Sí se puede exige políticas públicas para garantizar la redistribución de la riqueza en Canarias

La organización ecosocialista considera inaplazable la implicación de las administraciones en favor de la justicia social y que abandonen su complicidad con las grandes fortunas

Sí se puede exige políticas públicas para garantizar la redistribución de la riqueza en Canarias. A juicio de la organización ecosocialista, no es casual la coincidencia en el diagnóstico de empobrecimiento y endurecimiento de las condiciones de vida y laborales en Canarias que revelan los estudios Indicadores Urbanos 2018, del Instituto Nacional de Estadística (INE), y Oportunidades de empleo y renta en España 2007-2016, elaborado por la Fundación Ramón Areces y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que se han conocido recientemente.

El primero de estos análisis sitúa a seis ciudades canarias entre las 30 urbes con más alta tasa de paro en el Estado español, mientras que el segundo indica que en el Archipiélago el número de hogares en situación de pobreza ha crecido un 43 %, hasta situarse en el 46% del total, a la vez que la clase media-alta se ha recortado casi un 26 % y representa solo el 8,7 % de los hogares.

A juicio de la organización ecosocialista, estos y otros datos que destacan ambos estudios “son tanto el resultado de la nefasta política de Coalición Canaria como del desinterés y la falta de compromiso seculares de las administraciones del Estado con Canarias, así como de la retirada de las administraciones públicas de su papel en la creación de desarrollo y como garantes de las políticas de justicia social, ausentes desde que la crisis económica reforzó hace ya diez años el modelo neoliberal”, asegura Asun Frías, portavoz de Derechos Sociales de Sí se puede.

Desempleo y bajísimos salarios, como factores determinantes de niveles de la renta media de miseria, se unen a la mala ejecución presupuestaria de las instituciones públicas, más comprometidas con garantizar los planes de ajuste y los beneficios de las grandes empresas que en facilitar la vida de la ciudadanía. A ello se suma el injusto modelo de presión fiscal, que se ceba en las rentas del trabajo y no en las generadas por las grandes empresas y fortunas.

“Es urgente que las administraciones públicas se impliquen en políticas activas de empleo de calidad, así como que supervisen los salarios y exijan un ascenso de las retribuciones acorde a las necesidades de las mayorías –manifiesta Frías–. Es hora de que los gobiernos dejen de atender exclusivamente las necesidades de una minoría enriquecida de grandes empresarios mientras la población se empobrece progresivamente”.

Es imperativo cambiar el modelo económico y social para que Canarias deje de ser el territorio más empobrecido y desigual del Estado español y uno de los más desfavorecidos de toda la Unión Europea, tal como revelan los datos estadísticos. Mientras la sociedad se reorienta a otros modelos inclusivos y democráticos desde la perspectiva económica y social, “es imprescindible poner en marcha un sistema de garantía de rentas, que facilite una digna cobertura de las necesidades básicas”, apunta la portavoz ecosocialista.

A juicio de Sí se puede, los altos niveles de pobreza y desempleo obligan a las instituciones públicas a garantizar el bienestar de la ciudadanía y no el de los mercados. Para conseguir este objetivo, además del citado modelo de renta básica y del fortalecimiento de los sistemas públicos de Servicios Sociales, Salud y Educación, es necesario articular un sistema de viviendas de alquiler social a partir del parque de viviendas vacías, establecer sistemas locales de alimentación basados en la puesta en producción de terrenos baldíos, huertos urbanos y sistemas de intercambio directo entre productores y consumidores, así como crear empleo en sectores aún no explorados en Canarias, mediante el impulso de las energías renovables, los servicios personales, el turismo sostenible y la promoción de procesos de autogestión ciudadana, entre otras propuestas fundamentales.