Sí se puede exige al PP que deje de usar el cuerpo de la mujer para sus políticas partidistas

Rivero critica la insistencia del Partido Popular en condenar a las menores a la clandestinidad ante una IVE

Paqui Rivero, portavoz de Sí se puede en Tenerife, considera que la reforma exprés de la Ley de Salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo a través de la Ley de protección del menor, es una muestra más de la voluntad del Partido Popular de usar el cuerpo y la voluntad de la mujer como rehén de sus políticas partidistas para satisfacer a los sectores más reaccionarios de la población.

En este caso la organización canaria considera que la obligatoriedad de contar con el permiso paterno para la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo en las adolescentes de 16 y 17 años, significa imponer sin un criterio riguroso las creencias y preferencias de la familia sobre los deseos de las menores, ya que los informes demuestran que se trata de situaciones infrecuentes que sólo representan el 0,44% del total de abortos producidos en contextos familiares desestructurados, de desarraigo o desamparo, o en aquellos en que existen o puedenproducirse conflictos graves, peligro de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones o malos tratos para las menores embarazadas.

Desde Sí se puede aseguran que esta reforma emprendida a pocos meses de las elecciones sigue reflejando la voluntad del Gobierno del PP de aplicar políticas que limitan la libertad de la mujer en su derecho a ejercer una maternidad deseada. Afirman que "el PP hace un último esfuerzo por plasmar su ideología retrógrada y patriarcal sobre una cuestión que tiene que ver directamente con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y sus vidas al tratar de modificar nuevamente la Ley de Aborto, una reforma que ya ha sido duramente respondida y derrotada por la ciudadanía y las organizaciones feministas en la calle".

Rivero critica duramente la insistencia del PP en condenar a las menores a la clandestinidad con el riesgo que ello implica para su salud al forzar a un sector de adolescentes que por diversas razones no cuentan con el respaldo de sus familias, a adquirir medicamentos con propiedades abortivas o a realizar una interrupción del embarazo fuera de los establecimientos sanitarios acreditados para ello.