Podemos critica la falta de alternativa para las familias con menores desalojadas en San Isidro

• Julio Concepción tilda de preocupante la inactividad del Cabildo hacia este drama social, “ni siquiera hay plan de urgencia para estas familias”.

El grupo insular de Podemos en el Cabildo de Tenerife insta a abrir debate institucional y político responsable sobre el drama de la vivienda que afecta a demasiadas familias de la Isla y sobre la incapacidad de las administraciones públicas para dar respuesta a situaciones de emergencia como la de las 41 familias que han sido desalojadas este martes por orden judicial del edificio de viviendas que habían ocupado en San Isidro (Granadilla de Abona) a raíz de la crisis que tanto empobrecimiento ha generado desde 2007.

La formación política remarca que es una irresponsabilidad que las administraciones públicas (ayuntamientos como el de Granadilla, Cabildo de Tenerife y Gobierno de Canarias) sigan sin tomar conciencia real de la gravedad de este problema. “La realidad es que decenas de familias con menores se han quedado sin un techo este martes y que las administraciones de la Isla no tienen ninguna solución que ofrecerles”, critica el consejero de Podemos Julio Concepción.

“Es urgente implementar un plan integral de atención a las familias que están padeciendo la exclusión residencial y social, abordando el drama de los desahucios de manera integral, pues esta problemática va asociada al desempleo y a la falta de recursos mínimos para tener una vida digna”. “Nos tememos que, sin embargo, la marca de la casa de administraciones como el Cabildo, va a ser seguir siendo mirar para otro lado en beneficio de las entidades financieras”, subraya el consejero de Podemos.

Añade que para este grupo, “es realmente preocupante ver la falta de sensibilidad con la que los responsables políticos han afrontado este desalojo masivo de familias que afecta a menores, personas enfermas y mayores que han sido echados a la calle”.

El problema de la vivienda en esta Isla no afecta solo a las personas que no pueden costearse un hogar, recuerda Concepción, “sino a toda la sociedad tinerfeña, pues difícilmente podremos prosperar si una parte tan importante de nuestra ciudadanía queda condenada a la exclusión social más absoluta, sin siquiera poder disponer de un techo digno”. Y recuerda que estudios recientes señalan que más de un 35 por ciento de las familias canarias están en riesgo de pobreza, “por lo que hay mucha población que puede perder su vivienda, mientras nuestra clase política sigue llevando a cabo políticas criminales que niegan el derecho a una vivienda digna, actuando sin recato en contra de lo que recoge nuestra Constitución”. Agrega que “no se trata solo de solidaridad, sino también de sentido común”. “Consintiendo esta exclusión, contribuimos a generar más pobreza y conflictividad social que nos pasa factura hoy y que se agudizará con el paso de los años”, destaca.

En sintonía con su grupo, exige medidas inmediatas a todas las administraciones públicas para crear el plan integral de atención a las familias en situación de ocupación y de exclusión residencial. “Es hora de que todas las administraciones se sienten para buscar soluciones reales y eficaces, propiciando medidas como la del alquiler social en inmuebles afectados por embargos de la banca”. “No en vano tenemos que recordar que los gobiernos de este país han regalado más de 66 mil millones de euros de dinero público a las entidades financieras a cambio de echar a la calle a familias, muchas con menores”.

Concluye que este viernes trasladará estas cuestiones a la directora insular de Vivienda durante una reunión que ha solicitado para abordar esta problemática junto a representantes políticos de Izquierda Unida y el coordinador de la plataforma de familias afectadas por desahucios en Granadilla.