Buscar
jueves, 25 de abril de 2024 08:10h.

Queja ante el CGPJ por abuso judicial contra la Bandera Canaria

 

coordinadora 22 octubre

Rita María Rodríguez Rodríguez y José Tomás Bethencourt Benítez, integrantes de la Coordinadora 22 de octubre, han elevado quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, por evidente abuso judicial en el caso de la represión a la bandera nacional canaria. Y yo, Chema tante, proclamo que es intolerable la intromisión de los tribunales en las legítimas expresiones de sentimiento popular y la colaboración con determinados partidos.

 

D. José Tomás Bethencourt Benítez, con DNI 42.772.768 J, Profesor Titular de Psicología en la Universidad de La Laguna (ULL) con domicilio a efectos de notificaciones en la Calle La Ensenada nº 10, Los Abriguitos, Arico, Tenerife, CP 38588 y componente de la Coordinadora 22 de Octubre de Tenerife. EXPONE la presente queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sustanciada en que diversos Jueces de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria han emitido Auto de Suspensión Cautelar, de fecha 21 de octubre de 2016, contra los acuerdos plenarios de Enarbolamiento de la Bandera Canaria (tricolor: blanca, azul y amarilla con 7 estrellas verdes), con motivo de su 52 aniversario, aprobados por los Ayuntamientos de Arico, Güimar, Santa Cruz de Tenerife y los Cabildos Insulares de Lanzarote, Gran Canaria y Fuerteventura. Bandera popular que a lo largo de los años, se ha ido convirtiendo en un símbolo de la identidad canaria y asumida por los isleños de Canarias. SOLICITO se investigue la posible vulneración de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 20 de la Constitución Española respecto a la Libertad de Expresión, el artículo 23 de la Constitución Española sobre Libertad de Participación, el artículo 418.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial referido a “el exceso o abuso de autoridad … respecto a los ciudadanos e instituciones…” Los Jueces citados, tal vez influenciados por el Poder Ejecutivo del Gobierno Estatal Español, mediante su Delegado en Canarias, y la Abogacía del Estado, han dictado Auto Judicial sin haber oído a los representantes democráticos del pueblo canario en las citadas instituciones municipales e insulares, generando indefensión de las corporaciones locales y abuso de poder judicial. Es por todo ello, que reitero la solicitud de la apertura de investigación sobre la actuación judicial de los Jueces pertenecientes a los diversos Juzgados de lo Contencioso Administrativo tanto de Santa Cruz de Tenerife, como de Las Palmas de Gran Canaria. En Tenerife a 22 de octubre de 2016

 

coordinadora 22 octubre