Sí se puede denuncia que el Ayuntamiento no está tramitando las nuevas solicitudes de PCI

Frías no entiende la desidia municipal a la hora de garantizar esta prestación

Asunción Frías, concejala de Sí se puede en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, denunció hoy que el Consistorio no está tramitando en la actualidad las nuevas solicitudes para la Prestación Canaria de Inserción (PCI), lo que está abocando a muchas familias del municipio a malvivir de la beneficencia y de la solidaridad vecinal ante la desprotección institucional.

Sí se puede ha recibido quejas de varias familias sin recursos económicos que han ido a solicitar por primera vez esa prestación y en las unidades de trabajo social (UTS) no se las han tramitado por falta de personal. Además, fuentes de una UTS han confirmado a la organización ecosocialista que el personal actual solo tiene capacidad para tramitar a duras penas las renovaciones y los requerimientos de las solicitadas el pasado año, pero no las nuevas solicitudes.

Frías dijo hoy no entender la desidia del Ayuntamiento a la hora de garantizar la gestión permanente de esta prestación, tal y como exige la ley, una dejación que se suma a la lentitud del Gobierno de Canarias para la tramitación de estas ayudas, como denunció varias veces Sí se puede el año pasado. Además, desde el 28 de diciembre de 2013 no existe personal específico para gestionar la PCI, por lo que la concejala ha pedido una contratación inmediata, respetando la lista en vigor.

El Ayuntamiento perdió un juicio

Ante esta situación insostenible, de la que ya advirtió el año pasado al Ayuntamiento el Diputado del Común –que le exigió la contratación de personal–, la Corporación responde con la publicación, el miércoles pasado en el Boletín Oficial de la Provincia, de una convocatoria para hacer una nueva lista de reserva de trabajadores sociales en la que no se tienen en cuenta los méritos, una circunstancia que algunos de estos trabajadores han interpretado como una venganza por haber denunciado al Consistorio por despido improcedente y ganado la denuncia en un juicio celebrado el pasado 9 de enero.

La organización ecosocialista lleva desde el año pasado reclamando medidas urgentes para lograr la estabilidad laboral de los trabajadores sociales que gestionan la PCI. La primera acción fue una moción presentada al Pleno en julio y rechazada por la mayoría gobernante, y a esta les siguieron otra moción, aprobada en el Pleno de septiembre, y varias interpelaciones ante la Comisión de Control.