Podemos exige que el Gobierno de Canarias asuma la sanidad penitenciaria

• El Grupo Parlamentario Podemos ha registrado una PNL en la que solicita que se cumpla la Ley, y que se transfiera esta competencia “con su correspondiente traspaso presupuestario”

• 3.213 reclusos en Canarias podrían beneficiarse de esta iniciativa, al no tener actualmente garantizada una asistencia sanitaria adecuada

El Grupo Parlamentario Podemos ha presentado una Proposición No de Ley en la que solicita al Gobierno canario que inicie las negociaciones oportunas con el Estado para que el Servicio Canario de Salud asuma la sanidad penitencia, tal y como se recoge en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que preveía un plazo de 18 meses para la transferencia a las comunidades autónomas. Lo que Podemos pide, según explica el diputado Juan Márquez, “que se cumpla única y exclusivamente lo que marca la ley, que no es otra cosa que se transfiera esta competencia con el correspondiente traspaso presupuestario, aprobada hace más de 13 años”.

La asunción de la sanidad penitenciaria beneficiaría a las 3.213 personas que, a fecha de septiembre de 2016, cumplen condena en los diferentes centros penitenciarios de Canarias, y que no tienen garantizada una asistencia adecuada. Según el diputado, la red de atención primaria de estos centros está totalmente aislada del resto del sistema sanitario “de tal forma que las historias clínicas de los presos, por ejemplo, no están incluidas en las bases de datos del Sistema Nacional de Salud”.

Además, los profesionales sanitarios que trabajan en las prisiones “han denunciado que su labor se ve limitada por los criterios de seguridad, que siempre priman sobre los sanitarios, contrariamente a lo que la legislación establece”. El modelo se traduce además en una endémica falta de personal sanitario, un deficiente acceso a los tratamientos médicos, problemas para acceder a los medicamentos normalizados en el Sistema Nacional de Salud y una sistemática pérdida de citas médicas.

Entre las dolencias más comunes de la población reclusa están los trastornos mentales. A nivel estatal, un 40 por ciento de los presos los padecen, y no reciben un tratamiento integral acorde a sus necesidades. Además, enfermedades prácticamente erradicadas, como la tuberculosis y la hepatitis presentan tasas de incidencia en torno al 25 por ciento. De la misma forma, mientras que la tasa de infectados por VIH se sitúa en el 1,5 y el 3 por ciento en occidente, más del 10 por ciento de los reclusos padecen esta enfermedad.