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15:05h. Viernes, 24 de Noviembre de 2017

Podemos mantiene abierto el debate sobre la falta de control económico a los grupos políticos del Cabildo de Tenerife

 

 

MILA HORMIGA PODEMOSEl grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife mantendrá abierto este mes el debate insular sobre la falta de fiscalización y transparencia que existe en torno a la asignación económica que reciben los grupos políticos de esta administración, como explica la consejera Mila Hormiga

Podemos mantiene abierto el debate sobre la falta de control económico a los grupos políticos del Cabildo de Tenerife

  • La formación preguntará por la valoración técnica sobre cómo ejecutar la propuesta de fiscalización y transparencia que planteó el mes pasado.

     

El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife mantendrá abierto este mes el debate insular sobre la falta de fiscalización y transparencia que existe en torno a la asignación económica que reciben los grupos políticos de esta administración, como explica la consejera Mila Hormiga, “para intentar agilizar la puesta en marcha de las medidas necesarias para solucionar esta irregularidad que hemos descubierto a raíz de una observación formulada por el área de Intervención en su informe del proyecto presupuestario del Cabildo para 2017”. Este “preocupante problema de oscurantismo”, detalla, afecta en total a 566.000 euros, de los cuales CC recibe 202.285 euros, PSOE 141.600 euros, PP 121.371 y Podemos 105.600 euros (la cantidad está vinculada al número de cargos electos de cada grupo).

Hormiga recuerda que su grupo sacó a la luz esa irregularidad el pasado mes de febrero a través de una moción en la que proponía a la Comisión Plenaria de Gobierno Abierto la adopción de medidas urgentes para adaptar a la legalidad tanto la fiscalización como la transparencia de las cuentas de los grupos políticos representados en el Cabildo. Explica que esa moción quedó sobre la mesa y no se llegó a debatir “porque desde la presidencia de esa comisión nos pidieron tiempo para estudiar técnicamente cómo ejecutar nuestra propuesta”.

“Para evitar que este asunto se demore o caiga en el olvido, añade, “en el orden del día de esta comisión convocada para el 27 de marzo hemos incluido una petición de información sobre la valoración técnica relativa a esta irregularidad, pues entendemos que un mes es plazo suficiente para que el grupo de gobierno de CC-PSOE hayan hecho las consultas necesarias”.

En particular, Intervención incidió en el mencionado informe presupuestario en que la decisión política de mantener un año más sin regulación el procedimiento de justificación y contabilización de los gastos que se realizan con cargo a las asignaciones para medios materiales y económicos de los grupos políticos, “hace inviable que el pleno pueda ejercer control y seguimiento efectivo de dichos recursos públicos, tal como prevé la normativa de aplicación, concretamente el artículo 73.3 de la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local”. Y alertó de que esta irregularidad “resulta contraria a los principios de transparencia y buena administración en la gestión de los fondos públicos”.

“Por responsabilidad y por salud democrática –reitera Hormiga–, los representantes políticos debemos ser los primeros interesados en que se fiscalice hasta el último euro que percibimos y, también, en que la ciudadanía conozca el uso que hacemos de los fondos públicos que recibimos”. “No es justificable de ningún modo que la parte más oscura de las cuentas del Cabildo, se refiera precisamente al dinero que recibimos los grupos políticos para nuestros gastos de funcionamiento”, remarca.

Y recuerda al respecto que en Podemos ya se realizan este tipo de controles puesto que a través del portal de transparencia del partido se pone a disposición de la ciudadanía el uso de todos los fondos que maneja. “Sin embargo, queremos que el área de Intervención del Cabildo y el propio pleno insular fiscalicen formalmente tanto nuestras cuentas como las del resto de los grupos porque, por un lado, al menos nosotros no tenemos nada que ocultar; y por otro, porque es una exigencia legal y, sobre todo, un deber de control y transparencia que se está vulnerando en detrimento del interés general”.

podemos canarias