requisitos técnicos en los vehículos prestadores del servicio, al pago regular de las nóminas, estar al día en las obligaciones tributarias y que establecía entre 2005 y 2013 la contratación de 22 operarios no se cumplió durante largos periodos.

Se puede comprobar de forma sencilla viendo como durante todo ese periodo nunca hubo más de 16 operarios de grúas, la certificación de los más de 300.000 euros de deudas tributarias que los directores del servicio detectaron en 2014, incumplimientos muy graves o gravísimos del contrato, la ausencia de tarjeta de transporte notificada en reiteradas ocasiones, incluso por la propia guardia civil, entre 2013-2014, los impagos de nóminas que fueron denunciados por los propios empleados que prestaban este servicio, al menos en 26 escritos diferentes entregados entre 2012 y 2014 por el registro de este Ayuntamiento.

Ante todos estos acontecimientos solo hubo una actuación municipal: el silencio y el encubrimiento de estas responsabilidades. No existe en todo el expediente administrativo una sola actuación sancionadora por parte del Consistorio contra esta empresa que claramente estaba incumpliendo o el intento de sacar nuevamente a concurso este servicio, incluso de gestionarlo a través de Muvisa, como se llegó a plantear formalmente durante el pasado mandato y reconoció el propio José Alberto Díaz en la Comisión.

No sólo eso: la respuesta fue la de salvaguardar a los propietarios de Autogrúas Poli S.L de cualquier consecuencia económica, llegando al extremo de realizar --al margen de la ley-- un préstamo de 120.000 euros para darle a la empresa una apariencia de solvencia y tratar de justificar la prórroga del servicio. Frente al interés general se puso el interés particular de personas vinculadas con responsables políticos de CC.

En efecto, es la proximidad de los titulares de Autogrúas Poli S.L. con el anterior alcalde, Fernando Clavijo (“sólo tres” reconoció la titular del Juzgado Nº2 de La Laguna), la que lleva al Gobierno municipal a inhibirse de su obligación legal de rescatar el servicio convirtiendo la intervención temporal de la empresa (cuya única finalidad es evitar perturbaciones graves en el servicio, art. 285 LCSP) en una zona exenta del cumplimiento de la legalidad, utilizándola esa intervención en beneficio exclusivo de los concesionarios del servicio en lugar de un instrumento de protección de los intereses públicos.

Proximidad tal que Autogrúas Poli S.L. llegó a tener durante un tiempo como sede social, a efectos de notificaciones judiciales, la oficina del Edificio La Parra (Avenida Lucas Vega) en la que el anterior alcalde tenía su Administradora de Fincas.

En la propia Comisión, las declaraciones de dos de los convocados para las comparecencias, José Padilla (propietario de Grúas Poli SL hasta el año 2011) y Francisco Ramos (trabajador de las grúas) señalaron en el mismo sentido sobre los vínculos personales entre Clavijo y parte de los contratados. Padilla se definió a sí mismo como un “empleado del Ayuntamiento” que era utilizado para contratar las personas que les remitían los responsables políticos, especialmente el ex alcalde. Ramos expresó en su declaración del 20 de febrero de 2017: “...había una relación muy directa (entre Clavijo y los nuevos propietarios de la empresa), ellos te lo decían así claramente, que estaban protegidos y que no tenían ningún problema, que no había problema, que no iban a tener problema porque Fernando Clavijo, sabía, que estaba al día de todo esto y que era así”.

La documentación examinada en la Comisión aporta indicios suficientes también del retraso en el pago al concesionario original del servicio, colocándolo en una situación financiera que le obligara a vender; la transmisión del servicio a una empresa cuyos titulares (“sólo tres” de los siete, dijo la jueza) son amigos del ex alcalde; y la automática puesta al día en los pagos por parte del Ayuntamiento desde que se produce la cesión del servicio a la empresa de los amigos.

La concesión de un préstamo de 120.000 euros a Autogrúas Poli S.L., con reparos de la Intervención General por “carecer de regulación normativa”, y la prórroga de la concesión del servicio hasta 2019, acordada también contra los reparos de legalidad formulados por la Intervención, completan el panorama de los hitos más graves de una gestión plagada de irregularidades frente a la que ningún concejal puede mirar para otro lado.

En un determinado momento de esta historia, los gobernantes de La Laguna se encontraron con una empresa que, según el informe de los Interventores designados por el Ayuntamiento para hacerse cargo temporalmente de la gestión del servicio (08/04/2014), había cometido “infracciones gravísimas” que según el art. 22.1.3 del PCAP determinaban la resolución del contrato (art. 23 del PCAP) y obligaban a declarar la caducidad de la concesión, según el art. 136.1.b del RSCL. (Esta parte del informe los interventores es fundamental y fue tendenciosamente omitida en su dictamen por CC/PP/PSOE).

Y en lugar de cumplir sus obligaciones legales deciden encargar un informe “favorable” a catedráticos de La Laguna, pagado con dinero público (a estas alturas siguen sin aclarar la cuantía), con la finalidad de orillar los reparos de legalidad formulados por la Intervención General que es a quien corresponde, con las garantías de la especial sujeción a la legalidad de los funcionarios públicos, la fiscalización previa de los actos administrativos “que den lugar al reconocimiento y liquidación de derechos y obligaciones o gastos de contenido económico” (art. 214.1 LRBHL).

Porque de otro modo estaríamos ante el absurdo de un poder absoluto de los alcaldes para, recurriendo a informes externos pagados con dinero público, disfrutar de una zona exenta en la que quedan derogados los principios de pleno sometimiento de la Administración a la Ley y al Derecho (arts. 103 CE, 13.1 LRJSP, 6 LRBRL), los de responsabilidad por la gestión pública (art.13.1.f LCSP), o los de buena administración en materia de contratación pública (art. 25.1 LCSP).

Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño (que firma el decreto de prórroga del servicio, sin ser el concejal delegado del Área de Seguridad, y se responsabiliza con su firma también de la guarda y custodia de los vehículos en el depósito municipal) han protagonizado la continuada aprobación de resoluciones administrativas, sin fundamentos jurídicos que pudieran prevalecer sobre los reparos de la Intervención General, para favorecer a un grupo de empresarios afines en contra de los intereses generales.

Señaladamente con la concesión al margen de la legalidad de un préstamo de 120.000 euros y con la prórroga igualmente ilegal del contrato hasta 2019, con unas consecuencias económicas de 3.249.257,88 euros según cuantifica la Intervención General.

Y, con independencia de lo que ocurra en los Tribunales de Justicia, este comportamiento merece una reprobación política como conclusión del trabajo de la Comisión especial investigadora de la gestión del servicio municipal de las grúas.

Sin embargo, la finalidad del dictamen aprobado en su día por el Pleno, fue la de evitar que la Comisión condenara tales comportamientos.

Así es que por todo lo anteriormente expuesto, y como conclusión de los trabajos de estudio de la Comisión especial de estudio de la gestión del servicio de grúas municipales en La Laguna, proponemos al Pleno de la Corporación el siguiente ACUERDO:

“El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna acuerda reprobar la gestión de Fernando Clavijo, José Alberto Díaz y Antonio Pérez-Godiño en relación con el Servicio de Grúas por la reiterada aprobación de resoluciones administrativas, sin fundamentos jurídicos que pudieran prevalecer sobre los reparos de la Intervención General; por la ausencia de acciones de control de unos graves incumplimientos notificados en numerosas ocasiones, sin realizar la más mínima acción sancionadora o al menos el inicio de expedientes para ello. Y todo, para favorecer a un grupo de empresarios afines en contra de la legalidad y de los intereses generales”.

santiago pérez

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