Excmo. Sr. ministro de Asuntos Exteriores,

Unión Europea y Cooperación

Plaza de la Provincia

28012 - Madrid

Madrid, 30 de mayo de 2022

Asunto: graves ataques sin respuesta 

Excmo. Sr. ministro,

Siguen las agresiones a las personas solidarias con la prisionera en su propia casa Sultana Jaya y familia. 

El 17 de mayo, Mahfouda Bomba El Fakir, Ahkiarhoum Aalia y El Kouria Saadi Msreizig, tres mujeres saharauis, venían de manifestar su apoyo a la familia Jaya, cuando las fuerzas de ocupación las hicieron salir del taxi en que regresaban a El Aaiún y las golpearon, las insultaron y las tuvieron retenidas durante varias horas. Cuando por fin les permitieron emprender el viaje de vuelta Bojador-El Aaiún, en el camino fueron asaltadas por varias personas que las obligaron a salir del taxi y “procedieron a golpearlas con cadenas, robándoles sus pertenencias y dejándolas gravemente heridas”, según denuncia la asociación de juristas IAJUWS.

Anteriormente, ya pusimos en su conocimiento el ataque del día 16 de abril perpetrado por las fuerzas de ocupación a un grupo de mujeres que quisieron acompañar a Sultana. Sólo ejercían su derecho a la libertad de expresión y de reunión. El 27 de mayo, Amnistía Internacional denunciaba esos ataques: Zeinab Babi, Embarka Al Hafidhi, Fatima al-Hafidhi, Oum Al Moumin Al Kharashi y Nasrathum (Hajatna) Babi fueron atacadas por policías uniformados y de paisano con palos, puñetazos y patadas. Una de ellas perdió el conocimiento y requirió cirugía reconstructiva en la mano. Dos de ellas denunciaron que habían sido abusadas sexualmente.

Dice Amnistía que las autoridades no han movido un dedo para llevar a cabo una investigación, y que los autores de los ataques no solo siguen impunes, sino que hay agentes delante de sus casas para atemorizarlas y que no salgan. Zeinab salió. Cogió un taxi. La detuvieron, la patearon en el coche camino a comisaría donde durante tres horas la insultaron, y le pegaron puñetazos intermitentemente. De vuelta a casa, cerca de comisaría, la volvieron a asaltar y a apalearla. Y, de nuevo, cuando llegaba a casa, un grupo de agentes la rodeó, le pegó patadas y puñetazos y la golpeó con palos hasta que perdió el conocimiento. Su mano quedó con varias fracturas. 

También se refiere Amnistía a Embarka Al-Hafidhi que iba con su hijo a una concentración en casa de Sultana. Los agentes de las fuerzas de ocupación la pegaron, le rasgaron la ropa y le hicieron tocamientos en la zona inguinal.

Amnistía Internacional pide a Marruecos que cumpla con el derecho internacional humanitario, que respete la libertad de expresión, de asociación, de reunión, y que no torture ni maltrate.

Y nos preguntamos cuál va a ser la reacción del Gobierno español ante las graves denuncias de Amnistía Internacional.

Como potencia administradora de derecho que es, España debería -entre otras muchas cosas- defender a estas valientes defensoras de los derechos humanos que se atreven a dar la cara por sus presos, lo que no hace España desde una situación de obligación internacional. Quince meses llevamos pidiendo en vano a ese Ministerio que abogue por los presos políticos saharauis en cárceles marroquíes.

¿Acaso no se dice España gran defensora de los derechos humanos? ¿No le estremecen casos como estos?

Cristina Martínez Benítez de Lugo

Movimiento por los Presos Políticos Saharauis