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martes, 16 de abril de 2024 10:08h.

Sí se puede reclama que se cumpla la sentencia judicial y se regenere el daño causado por las extracciones en Güímar

 

ruymán expósito sspSí se puede reclama que se cumpla la sentencia judicial y restaure el daño causado por las extracciones de áridos en Güímar. “No entendemos que la alcaldesa Carmen Luisa Castro se empeñe en que los propietarios de las canteras no cumplan la sentencia que les obliga a restaurar el daño causado por las areneras”, asegura el portavoz del grupo municipal ecosocialista en el Ayuntamiento del municipio del sur de Tenerife, Ruyman Expósito.

Sí se puede reclama que se cumpla la sentencia judicial y se regenere el daño causado por las extracciones en Güímar

La organización ecosocialista rechaza el plan de la alcaldesa de ahorrar a los areneros el coste que supone la reposición 

Sí se puede reclama que se cumpla la sentencia judicial y restaure el daño causado por las extracciones de áridos en Güímar. “No entendemos que la alcaldesa Carmen Luisa Castro se empeñe en que los propietarios de las canteras no cumplan la sentencia que les obliga a restaurar el daño causado por las areneras”, asegura el portavoz del grupo municipal ecosocialista en el Ayuntamiento del municipio del sur de Tenerife, Ruyman Expósito.

“El plan de restauración de los barrancos de Güímar que promueve Castro plantea que las empresas areneras responsables de este daño solo pagarían 75 millones de euros de los más de 300 millones que se estima costaría la restauración completa de los orificios. De esta forma, María Luisa Castro les ahorra a los areneros cerca de 200 millones de euros”, señala el portavoz. 

A este ahorro habría que añadir, según el concejal de Sí se puede, “la posibilidad de que estos empresarios se sigan lucrando con los hoteles que la alcaldesa les ofrece construir en los hoyos causados en los barrancos por años y años de extracciones”. 

La regeneración de la zona afectada por las canteras de áridos en Güímar contempla el relleno de los huecos generados por la actividad extractiva durante más de cuatro décadas y el restablecimiento del drenaje de los barrancos. La sentencia judicial establece claramente la obligación que tienen los empresarios implicados de costear la rehabilitación del espacio alterado por su actividad.

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