Sí se puede  asegura que la reforma de la ley del aborto supone una regresión de 30 años en los derechos de las mujeres

Recuerdan que diversos ayuntamientos de la isla como Buenavista, Granadilla, Santa Cruz de Tenerife o Tacoronte  han aprobado mociones contrarias a tal modificación

La nueva Ley orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, presentada este viernes por Gallardón, elimina el sistema actual de plazos y retoma el anterior sistema de supuestos vigente entre 1985 y 2010, pero restringiéndolos solo a grave peligro o riesgo  para la salud física o psíquica de la mujer  y violación.

A falta de conocer con mayor detalle los extremos del proyecto de reforma parece claro que se endurecen los requisitos para acceder al derecho a interrumpir un embarazo no deseado, los plazos de deliberación para las mujeres, el número de facultativos necesarios para emitir informes, etc. Se eleva también la edad para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo lo que hará que las jóvenes entre 16 y 18 años vean condicionado su futuro y la que debe ser una libre decisión sobre si desean ser madres o no. Además la nueva legislación supondrá un recorte en las ya menguadas políticas preventivas y de educación afectivo-sexual, la mejor vía para prevenir los embarazos no deseados.

Según la portavoz ecosocialista, Paqui Rivero, la supresión del supuesto de malformación fetal es de una crueldad desmesurada al condenar a una vida llena de dificultades a muchas personas con discapacidad y quienes les cuidan, máxime en unos momentos de terribles recortes del Gobierno estatal a la Ley de Dependencia.

El Gobierno elimina el aborto como derecho y vuelve a un sistema en el que la mujer deberá justificar su decisión de interrumpir su embarazo. Tendremos así en el Estado español una de las legislaciones más restrictivas del entorno europeo, donde las legislaciones en supuestos son minoritarias porque no hacen que disminuya el número de abortos, sino que por el contrario incrementan los mismos, las condiciones de inseguridad de las mujeres que abortan y la desigualdad entre aquellas que tienen recursos para salir a abortar al extranjero y las que no disponen de ellos.

Paqui Rivero afirma que “serán muchas las mujeres que se quedarán en una situación de indefensión legal e inseguridad y que hasta ahora con la Ley de salud sexual y reproductiva de 2010, aún vigente, han abortado por problemas económicos, motivos personales e íntimos, anomalía fetal grave, jóvenes entre 16 y 17 años, etc.

A partir de este momento en que se inicia el trámite parlamentario de la nueva norma, desde Sí se puede seguirán apoyando tanto en la calle como allí donde están sus concejales y concejalas todas las iniciativas feministas que se lleven a cabo como la promovida en los últimos meses por el Colectivo Harimaguada en Tenerife, que ha dado lugar a que diversos ayuntamientos de la isla como Buenavista, Granadilla, Santa Cruz de Tenerife o Tacoronte han aprobado mociones contrarias a la modificación que hoy ha aprobado el Gobierno.

Esta ley ideológica, electoralista, innecesaria e injusta solo responde al intento de contentar a los sectores más conservadores del electorado del PP y por ello seguiremos apoyando las movilizaciones y acciones de protesta que se convoquen en defensa de una maternidad libre y responsable, y en defensa del derecho del aborto legal, seguro y gratuito como la celebrada en la tarde del viernes en Santa Cruz de Tenerife.

Recuerdan que diversos ayuntamientos de la isla como Buenavista, Granadilla, Santa Cruz de Tenerife o Tacoronte  han aprobado mociones contrarias a tal modificación

La nueva Ley orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, presentada este viernes por Gallardón, elimina el sistema actual de plazos y retoma el anterior sistema de supuestos vigente entre 1985 y 2010, pero restringiéndolos solo a grave peligro o riesgo  para la salud física o psíquica de la mujer  y violación.

A falta de conocer con mayor detalle los extremos del proyecto de reforma parece claro que se endurecen los requisitos para acceder al derecho a interrumpir un embarazo no deseado, los plazos de deliberación para las mujeres, el número de facultativos necesarios para emitir informes, etc. Se eleva también la edad para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo lo que hará que las jóvenes entre 16 y 18 años vean condicionado su futuro y la que debe ser una libre decisión sobre si desean ser madres o no. Además la nueva legislación supondrá un recorte en las ya menguadas políticas preventivas y de educación afectivo-sexual, la mejor vía para prevenir los embarazos no deseados.

Según la portavoz ecosocialista, Paqui Rivero, la supresión del supuesto de malformación fetal es de una crueldad desmesurada al condenar a una vida llena de dificultades a muchas personas con discapacidad y quienes les cuidan, máxime en unos momentos de terribles recortes del Gobierno estatal a la Ley de Dependencia.

El Gobierno elimina el aborto como derecho y vuelve a un sistema en el que la mujer deberá justificar su decisión de interrumpir su embarazo. Tendremos así en el Estado español una de las legislaciones más restrictivas del entorno europeo, donde las legislaciones en supuestos son minoritarias porque no hacen que disminuya el número de abortos, sino que por el contrario incrementan los mismos, las condiciones de inseguridad de las mujeres que abortan y la desigualdad entre aquellas que tienen recursos para salir a abortar al extranjero y las que no disponen de ellos.

Paqui Rivero afirma que “serán muchas las mujeres que se quedarán en una situación de indefensión legal e inseguridad y que hasta ahora con la Ley de salud sexual y reproductiva de 2010, aún vigente, han abortado por problemas económicos, motivos personales e íntimos, anomalía fetal grave, jóvenes entre 16 y 17 años, etc.

A partir de este momento en que se inicia el trámite parlamentario de la nueva norma, desde Sí se puede seguirán apoyando tanto en la calle como allí donde están sus concejales y concejalas todas las iniciativas feministas que se lleven a cabo como la promovida en los últimos meses por el Colectivo Harimaguada en Tenerife, que ha dado lugar a que diversos ayuntamientos de la isla como Buenavista, Granadilla, Santa Cruz de Tenerife o Tacoronte han aprobado mociones contrarias a la modificación que hoy ha aprobado el Gobierno.

Esta ley ideológica, electoralista, innecesaria e injusta solo responde al intento de contentar a los sectores más conservadores del electorado del PP y por ello seguiremos apoyando las movilizaciones y acciones de protesta que se convoquen en defensa de una maternidad libre y responsable, y en defensa del derecho del aborto legal, seguro y gratuito como la celebrada en la tarde del viernes en Santa Cruz de Tenerife.