"MOCIÓN DE ROQUE AGUAYRO PARA LA ELABORACIÓN DE UN "PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL".

El pasado lunes 25 de febrero, el Grupo Roque Aguayro propuso al Pleno del Ayuntamiento de Agüimes, y aprobada por unanimidad de los grupos políticos, la siguiente moción:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los años 2011 y 2012 han demostrado ser años muy negativos para el conjunto de la ciudadanía. Con una crisis económica cada vez más larga, que no ha hecho más que agudizarse, y con desastrosas consecuencias sociales. A aquellas personas que durante los años anteriores a la crisis, de un marcado crecimiento económico, habían vivido en situación de pobreza y exclusión social, se han agregado nuevos colectivos, que tradicionalmente habían estado fuera del ámbito de la vulnerabilidad. Es decir, crecen y se diversifican las demandas y por tanto la necesidad de mayor cobertura social.

Y a la vez que las necesidades sociales crecen, en el discurso político dominante se escucha insistentemente la llamada a la austeridad en el gasto, que se traduce en fuertes recortes que han afectado especialmente a los servicios públicos y a las políticas sociales, a pesar de que es precisamente cuando más se requiere aumentar el gasto social para proteger los niveles mínimos de subsistencia y bienestar de la población más vulnerable.

Si los últimos años han sido críticos, éste que comenzamos, no deja motivos sino para la preocupación, con unos indicadores socieconómicos muy negativos. La fuente que permite un retrato sistemático de la evolución del riesgo de pobreza en el estado español es la Encuesta de Condiciones de Vida que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según esta fuente, mientras en Canarias en el año 2008, al principio de la crisis, la tasa de riesgo de pobreza era del 24,8% (5,2 puntos por encima de la media estatal) en 2011 ha aumentado al 33,8% (12 puntos por encima de la media estatal). Es decir, no solo se incrementa el porcentaje de población en riesgo de pobreza en Canarias, sino que se amplía la brecha con la media del estado. En Canarias una de cada tres personas vive bajo el umbral de la pobreza.

Por su lado, UNICEF España en su reciente informe “La infancia en España: el impacto de la crisis en los niños”, revela que en el año 2011 la pobreza infantil alcanzó al 26,2% de los niños y niñas en el conjunto del Estado.

Mientras que el Informe de Unicef para Canarias “La Infancia en Canarias 2012-2013” recoge datos mucho peores para las Islas, señalando que, usando el umbral de la pobreza del estado, en torno a los 16.476 euros para una familia con dos adultos y dos niños en 2010, el riesgo de la pobreza infantil en Canarias es del 38,2%, lo que afectaría a 143.521 niños y niñas.

La razón principal del incremento de la pobreza es el número de personas desempleadas que hay en Canarias, 378.200 según la EPA del tercer trimestre de 2012, el que la tasa de desempleo vaya creciendo continuamente (ya está en el 33,6%), el que el 53% de las personas desempleadas son de larga duración, que van progresivamente perdiendo las ayudas al desempleo, y la extensión de los hogares con todos sus miembros activos en desempleo. Estas cifras se trasladan a la población de Gran Canaria donde más de 161.000 ciudadanos y ciudadanas de la isla están en situación de desempleo, lo que significa más de un 35% de la población, con la incidencia que ello conlleva en el empobrecimiento de las familias grancanarias.

Los últimos datos publicado por el Servicio Público de Empleo señalan que en el mes de noviembre hay en Canarias 124.257 personas desempleadas registradas que no cobran ninguna prestación económica, lo que supone un 43,0%, frente a un 38,8% en el conjunto del Estado.

Las manifestaciones más extremas de la pobreza son los desahucios de la vivienda, los cortes de luz y agua por impago en hogares, el incremento de asistencia a los comedores gratuitos o la cantidad de personas que se abastecen en los bancos de alimentos.

En este contexto es injustificable la reducción del Estado al Plan Concertado de Prestaciones Básicas en los dos últimos ejercicios presupuestarios 2012 y 2013. Y más incomprensible aún la reducción de los programas del departamento de Políticas Sociales del Gobierno canario en 16,6 millones (-6,3%) en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2013. Especialmente insensible nos parece la disminución de la partida dedicada a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) en estos Presupuestos canarios, que reducen en 2,5 millones de euros la partida que se transfiere a los ayuntamientos para la gestión de la PCI, y además se disminuye otros 2,2 millones la cantidad presupuestada en la Consejería de Políticas Sociales para sufragar estas ayudas.

Para cumplir con los imprescindibles compromisos en materia de protección social y obtener los recursos económicos adicionales para sufragar estas medidas, el Gobierno canario debe modificar su política fiscal exigiendo un mayor esfuerzo fiscal a los que más tienen, a las rentas altas y a los grandes patrimonios, y, fundamentalmente, persiguiendo el fraude fiscal, para que paguen a la hacienda pública los que no pagan.

Por tanto, urge activar acciones extraordinarias y urgentes encaminadas fundamentalmente a la protección de los sectores más vulnerables. Hace falta medidas para garantizar la cohesión social, por lo que se hace necesario un Pacto Social y Político para prevenir las situaciones más extremas de la pobreza y rescatar a las personas que se encuentran ya en esta situación, garantizando a las personas el derecho a una vida digna.

Por todo ello, el Grupo Roque Aguayro propone la adopción de los siguientes ACUERDOS:

Primero. Instar al Gobierno de Canarias para que establezca un “Plan de Choque contra la Pobreza y la Exclusión Social en Canarias” que contemple las siguientes líneas de acción:

1.- El incremento en la financiación de las políticas sociales competencia de la Comunidad Autónoma dirigidas a la población más frágil:
- Aumentando las Ayudas de Emergencia Social a los municipios y a las ONGs (que hacen frente a los alquileres sociales, cortes de luz, agua, alimentos para familias, etc.).
- Dotando con suficiente financiación el Plan Concertado de Prestaciones Básicas que apoye la Red Municipal de Servicios Sociales.

2.- La promoción de acciones coordinadas, transversales y complementarias entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias, junto con las organizaciones civiles sin ánimo de lucro, con el objetivo de generar sinergias en las políticas hacia las personas en situación de pobreza y en riesgo de exclusión.

3.- El incremento en la financiación de la Ley 1/2007, que regula la Prestación Canaria de Inserción, para que pueda dar respuesta a la realidad actual, simplificando además los procedimientos administrativos para su concesión, así como la agilización en la resolución de los mismos.

4.- La disposición de un Fondo Especifico para atender el aumento de las situaciones de pobreza y exclusión social.

5.- La promoción de acciones específicas contra la pobreza infantil:
- Mejorando la coordinación, la eficacia y la coherencia de la intervención de todas las administraciones implicadas.
- Protegiendo el gasto público para la infancia en todos los ámbitos: salud, educación, etc.
- Creando una partida para garantizar becas de comedor escolar a todos los niños y niñas de familias sin recursos suficientes.

6.- Que se favorezcan en los Planes Canarios de Empleo la contratación de personas desempleadas en hogares con todos sus miembros desempleados y de personas desempleadas con menores a su cargo.

7.- El fomento de la vivienda en alquiler social, negociando con las entidades financieras el excedente de viviendas vacías que tienen en estos momentos.

8.- Que el Gobierno canario, a través del Departamento de políticas sociales o de vivienda, medie con las entidades financieras para paralizar los expedientes de desahucios, hasta que sea modificada la legislación vigente, especialmente la ley hipotecaria que permita la dación en pago de la vivienda para saldar la deuda con las entidades financieras.

Segundo. Solicitar del Cabildo de Gran Canaria, así como de los ayuntamientos de la isla, el estudio del establecimiento de los mecanismos necesarios de coordinación y dotación de recursos, en el ámbito de sus respectivas competencias, para impulsar y favorecer las actuaciones señaladas en el punto anterior.