Podemos cuestiona en Bruselas la legalidad de las prospecciones en aguas saharauis

• La eurodiputada Estefanía Torres presenta una pregunta a la Comisión Europea en la que recuerda que el propio Tribunal de Justicia de la UE ha declarado en varias ocasiones que cualquier acuerdo de un país europeo que incluya aguas saharauis es ilegal

Mientras Unidos Podemos lograba ayer sacar adelante una moción en el Congreso instando al Estado a que exprese su rechazo a las prospecciones autorizadas por Marruecos en aguas próximas a Canarias, también, en Bruselas, Podemos presentaba una pregunta a la Comisión Europea en la que cuestiona la legalidad de los permisos concedidos, dado que se trata de aguas saharauis.

Y es que según defiende Podemos en ambas instituciones, las prospecciones petrolíferas cerca de las costas del archipiélago canario son un potencial problema para el medioambiente y pueden tener graves consecuencias para el turismo de las islas. Ahora, las operaciones en el mar han sido autorizadas por Marruecos a la petrolera italiana ENI en la cuenca de Tarfaya, frente a Lanzarote y Fuerteventura, donde la compañía Repsol realizó los sondeos en 2014.

Y, según plantea la eurodiputada Estefanía Torres, “la decisión de la Oficina Nacional de Hidrocarburos y Minas (ONHYM) marroquí puede ser objeto de acciones judiciales internacionales porque la zona donde se están realizando las prospecciones corresponde al norte del Sáhara Occidental”.

Por eso, la pregunta presentada plantea si -teniendo en cuenta una sentencia del Tribunal de Justicia del 21 de diciembre de 2016 en referencia a las relaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos- “se ajusta a derecho que una empresa italiana pueda explotar recursos en aguas saharauis”, y si está considerando la Comisión Europea las consecuencias medioambientales que pueden afectar a las costas canarias durante el ejercicio de dichas prospecciones.

“Ya conocemos de sobra cuáles son las catastróficas consecuencias medioambientales de este tipo de operaciones en el mar y que suponen poner en riesgo los recursos naturales y la economía de la zona. Necesitamos información transparente acerca de la concesión empresarial y del proceso de prospección, especialmente para la población canaria, porque estas actividades pueden ser objeto de acciones judiciales ya que la zona afectada por estas actividades corresponde al norte del Sáhara Occidental”, sentencia la eurodiputada.