Recurso de alzada contra el viciado procedimiento de autorización de las prospecciones

 Ben Magec – Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de alzada contra la autorización de las prospecciones petrolíferas, evidenciando las irregularidades cometidas en todo el procedimiento de autorización a Repsol de un proyecto que “ya estaba decidido de antemano”.

Ben Magec – Ecologistas en Acción ha presentado un recurso de alzada contra la autorización de las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias. En él, ponen en evidencia las técnicas empleadas por el Ministerio de Industria para superar todos los obstáculos legales, ambientales y democráticos con el fin de conceder la autorización a Repsol. Señalan las graves carencias del Estudio de Impacto Ambiental aportado por Repsol y los defectos en la tramitación y la Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente.

La Federación ecologista señala especialmente “la ocultación interesada de datos por parte de la trasnacional petrolera”. Datos imprescindibles para garantizar el conocimiento y el derecho a la participación y que fueron aportados con posterioridad al cierre del periodo de información pública, “aunque en muchos casos eran sustituciones de partes esenciales del proyecto o datos que no habían sido aportados, como la determinación del caudal esperable en caso de accidente, o las potenciales afecciones sobre la pesca, informes ambos muy deficientes, pero que no dieron opción a réplica”.

También alegan otras consideraciones de gravedad, como que no se haya estudiado seriamente y como es preceptivo la alternativa cero, o que no se hayan tenido en cuenta los potenciales efectos negativos transfronterizos, máxime cuando muchas de las especies prioritarias que se podrían ver afectadas por un derrame son migratorias, por lo que un vertido que afectara a los ricos ecosistemas marroquíes (muchos de ellos protegidos por convenios internacionales) tendrían incidencia directa sobre especies de interés para Europa. “En este sentido, y a pesar de que existen acuerdos y programas de acción que indican que la consulta transfronteriza es conveniente e incluso preceptiva, el Estado español no ha consultado a Marruecos como sí lo ha hecho en otras ocasiones con muchos otros países limítrofes”.

Por último, Ben Magec señala la falta de consideración hacia la enorme riqueza biológica y la vital importancia ecológica de la zona afectada, cuyo deterioro mermaría en gran medida la calidad del ecosistema y afectaría a innumerables especies. El Ministerio de Medio Ambiente es perfectamente consciente de esta circunstancia en tanto dispuso del informe del proyecto ‘Indemares’ que propone esta zona como integrante de la Red Natura 2000, cuyas contundentes conclusiones derivaron en su ocultación hasta tanto no había sido emitida la Declaración de Impacto Ambiental a favor de Repsol.

“Con todo ello, ponemos en relieve una vez más la enorme brecha democrática abierta por el Gobierno central, con José Manuel Soria a la cabeza de este proyecto, que ha obrado en todo momento eliminando cualquier obstáculo legal, ambiental y democrático con el fin de aprobar un proyecto que, a todas luces, ya estaba adjudicado desde el principio sin ningún tipo de consideración. Con este recurso se acude a una vía que, a priori, en este contexto de deterioro democrático, parecería ser la única posible ante un gobierno déspota que no respeta ni los argumentos legales, ni los procedimientos de buena gobernanza, ni los derechos de la ciudadanía a expresarse y decidir sobre los asuntos que le conciernen”, afirman.

No obstante, Ben Magec – Ecologistas en Acción manifiesta que aunque mantienen el frente jurídico abierto en todo momento, existen todavía muchos frentes de lucha ciudadana que hay que seguir explorando, muchos de los cuales fueron acordados en el Encuentro Interinsular de Movimientos Sociales y Ciudadanos contra las Prospecciones petrolíferas, y cuyas próximas actuaciones estarán determinadas por la fecha de la consulta popular, así como por la acción unitaria que se ha aprobado realizar el día 18 de octubre y en la que “procuraremos que se vuelva a poner de manifiesto el rechazo de la sociedad y sigamos manteniendo a Canarias en el mapa de los puntos calientes de biodiversidad, y también en el de la dignidad de la lucha ciudadana”.