Desde la Plataforma Tenerife de Familiares y Usuarios de Residencias, con base en el informe  extraordinario de visitas realizadas de febrero a diciembre 2019 que ha salido a la luz ahora, por la  Diputación del Común, ponemos de manifiesto lo siguiente:  

- Como familiares de afectados que viven estas situaciones nos vemos desamparados por  las administraciones para la protección de nuestros mayores.  

- Que dicho informe, en muchos casos, por las cosas que hemos observado directamente  se aleja de la terrible realidad que viven nuestros mayores. Se habla de falta de higiene,  de no cambiar a personas residentes la ropa cuando se han manchado después de  comer, pero podríamos añadir lo siguiente ¿y el fomento de la autonomía, cuando  mayores en silla de ruedas piden apoyo para ir al baño y se les exige que se orinen y  defequen en pañal, porque ya se les cambiará cuando les toque? O que se les da de  comer como si fuera con un embudo, ausencia de cepillado de dientes, compartir la ropa  entre usuarios no manteniendo su dignidad en cuanto a la forma de vestir, entre otras.  

- Se habla en el informe de largas colas en filas indias para ir a comer ¿y cuando estas  colas son para realizar cambios de pañal a puerta abierta, cambiándolos como en una  fábrica con las puertas del baño abiertas de par en par sin ninguna intimidad?  

- En muchísimas residencias el acceso libre tanto de usuarios como familiares está  prohibido para poder esconder lo que este informe bien ha sacado a la luz – como la  insalubridad.  

- Queremos recalcar que lo que se está manifestando en este informe no sólo se vive en  residencias privadas, sino en públicas administradas por la propia administración, sobre  todo en cuestión de sujeciones mecánicas y farmacológicas, falta de personal cualificado  como psicólogos, animadores socioculturales, terapeutas ocupacionales, ni la creación  de planes individualizados de atención.  

- Se debe crear una ley de uso de sujeciones tanto farmacológicas como mecánicas ya  que no se regula y buscar alternativas a estas.  

- No hay inspecciones de la propia administración que estén controlando lo que se esté  haciendo en éstas – pero los centros siguen estando acreditados para recibir fondos  públicos.  

- Debe haber una ley de transparencia y un lugar donde las personas que quieran  denunciar lo puedan hacer en libertad y sin miedo a represalias.  

Hemos escuchado la entrevista de la cadena Ser donde Dña. María Milagros Fuentes González  entrevistada por D. Juan Castañeda manifiesta que es un problema social – con lo cual no  podríamos estar más de acuerdo, y apelamos como ella a que los medios de comunicación y  también la sociedad tenga mayor sensibilidad hacia el colectivo de los mayores. Si tenemos  suerte, todos llegaremos a esta edad: pensemos lo que estamos creando para nuestro propio  futuro 

Lo que nos ha llamado la atención es que manifiesta que los familiares también tenemos  responsabilidad y aquí manifestamos que “con la administración nos hemos topado”. Somos  conscientes que hay mayores en situación de abandono, y debe ser la Administración quien  ampare a estos mayores, pero los que tienen familiares que sí nos preocupamos por ellos, solo  nos encontramos con muros y burocracia además de falta de derechos y protección. Se nos  anima a poner quejas pero nos encontramos con varios problemas. En primero lugar, en el caso  de muchos usuarios – nuestros mayores son personas con deficiencias cognitivas e incapaces de  defenderse por sí solos, o ser capaces de exponernos a nosotros, sus familiares lo que les ha  pasado. En segundo lugar, cuando nosotros manifestamos que procederemos a la vía de  reclamación – en muchísimas ocasiones por no decir en todas, lo hacemos con el miedo a las  consecuencias que esto tendrá para nuestros familiares o con la amenaza de que los echarán  del centro porque tienen “ese derecho de admisión”, cuando no elegimos tener a nuestros  familiares en residencia por gusto, sino por necesidad circunstancial. Añadimos, también, que  los que nos hemos animado a presentar reclamaciones tanto de residencias privadas como  públicas, a las cuales nadie contesta, nos preguntamos si la propia Diputación del Común no  recibe respuesta de las residencias, de la Administración Pública o el Parlamento (cita para  presentar dicho informe) ¿cómo pretende que un ciudadano de a pie tenga una respuesta?  

Lo más triste de esto es que en la actualidad sabemos que no hay Programas Individualizados  de Atención – muchísimos de los centros no ofrecen rehabilitación o fomento de la autonomía  promocionando una calidad de vida digna – sino que los tratan como un desguace esperando su  final.  

Tras leer este informe, lo que más miedo nos da es que si la situación de las residencias reflejada  en el 2019 era así antes de la pandemia , cuando podíamos entrar en horario de visitas sin previo  avis, no queremos ni imaginarnos ahora con la “excusa perfecta” de estar a puerta cerrada  debido a la pandemia COVID -19, qué es lo que puede estar pasando tras estas puertas, puesto  que los familiares no tenemos acceso libre, solo acceso a horas determinadas , (por lo que son  conocedores de cuándo llegaremos) en el caso de tenerlas, y teniendo que fiarnos de la palabra  de quien nos habla por teléfono en el caso de que logremos contactar con la residencia para  poder saber el estado de salud y no sólo física de nuestro familiar y fiarnos lo que “esa persona”,  que en muchas ocasiones no quiere identificarse, manifiesta.  

Solicitamos al Gobierno de Canarias y Cabildos que se reúnan con urgencia con la Plataforma  Tenerife de Familiares y Usuarios de Residencias y la Marea de Residencias Dignas en el Barrio, de Gran Canaria para poner solución a este problema lo antes posible.